La consulta sobre una
decisión ya tomada
Tribuna Libre.- Más que el proyecto del Nuevo Aeropuerto de
la Ciudad de México (NAICM), lo que realmente estuvo a consulta fue la vigencia
del Estado de Derecho.
La consulta, a pesar de que no tiene ningún
valor jurídico, tiene al menos tres aspectos que son muy importantes para el
futuro del país: la observancia del estado de Derecho; el uso de herramientas
de la democracia participativa que no están previstas en la ley y que pretenden
evadir la responsabilidad del gobierno; y lógicamente, el futuro del proyecto
del aeropuerto y las consecuencias de la decisión que se tome.
El proyecto aeroportuario que se construye en
Texcoco sólo fue el pretexto ideal para conocer la tolerancia de la población
respecto a hacer excepciones al Estado de Derecho, y al mismo tiempo, una
demostración de poder a grupos políticos y económicos considerados como los
adversarios de la próxima administración federal.
Además, el nuevo gobierno padece una
confusión preocupante: la legitimidad es resultado del respeto a la legalidad y
no al revés. Quebrantar la legalidad no genera más legitimidad, acaso una
riesgosa y autoritaria popularidad. No se puede confundir legitimidad con
popularidad, porque lo popular no necesariamente es legítimo.
Es posible que hayan olvidado
intencionalmente el origen de su legitimidad. El gobierno electo es legítimo
porque nació de una elección legal; con el remedo de consulta que acaban de
realizar, han roto su acta de nacimiento.
Imposible imaginar, por ejemplo, que Felipe
Calderón hubiera dicho alguna vez que su triunfo no había sido legal pero sí
legítimo, tal y como se ha referido el vocero del presidente electo sobre la
consulta sobre el NAICM.
Pero el tema de fondo, la observancia del
Estado de Derecho, está en riesgo. Quienes gobernarán nuestro país a partir del
primero de diciembre ya decretaron que, pese a errores, su consulta es un éxito
y que los mexicanos debemos acostumbrarnos a lo que llaman “ejercicios de
democracia”.
Por supuesto que nosotros no nos oponemos a
la figura de la consulta popular, la que está establecida en la Constitución,
la que tiene un procedimiento válido y otorga la certeza a los ciudadanos;
estamos a favor de una consulta popular que la convoquen, organicen, supervisen
y califiquen las instituciones facultadas para ello -no los militantes de un
partido político- y cuyo resultado sea inobjetable.
Si a los reformadores les molesta el
procedimiento que exige la Constitución, no es pretexto para ignorarlo y
atribuirse ilegalmente esa facultad mediante “ejercicios de democracia” a modo.
La gobernanza democrática que Morena dice
impulsar no florecerá en el caos de la ilegalidad y la ruptura del Estado de
Derecho; eso sólo beneficiará a quienes se asumen como la nueva clase
gobernante. Tampoco se va a empoderar a la ciudadanía –uno de los propósitos de
la consulta constitucionalmente regulada- repitiendo lo que tanto criticaron:
la simulación, el acarreo, la mapacheria y el fraude.
Un día después, se confirmó que el ejercicio
inicial ha sido poco serio, la muestra de participación no es confiable ni
significativa, y su mala organización, fallas logísticas y alta
discrecionalidad han sido evidentes. Vimos testimonios de personas que pudieron
votar hasta en cuatro ocasiones en un mismo día.
Muchas personas, yo entre ellas, decidieron
no participar por varias razones: las decisiones técnicas no se consultan; la
consulta no tuvo sustento legal; el diseño estuvo hecho para validar una
decisión ya tomada: sus resultados preliminares así lo confirman.
Su falta de fundamentación y rigor
metodológico, dio lugar a una serie de dudas que nunca fueron atendidas por los
convocantes. Nunca quedó claro cómo se eligieron los 538 municipios, las 1,073
casillas, ni el universo de votantes calculado en 100 mil personas. Por
ejemplo, hubo más casillas en Oaxaca que en Jalisco o más boletas en lugares
donde Morena tiene mayor presencia.
Es evidente que este ejercicio ha dañado la
credibilidad del país. Al interior, desconociendo el Estado de Derecho; en el
exterior, mostrando que el gobierno de México es capaz de rechazar compromisos
adquiridos, ahuyentando la confianza para la inversión.
Gobernar implica tomar la responsabilidad
absoluta en los asuntos públicos. Una vez que asuma el poder, el Presidente
debe tomar las decisiones que le corresponden, tal y como lo marca la
Constitución.
En todo caso, el Estado de Derecho no se
puede someter a consulta.
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