Héctor Yunes Landa | 28 octubre de 2014
Tribuna Libre.- Es sabido
que todo Gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. En el
caso de nuestro país, los ingresos del Estado mexicano son contemplados cada
año en la Ley de Ingresos de la Federación, la cual es sometida a consideración
del H. Congreso de la Unión.
Al respecto, el pasado 16 de octubre, el Pleno de
la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Ingresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, remitiéndose al Senado de la
República donde se inició el análisis riguroso para garantizar, entre otros
aspectos, el crecimiento económico del país, debiéndose aprobar a más tardar el
31 de octubre, por lo que podría ser sometido a consideración del Pleno el
próximo 29 de octubre.
Cabe destacar que la referida Ley, prevé un total
de 4 billones 702 mil 951 millones de pesos, lo que significa un incremento de
26 mil 713.9 millones de pesos más respecto a la propuesta que realizara el
Ejecutivo Federal.
Asimismo, estima un crecimiento económico de 3.7
por ciento; una inflación de 3 por ciento y un tipo de cambio, del peso
respecto al dólar de los Estados Unidos de América, de 13.40 pesos por dólar.
Los legisladores priístas tenemos claro que debemos
lograr acuerdos con las diferentes fuerzas políticas para seguir construyendo
un México próspero, en paz, incluyente, con educación de calidad, mejor
seguridad pública, eficientes servicios de salud e infraestructura, que nos
permitan esparcir el potencial que como país tenemos.
De ahí la importancia de la minuta de la Ley de
Ingresos, al ser la columna vertebral de nuestro sistema nacional de planeación
democrática, ya que asegurará los recursos necesarios para, entre otros
aspectos, fomentar el empleo y la producción, en un marco de responsabilidad
hacendaria, atender los principales problemas nacionales y fortalecer las áreas
donde hay espacios significativos de mejora.
En ese tenor, existe la voluntad del Legislativo
para mantener la facultad al Ejecutivo Federal de fijar los precios máximos del
gas licuado, por ser de especial interés e indispensable para las familias
mexicanas, evitándose el riesgo de aumentos desproporcionados.
Entre otros aspectos, en la Ley en comento se
propone mantener estímulos y exenciones como la acreditación del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios causado por la enajenación del propio
diésel para los diversos sectores que lo adquieran para su consumo final, en
beneficio del agrícola, ganadero y pesquero, así como del autotransporte
terrestre público y privado de personas o de carga.
En el Senado de la República estamos convencidos
que el propósito de todo mecanismo económico es
generar bienestar para todos los
mexicanos, asegurándole al Estado mexicano que cuente con ingresos suficientes
para dar respuesta a las necesidades más sentidas de la población, manteniendo
a pesar del contexto internacional el crecimiento económico que nuestro país
requiere.