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enero 29, 2015

10 razones por las que los padres rechazan el informe de Murillo Karam

México, D.F. | 29 enero de 2015
Tribuna Libre.- Los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala rechazaron el reporte del procuradorJesús Murillo Karam sobre el caso, y sostuvieron que no existe certeza sobre la muerte de los 43 estudiantes. Por lo mismo, advirtieron que no van a permitir que se cierren las investigaciones y anunciaron que continuarán su lucha hasta encontrar a los estudiantes con vida.

En conferencia de prensa, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de familia, aseguró que,  contrario a lo que afirma la PGR, la desaparición de los normalistas no es un caso atípico, sino que es “la realidad que se vive en el país”.

A través de una lista de 10 puntos, los padres de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa rechazaron los resultados de las investigaciones que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó este 27 de enero y señalaron que no permitirán que el gobierno cierre el caso.

“No vamos a permitir que cierren las investigaciones con la sola declaración de los asesinos”, aseguró el vocero de los padres de familia, Felipe de la Cruz, quien agregó que continuarán con la búsqueda de los normalistas hasta que no se les dé una prueba científica que demuestre que los estudiantes fallecieron.

Al tomar la palabra, Rosales presentó la lista de 10 puntos por los que los familiares no aceptan el informe de la PGR.

1.- No existe plena certeza científica sobre lo ocurrido en el basurero de Cocula.“Dado que es más que conocido que las procuradurías mexicanas son especialistas en fabricar delitos y puesto que reconocidos científicos han expresado dudas sobre esta hipótesis,las familias no aceptarán esos resultados hasta que expertos independientes realicen esos mismos peritajes.

2.- La declaración de Felipe Rodríguez Salgado, contrario a lo señalado por la PGR, no es determinante para esclarecer lo ocurrido en Cocula.

3.- La información dada a conocer por la Procuraduría depende en exceso de declaraciones rendidas ante Ministerio Público, que fácilmente pudieron ser coaccionados

4.- La PGR no ha aclarado cómo explica el homicidio de Julio César Mondragón, cuyos restos fueron  encontrados en las inmediaciones de donde ocurrieron los hechos.

5.- A cuatro meses de los hechos, el Estado mexicano se ha mostrado incapaz para detener a quienes según su hipótesis serían responsables. El extitular de la Policía de Iguala, Felipe Flores Velázquez, su subalterno Francisco Salgado Valladares, Gildardo Astudillo, alias el Cabo Gil, y 11 personas más continúan prófugos, junto con el líder de Guerreros unidos, Ángel Casarrubias Salgado “El mochomo”.

6.- La Procuraduría General de la República no ha logrado que exista un sólo juicio penal iniciado por el delito de desaparición forzada de personas, siendo que esta es la figura jurídica adecuada para encuadrar los hechos.

7.- En el mismo expediente, donde obran las declaraciones de los supuestos sicarios de Cocula, se encuentran agregadas las declaraciones de otros sicarios de Iguala que confesaron haber atentado contra los estudiantes no en Cocula sino en Pueblo Viejo y Cerro la Parota.

8.- Sólo hay certeza de la muerte de uno de los estudiantes desaparecidos. Esto no implica certeza sobre la muerte de otros ni sobre el lugar donde esto pudo haber ocurrido.

9.- No se ha indagado la responsabilidad del Ejército, puesto que en el expediente hay indicios de su complicidad con la delincuencia organizada, pues el policía Salvador Bravo Bárcenas afirmó, ante el Ministerio Público, que el Ejército sabía desde 2013 que Guerreros Unidos controlaban la policía de Cocula.

10.- No ha empezado el deslinde de responsabilidades sobre el entorno de corrupción política que desencadenó los hechos del 26 de septiembre. Está pendiente investigar a otros alcaldes, como el de Cocula, así como a otras autoridades del gobierno de Guerrero.


Rosales acusó que el gobierno federal tiene prisa para cerrar una investigación que no es concluyente y adelantó que los padres de familia acudirán a instancias internacionales en busca de ayuda, por lo que el próximo 2 y 3 de febrero irán al comité de Desaparición Forzada de la ONU, donde acusarán de manera formal al gobierno mexicano. (http://www.enterate.mx/)

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