México, D.F. | 21 noviembre de 2014
Tribuna Libre.- Después de que Enrique Peña Nieto señalara la semana pasada que “el
Estado está legítimamente facultado a usar la fuerza para restablecer el
orden”, sus palabras no fueron en vano pues el día de ayer durante la cuarta
jornada Acción Nacional por Ayotzinapa, los granaderos desalojaron de manera violenta a
los manifestantes que se encontraban en el Zócalo capitalino.
Sin embargo, antes
de que se presentaran estos hechos, el abogado de los normalistas y padres de
familia de los 43 estudiantes desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió
que las declaraciones del priísta de que las movilizaciones buscan
desestabilizar al país, son el inicio de una represión violenta contra los
movimientos sociales, algo que se cumplió concluyendo el mitin.
El asesor jurídico
del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, agregó que eso es lamentable
porque una confrontación violenta no llevaría a nada bueno al país y “sería un
baño de sangre innecesario. México no está para eso, porque tanto al gobierno
como a la sociedad civil les debe interesar una cosa, que es la aparición con
vida de los normalistas”.
El abogado
mencionó que es errado que Peña Nieto opte por la represión considerando que
sólo sería para desviar la atención haciendo que el asunto de la búsqueda de
los jóvenes pase a segundo plano y es que “a partir de la declaración del
procurador Jesús Murillo Karam, de que los alumnos habrían sido
incinerados, gradualmente ha ido disminuyendo el tema de la búsqueda, aun
cuando hubo un compromiso de intensificarla”
Por otro lado,
señaló que se deben de cambiar las causas estructurales que originaron los
hechos del 26 y 27 de septiembre y que tiene que ver con la infiltración de la
delincuencia en los municipios, la contaminación de la clase política en el
país y el olvido en que se tiene a la educación pública.
La
hipocresía andando
Los desalojos
violentos perpetrados por la policía demostraron que Enrique Peña Nieto puede
utilizar la fuerza pública en cualquier momento. En la ceremonia de apertura
del Encuentro Nacional de Procuración y Administración de Justicia, señaló que
“una de las principales demandas de la sociedad mexicana es contar con mejores
resultados en la procuración e impartición de justicia”, algo que hasta la
fecha sigue sin mostrarse.
Un día después de
la multitudinaria manifestación por Ayotzinapa, y que cerró con un
enfrentamiento frente a Palacio Nacional, el Peña advirtió que su Gobierno no
permitirá que manifestaciones de esa naturaleza sean secuestradas por
delincuentes.
Planteó que hay
quienes están interesados en atentar contra esa libertad fundamental al
provocar actos vandálicos “y eso no lo vamos a permitir, porque es obligación
del Estado mexicano asegurar que las manifestaciones ciudadanas no sean
secuestradas por quienes actúan con violencia y vandalismo”
La policía,
al servicio de Peña
La actuación de
los granaderos durante los disturbios de la noche del pasado jueves 20 en la Plaza de la Constitución tras la
megamanifestación que arrojó un saldo de 31 detenidos y 18 uniformados
lesionados, fueron defendidos por Jesús Rodríguez Almeida, titular de la
Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP-DF) mencionando que “los
encapuchados tiran a matar, no a lesionar, tienen un odio en contra de las
autoridades, por lo que éstas tienen que defenderse”
“Pertenecen a
grupos de anarquistas, golpeadores profesionales, no son estudiantes, incluso
tienen más de 30 años, son personas que no tienen alguna forma adecuada de
vivir, simplemente buscan violencia, tienen daño antagónico contra las
autoridades”, expresó
También justificó
que, a solicitud del Estado Mayor Presidencial, apoyaron a la Policía Federal
para controlar a los manifestantes que intentaban llegar a Palacio Nacional.
“Nosotros apoyamos a las fuerzas federales a solicitud. Ellos hicieron sus detenciones
correspondientes y se logró el desalojo de esa zona”.
Sin embargo, los
miles de ciudadanos que se encontraban fueron agredidos física y verbalmente
por estos elementos policiacos, los cuales no les importó que hubiera menores
de edad, mujeres y personas de la tercera edad que participaron de manera
pacífica en la marcha solidaria.
La CNDH sin
voz ni presencia
Lo que sucedió en
el Zócalo después de los manifestantes fueran desalojados por cientos de
policías, Enrique Peña Nieto demostró que es capaz de pasar por encima de los
organismos defensores de derechos humanos ya que el nuevo presidente de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, mencionó que “la policía
actuó para contener la violencia”.
“A reserva de
tener los reportes de los visitadores, en un principio lo que hizo la Policía
fue contener estas expresiones de violencia; en un segundo momento fue
dispersar a las personas, debemos cotejar esa información con los protocolos de
actuación para tener una certeza de que forma se aplicaron esos protocolos”,
comentó en una entrevista
El nuevo ombudsman
consideró que la marcha tuvo dos momentos:
“El primero, una
expresión ciudadana que protesta ante la indignación por lo sucedido en Iguala
donde desconocemos el paradero de 43 jóvenes, la expresión de la marcha se
desarrolló de manera pacífica, una protesta legítima donde se exige conocer la
verdad”, indicó.
“Por otro lado,
una expresión diferente en donde acabada la primera expresión legítima, un
grupo de personas con violencia intentó llegar hasta Palacio Nacional”
Sin embargo, a
pesar de que personas no tenían nada que ver con los desmanes, resultaron
afectadas por los granaderos. (revoluciontrespuntocero.com/)