Héctor Yunes Landa | 08 Diciembre de 2014
Tribuna Libre.- El pasado dos de
diciembre la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos
11 y 73 constitucionales, en materia de derecho a la movilidad universal a todo
ciudadano en nuestro territorio nacional; siendo turnada dicha minuta al Senado
de la República para su análisis, discusión y aprobación.
En los últimos
años, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial han venido reiterado su
compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, fortaleciendo
el andamiaje institucional y mejorando las condiciones para garantizar que los
derechos humanos sean respetados; sin embargo, hay voces que ponen en la mesa
de discusión no sólo los derechos, sino las obligaciones para que no se
restrinjan las libertades que nos otorga la Constitución.
En ese contexto,
surge el tema del derecho a la movilidad, la cual, debemos precisar, no está en
pugna con el ejercicio de otros derechos como el de reunión, libre expresión o
libre manifestación.
Desafortunadamente
la falta de información o distorsión de esta, ha propiciado que se catalogue de
retrograda y represiva dicha propuesta de reforma, acentuando el momento de
crispación social existente. De ahí la necesidad de analizar cuidadosamente el
contenido de ésta.
En ese sentido,
los senadores de la República que en Comisiones Unidas están analizándola, han
dejado muy clara su postura de que se garantice el derecho humano de movilidad,
del acceso a los espacios públicos y evitar la comisión de delitos en contra de
terceros.
La evolución en
esta materia en el mundo es clara. Las democracias más avanzadas han regulado
las movilizaciones con el compromiso ineludible de garantizar que sean
pacíficas, ordenadas y no causen daños a terceros o al patrimonio público;
donde los primeros beneficiados son los mismos reclamantes de que se les
respete su derecho a reunirse y manifestarse, además de ver garantizada su
seguridad.
En México,
nuestras autoridades han expresado su compromiso de respetar los derechos de
los manifestantes, pero también los derechos de los demás ciudadanos que
necesitan circular adecuadamente, porque de ello depende su sustento y el de
millones de ciudadanos que muchas veces se ven afectados en lo laboral,
comercial e incluso en su propia integridad física.
De ahí las voces
que sí están de acuerdo en la libertad ciudadana de expresarse en la calles,
pero que éstas sean con orden, de no violencia, bajo los principios de máxima
publicidad, en cuanto a la hora, rutas a seguir, entre otros aspectos, que no
den pauta a la afectación de terceros o que delincuentes, bajo la bandera de
manifestantes, aprovechen el momento para lastimar y robar.
En un país como el
nuestro, donde existen ciudades con alta concentración demográfica en espacios
reducidos, es pertinente analizar no sólo esquemas de movilidad, también es
imperativo replantear estrategias de urbanización, que mejore la vialidad en el
corto y mediano plazo, al ser este un tema cotidiano entre la ciudadanía.
Algunas de las
democracias más consolidadas como Francia, Estados Unidos, Rusia, Canadá y
España tienen regulaciones con requisitos específicos para realizar
manifestaciones y marchas, un ejemplo, es que sanciona el uso de máscaras, pues
si un manifestante enmascarado delinquiera, como un homicidio, su identificación
sería difícil o imposible de aclarar; poniendo en riesgo a la población dentro
y fuera de la manifestación.
El analista
político y coautor del Informe del Desarrollo Democrático de América Latina
(IDD-Lat) Jorge Arias, expresa muy bien el problema al decir que “cuando
estalla la pólvora de la violencia se acalla las voces de la democracia, los
derechos, el juego de las instituciones y volvemos al estado más primitivo que
es la imposición de mis derechos y libertades por la fuerza y centralmente
perdemos todas las bases del funcionamiento democrático”.
Por lo anterior,
será siempre bienvenido todo esfuerzo que permita la seguridad y el respeto a
los derechos humanos de los ciudadanos, así como el apoyo de los grupos
políticos, sociales y económicos que desean el bienestar y desarrollo de
México.
