*Con 47
votos, aprueba el Pleno este ordenamiento que, entre otras disposiciones, prevé
ahorros en el gasto gubernamental, mismo que será destinado a programas de
atención a la población.
Tribuna Libre.- El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el
Dictamen de la nueva Ley de Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave la cual tiene por objeto implementar medidas de austeridad en la
planeación, programación, presupuestación, ejecución y control del gasto
gubernamental, como política pública para cumplir con los principios de
economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración
de los recursos económicos de carácter público que dispone la Entidad.
De esta manera se establece que los ahorros y
economías obtenidos, con motivo de la aplicación de esta ley, serán destinados
a los programas prioritarios de atención a la población y programas sociales
con asignación de recursos del Presupuesto de Egresos del Estado y demás leyes
aplicables.
Esta Ley fue aprobada con 47 votos a favor,
de diputadas y diputados de los Grupos Legislativos de Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la
Historia”, PRI-PVEM y MC-PRD, así como el legislador sin grupo. Además se registró
una abstención (diputada Judith Pineda Andrade, PAN).
Esta norma señala que los servidores públicos
de la entidad recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social
correspondiente. De esta manera queda prohibido establecer o cubrir con
recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o
pensión, así como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de
vida o de separación individualizada o colectiva por parte de los entes
públicos locales para beneficio de cualquier servidor público.
Durante el ejercicio fiscal no se crearán
plazas adicionales a las autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado,
ni se asignarán previsiones adicionales para tal efecto. La contratación de
servicios personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y
plenamente justificados.
Se incluye que sólo los servidores públicos
con alta responsabilidad en materia de seguridad, procuración e impartición de
justicia podrán disponer, con cargo al erario, de servicios de escolta.
Los vehículos oficiales sólo podrán
destinarse a actividades prioritarias y a la prestación de servicios directos a
la población. Queda prohibido cualquier uso distinto de los vehículos, salvo
los que tengan carácter oficial y los de escoltas, que autoricen las
autoridades competentes.
El gasto neto total asignado anualmente a la
difusión de propaganda oficial por los entes públicos del Estado, se sujetará a
los montos máximos que para el efecto fije la autoridad competente en
disposiciones generales, mismos que se ajustarán a lo indispensable para dar
cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya
difusión sea determina como necesaria.
Sólo se autorizarán, los viajes oficiales que
resulten estrictamente indispensables, en atención a las necesidades del
servicio público. Queda prohibida la adquisición de boletos de viajes aéreos en
servicio de primera clase o equivalente, así como la contratación de servicios
privados de aerotransporte.
En tanto no se autoricen nuevos programas o
se amplíen las metas de los existentes, los gastos por servicios de telefonía,
fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos,
honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de
telecomunicaciones, bienes informáticos, pasajes, congresos, convenciones,
exposiciones, seminarios, estudios e investigaciones, no podrán exceder de los
montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior.
La adquisición y contratación de bienes y
servicios de uso generalizado de los entes públicos se llevarán a cabo de
manera consolidada con el objeto de obtener las mejores condiciones en relación
con precio, calidad y oportunidad.
En otro sentido, la ley contempla que no
serán constituidos fideicomisos, fondos, mandatos o análogos, públicos o
privados, ni se permitirá hacer aportaciones, transferencias, pagos de
cualquier naturaleza que tengan por objeto evadir las reglas de disciplina,
transparencia y fiscalización del gasto.
Esta ley es resultado de la iniciativa que
presentó, el pasado 13 de diciembre, el gobernador del Estado, Cuitláhuac
García Jiménez.
En los posicionamientos, por el Grupo
Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), la diputada Judith Pineda
Andrade señaló que su bancada está a favor de la austeridad y, agregó, que
esperan que la aplicación de esta ley no lleve a la parálisis de alguno de los
entes públicos. Pidió que sean transparentados los ahorros y se rindan cuentas
claras sobre el destino de dichos recursos.