PEF 2019: un
presupuesto federalista
que no financie el
populismo.
Héctor
Yunes Landa | 05 noviembre de 2018
Tribuna Libre.- La aprobación del Presupuesto de Egresos de
la Federación (PEF) que se ejercerá en el año 2019 es una de las facultades y,
al mismo tiempo, obligaciones más importantes de la Cámara de Diputados. A
partir de una visión integral de gobierno, se autorizan los recursos necesarios
para el establecimiento de políticas públicas y la operación de los programas
destinados a la atención de más de 120 millones de mexicanos. El PEF es lo que
gastará el gobierno en un año.
No obstante las múltiples y urgentes
necesidades, el presupuesto que autoricemos debe ser particularmente racional.
Resulta tan sencillo como la economía de nuestra casa: no debemos gastar más
dinero de los ingresos que podamos obtener. Aún en la posibilidad de adquirir
deuda pública para atender ciertas necesidades específicas, el propio
presupuesto debe considerar el costo que representa esta deuda.
Los recursos económicos para el presupuesto
del gobierno federal se obtienen de las dos principales fuentes tributarias que
son el impuesto sobre la renta (ISR) -que pagan tanto las empresas como las
personas por concepto de ingresos-, y el impuesto al valor agregado (IVA), es
decir, el impuesto que pagamos cada vez que compramos algún producto –un
refresco, un televisor, ropa, un automóvil, etc-, por el valor que se le agrega
a una mercancía en su proceso de producción.
El gobierno también obtiene recursos a través
de los bienes y servicios que genera (como la venta de petróleo), y otra
fracción del gasto se obtiene de la deuda que contrate el gobierno. De esta
forma, si el gobierno requiere de más recursos, necesariamente tiene que
recurrir a estas fuentes: impuestos, petróleo o deuda. No hay más.
Durante su campaña política, el presidente
electo hizo una serie de compromisos que tienen que ver directamente con la
disponibilidad de recursos; todo programa de gobierno tiene un costo y este
debe estar considerado dentro del Presupuesto de Egresos. De acuerdo al próximo
gobierno, estos compromisos requieren de al menos 500 mil millones de pesos
para el próximo año.
Sin embargo, diversos medios han dado a
conocer que entre las prioridades del presupuesto que se está elaborando no se
ha considerado la atención a la población indígena –se infiere que será
atendida a través de otros programas sociales-, ni el fondo para la prevención
de desastres; los gastos por la cancelación del nuevo aeropuerto de Texcoco
tampoco han sido especificados.
De hecho, el gasto burocrático que se propone
–es decir, la nómina de los funcionarios y empleados de gobierno- es 444 mil
millones de pesos más elevado que en el presupuesto del año que está por
concluir.
De acuerdo con las cifras dadas a conocer el
viernes pasado, entre los “gastos intocables” que tendrán que considerarse para
el presupuesto de 2019, destacan que la nómina de servicios personales pasará
de 808 mil millones de pesos ejercidos en 2018 a 1 billón 252 mil millones para
el siguiente año, además del gasto por intereses de la deuda y el pago de
pensiones y jubilaciones.
En contraste, la próxima administración prevé
recortar el apoyo que la Federación dará a los estados y municipios, pues de 1
billón 553 mil millones de pesos que se repartieron este año, en 2019 se
ajustarán a sólo 703 mil millones de pesos. Esto supone la concentración de
recursos y un duro golpe al federalismo, ya que la mayor parte de los ingresos
de estados y municipios provienen de la Federación.
Hasta ahora, tampoco se ha dicho cuánto
costará el aumento de las pensiones para adultos mayores, becas escolares para
todos los estudiantes de preparatoria, capacitación laboral para jóvenes, la
creación de 100 universidades públicas, el Tren Maya y una nueva refinería.
Si no aumenta la recaudación de impuestos, ¿cómo
piensa el próximo Gobierno lograr que el dinero alcance para cumplir con estos
compromisos? Según el presidente electo, la respuesta está en "eliminar
por completo la corrupción".
Este supuesto –aunque deseable- es subjetivo.
La corrupción no está integrada en ninguna partida presupuestal y por tanto,
aunque exista no es cuantificable ni disponible. La corrupción resulta del mal
uso y la apropiación indebida de los recursos públicos considerados en los
programas de gobierno; esos recursos están destinados para un fin específico
–construcción de escuelas, carreteras, servicios de salud, entre muchos otros-,
y deben ser ejercidos en su totalidad.
Si el combate a la corrupción supone
“ahorros” para el nuevo gobierno, estos tendrán que ser aplicados en los
programas que fueron autorizados. Disponer de recursos públicos para acciones
que no están consideradas dentro del presupuesto también es un delito, es una
práctica habitual de corrupción y representa una de las prácticas más
perniciosas de la administración pública.
Los diputados federales estamos a la espera
de recibir el paquete económico para el próximo ejercicio fiscal. Será nuestra
tarea analizarlo, discutirlo y aprobarlo; el país requiere un presupuesto que
privilegie la política social y no aquél que abra la puerta al populismo.
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