*La
iniciativa de la senadora y próxima secretaria de Gobernación contempla el uso
lúdico, crear un instituto regulador y abrir la puerta a cooperativas de
producción y a fumar en espacios públicos.
Ciudad de México. | 07 noviembre de 2018
Tribuna Libre.- La futura secretaria de Gobernación y actual
senadora por Morena, Olga Sánchez Cordero, dio un paso adelante en la
regulación de la marihuana no solo con fines medicinales, sino también
recreativos, con una iniciativa de ley que contempla desde la creación de
cooperativas hasta la de un instituto que emita los lineamientos para el uso de
esta sustancia y sus derivados.
¿Qué
plantea?
La propuesta plantea expedir una Ley General
para la regulación y el control de cannabis para uso comercial, terapéutico,
paliativo, científico y de investigación, así como para uso adulto y
autoconsumo.
Propone crear el Instituto Mexicano de
Regulación y Control de Cannabis (IMRCC), un órgano desconcertado de la
Secretaría de Salud que se encargue de regular, reglamentar, monitorear,
sancionar y evaluar el sistema de regulación, así como de concentrar el padrón
de productores.
También plantea que se pueda fumar marihuana
en espacios públicos, con excepción de los lugares 100% libres de humo de
tabaco.
Propuestas
para los diferentes usos
Autoconsumo: Se permitiría sembrar, cultivar,
cosechar, aprovechar, preparar y transformar hasta 20 plantas de cannabis para
consumo personal en propiedad privada, siempre y cuando no se sobrepasara los
480 gramos por año y las personas hayan registrado sus plantas ante el
instituto en el padrón anónimo. Quienes por su condición de salud requirieran
sembrar, cultivar, aprovechar, preparar y transformar más de 20 plantas,
tendrían que solicitar un permiso al instituto.
Cooperativas de producción: Deberían obtener
una licencia de autorización, tener un mínimo de dos y un máximo de 150 socios,
un Código de Ética y acreditar haber tomado al menos un curso de generación de
capacidades para el autoconsumo. Estaría prohibido proveer de cannabis a
personas ajenas a la cooperativa o a otras cooperativas, producir más de 480
gramos de cannabis al año por socio, al igual que el consumo de bebidas
alcohólicas o de cualquier otra sustancia psicoativa dentro de sus
instalaciones.
Uso científico y de investigación: Se debería
contar con un protocolo de investigación autorizado por el instituto, cumplir
con las disposiciones ordenadas en los reglamentos del mismo y con las que
estableciera la legislación vigente que no contraviniera la ley. Los
medicamentos derivados de cannabis solo podrían anunciarse o promocionarse en
publicaciones de carácter científico o técnico, dirigidos al cuerpo médico o
veterinario.
Uso comercial: Estría permitido mientras se
realizara en el marco de la ley y con la autorización previa de las autoridades.
Los requisitos para obtener licencia con fines comerciales estarían
determinados por su uso: farmacéutico, terapéutico, paliativo, herbolario,
adulto o industrial.
Este uso estaría sujeto a impuestos de compra
y venta que estarían determinados por el instituto, con el objetivo de proteger
la salud pública y evitar la informalidad. Los productos deberían tener la
leyenda “Venta autorizada únicamente en México”, y cuando fueran para
exportación e importación, los paquetes y envases deberían cumplir con el
etiquetado correspondiente al destino, según la ley que aplicara.
¿Quiénes
podrían tener permiso?
La iniciativa plantea 15 tipos de licencia,
que van desde el cultivo para el uso personal hasta las que serían emitidas
para la producción para fines industriales.
En todos los casos, los solicitantes deberían
ser mayores de edad y no contar con antecedentes penales relacionados con
delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, o con delitos de alto
impacto social. Las licencias se otorgarían hasta por 10 años. El IMRCC
determinaría el número de licencias de venta que se otorgarían, las franquicias
que podría tener un productor, así como los requisitos para los
establecimientos para poder comerciar con estas sustancias.
¿Y si
no cumplieran?
Las sanciones administrativas se castigarían
con amonestaciones públicas, multas, suspensiones temporales o definitivas de
la licencia, trabajo en favor de la comunidad y arresto de hasta por 36 horas.
En el caso de manejar cualquier vehículo bajo
el efecto del THC, permitir el consumo de bebidas alcohólicas o psicoativas en
las cooperativas, y fumar cannabis en espacios prohibidos, los castigos serían
multas de 100 UMA (8,060 pesos) y, en el primer caso, suspender la licencia de
conducir.
Para quienes comerciaran, distribuyeran,
regalaran, vendieran y suministraran a menores y/o los emplearan para estas
actividades ilegales, realizaran publicidad para promover el uso de cannabis,
comerciaran con productos comestibles derivados del cannabis, comercializaran
productos que excedieran el porcentaje de niveles de THC, mezclados con otras
sustancias y que estuvieran fuera del empaquetado determinado por el instituto,
las sanciones irían desde 1,000 a 4,000 UMA, es decir, de los 80,600 a los
322,400 pesos.
¿Qué
haría el Instituto Mexicano de Regulación y Control de Cannabis?
Este instituto sería el encargado de
establecer los lineamientos para otorgar permisos o licencias, aplicar
sanciones administrativas por infracciones a las normas reguladoras,
implementar un registro anónimo de autoproductores y establecer los
lineamientos para la creación del padrón de cooperativas de cannabis.
Estaría conformado por una dirección general,
un consejo consultivo y uno de ciudadanos. El director del instituto sería
nombrado y removido por el titular de la Secretaría de Salud. El consejo
consultivo estaría formado por un representante de la Secretaría de Salud, que
lo presidiría, uno de Sagarpa, de la SEP, de Segob, de Semarnat, de Hacienda y
de SRE, que se encargarían de hacer una evaluación del programa de control y
regulación cada cinco año para determinar el cumplimiento de los objetivos.
El consejo consultivo ciudadano sería
conformado por siete personalidades con fama pública de probidad, independencia
y profesionalismo, que serían propuestas por instituciones académicas y
organizaciones de la sociedad civil.
