¿El NAICM,
como el distribuidor vial san Antonio
* Por
Renato Consuegra
Tribuna Libre.- Durante una primera parte de su campaña a la
Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador logró atinar a un tema
a todas luces sensible para los mexicanos cansados de los excesos del poder: la
corrupción de lo que él llamó “la mafia del poder” y, uno de sus objetivos más
fuertes fueron sus preocupaciones porque la obra del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad
de México generara corrupción por su alto costo, en aquel momento de 186 mil
millones de pesos.
Más adelante, en mayo, después de que el 16
de abril Carlos Slim saliera en defensa de la construcción de la terminal aérea
en el vaso del Lago de Texcoco, planteó una tercera opción: que fueran los
empresarios y no el gobierno mexicano quienes pagaran el resto de las obras a
través de una concesión.
Pero, ya como presidente electo, planteó
realizar una “consulta nacional” para que sea la ciudadanía quien tome la
decisión respecto del futuro del aeropuerto.
Sin embargo, la pregunta es: Por qué si la
ciudadanía le dio 30.11 millones de votos para que ejerza la facultad
constitucional de ejecutar sus promesas de campaña, resolvió sacarse de la
bolsa una consulta no vinculante constitucionalmente, con grandes fallas de
seguridad.
López Obrador pretende realizar una jugada
maestra o engaño para no dilapidar el capital político que le dio el 53.19 por
ciento del padrón electoral. Y lo hace a través de una consulta alejada de los
marcos institucionales del país para obtener un resultado ajustado a su
decisión final.
La respuesta podría ser que, mediante el
engaño y la simulación, López Obrador quiere legitimar una decisión previamente
tomada, pero sin costo político para él. Y no es la primera ocasión que toma
una decisión así y se escuda en la ciudadanía, como recordaremos líneas abajo.
Porque en la vida pública no existen
casualidades, sino causas. Pero las causas, sin duda, están movidas por los
intereses. Y para lograr que estos intereses no se vean como tal, a lo largo de
semanas, incluso meses, se tiende un gran tablero de ajedrez avivado y
alimentado desde los espacios de poder político, económico, social y mediático
para lograr los fines que se persiguen.
Hoy estamos frente a uno de esos grandes
tableros de ajedrez donde a la mayoría de la gente se le vende un juego
ilusorio que seguramente terminaría con el resultado esperado por los grandes
intereses. Porque el pasado 1 de julio realmente ocurrió un “quítate tú, para
ponerme yo”. Nada más. Sin cambio, salvo en los personajes. Más no en las
formas y mucho menos en el fondo.
Así como cada sexenio hay grupos económicos
beneficiados tras el poder, para el gobierno que viene probablemente el
beneficiario será el de Carlos Slim, sus amigos y socios. No fue casual la
aparición pública del hombre más rico de México para apoyar la opción del NAICM
el pasado 16 de abril, como tampoco es casual que uno de sus amigos y socios,
Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración del Grupo
Aeroportuario del Sureste esté en primera fila para lograr la concesión del
Tren Maya y, anotado también para la del NAICM.
Una empresa dentro del mismo círculo lo
construye y otra lo opera, y operará otro de los “grandes proyectos” del
próximo gobierno.
Y si alguna controversia existiera que deba
resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hacia allá se dirige
Yasmín Esquivel Mossa, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia
Administrativa de la CDMX y esposa de otro de los constructores favoritos de
Andrés Manuel López Obrador: José María Rioboó, a quien López Obrador le dio la
proyección del Distribuidor Vial San Antonio en 2002.
Aquella ocasión el proyecto ejecutivo fue
encargado a la empresa Rioboó, SA de CV, la cual realizó un cálculo inicial de
190 millones de pesos, que fue superado por mucho por las empresas contratistas
que compraron las bases de la licitación, cuyos requisitos, dijo públicamente
la empresa ICA, “son inalcanzables”.
Sin embargo, la licitación se puso en marcha
aún sin que Rioboó hubiera presentado el proyecto ejecutivo, y a la par López
Obrador realizó un plebiscito con el Instituto Electoral del Distrito Federal,
en el cual participaron 274,606 mil personas diciendo “Si” a la obra, en contra
de 142,384 mil que la rechazaron y 420,522 mil que emitieron su “voto nulo”,
con un abstencionismo de cerca del 87% porque el listado nominal era de 6
millones 459 mil 641 electores.
El 13 de mayo de 2002, día previo a la
apertura de las ofertas económicas y ganadores de la licitación, Andrés Manuel
López Obrador decidió se cancelara porque el ganador de los tramos 1, 3, 5 y 6
iba a ser el Grupo Quart que encabezaba Carlos Ahumada, sí, aquel que
videograbó a Carlos Imaz —esposo de Claudia Sheimbaun en ese entonces— y a René
Bejarano recibiendo fajos de billetes como soborno al Gobierno del Distrito
Federal encabezado por López Obrador. (http://www.cronica.com.mx/notas/2002/13775.html
)
Sin embargo, a pesar de que Rioboó presentó a
destiempo y mal calculada la cifra del proyecto, el 25 de junio de 2002 la
empresa inmobiliaria del Gobierno del Distrito Federal, Servicios
Metropolitanos (Servimet) entregó por órdenes de López Obrador y en
adjudicación directa la proyección de la obra a José María Rioboó, porque
presuntamente no existían otras firmas constructoras que pudieran realizar el
diseño. (http://www.cronica.com.mx/notas/2002/18521.html
)
En 2004, con el escándalo de los sobornos a
Imaz y Bejarano en su apogeo, López Obrador dijo que por una decisión personal
pasó por sobre un proceso institucional como es una licitación pública y evitó
la participación de Ahumada, ganador de la mayoría de los tramos.
"Decidimos combatir al señor Ahumada. En tres años lo hemos atajado (...),
se presenta como empresario contratista. Licitamos para la construcción del
Distribuidor Vial San Antonio, del segundo piso. Se queda incluso su empresa
como la mejor propuesta. Sin embargo, (por) la desconfianza, yo decido que no
debe participar", le dijo a Joaquín López Dóriga. (http://expedientedf.blogspot.com/2004/04/razn-tcnica-par-quart.html
)
De esa forma, autoritaria y sin soporte
legal, López Obrador evitó la participación de Ahumada y entregó la obra a
otros constructores, cuyos contratos fueron cerrados por 12 años y aún no hay
quien los haya abierto.
Entonces, como en 2002, es muy probable que
la decisión ya esté tomada para entregar la construcción al Grupo Carso de
Carlos Slim y el consorcio de empresarios integrados en el proyecto como
Bernardo Quintana (ICA), Olegario Vázquez (Prodemex), Hipólito Gerard (GIA), y
Carlos Hank (Hermes), sin ser cuestionado por la sociedad, porque la consulta
es un procedimiento político sólo para legitimar una decisión técnica que él
mismo descalificó como parte de su campaña electoral. Quizá por eso ayer dijo
que iba a buscarlos “para serenarlos”.
Y no se sorprenda si el sacrificado de todo
este enjuague cuando se dé a conocer la decisión final sea Javier Jiménez
Espriú, quien ha presentado todos los argumentos en contra del NAICM, incluso
un estudio de la agencia NavBlue que retoma información de Rioboó, quien está a
cargo del diseño del proyecto del aeródromo de Santa Lucía y fue quien diseñó
el Distribuidor Vial San Antonio en 2002.
Y a pesar de los ejemplos arriba citados,
hoy, López Obrador dijo que: “Se va a acabar el contratismo corrupto que ha
venido imperando, prevaleciendo en los últimos tiempos”. ¡Gulp!
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E-mail: renatoconsuegra@yahoo.com.mx
Twitter: @renatoconsuegra
(*) Renato Consuegra es periodista, ganador
del X Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí que entrega la agencia
cubana Prensa Latina y director de www.difunet.mx
, www.e.legislativo.mx y www.yoemprendedor.mx