*El objetivo, frenar su adquisición ilícita; las
multas, de 50 salarios mínimos hasta la cancelación del permiso y las
responsabilidades civiles o penales que deriven de conductas ilícitas.
Xalapa, Ver. | 31 enero de 2015
Tribuna Libre.- Para frenar la
compra-venta ilícita de autopartes usadas o la adquisición de vehículos en
desuso para su comercialización, el Congreso del Estado dio entrada a una
iniciativa del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), que propone
regular los llamados “deshuesaderos” o negocios dedicados a esa actividad.
En la lectura de
la propuesta ante el pleno, el diputado Joaquín Rosendo Guzmán Avilés explicó
que se contempla dar facultades jurídicas y tácticas a la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP) y a la Fiscalía General del Estado para supervisar y
proceder ante prácticas ilícitas en que incurran esos establecimientos.
De acuerdo con el
reporte de incidencia delictiva realizado por el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el total de denuncias realizadas durante
2014 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado por la probable
comisión del delito de robo de vehículos fue de 47 mil 916.
El mismo reporte
advierte que mes con mes el número de denuncias por este delito se mantiene en
un rango de tres mil 500 a cuatro mil, lo que demuestra que en Veracruz dicho
delito no ha ido a la baja.
Se propuso
legislar en la materia y aplicar sanciones, que van desde multa de 50 salarios
mínimos vigentes para el estado hasta la cancelación del permiso, además de las
responsabilidades civiles o penales que se generen por conductas ilícitas.
El robo de
vehículos automotores está tipificado por la fracción I del artículo 209 del
Código Sustantivo Penal del Estado, y en su fracción V, donde se prevé la
posibilidad de que el sujeto activo desmantele algún vehículo robado o comercie
sus partes conjunta o separadamente.
Por esta
iniciativa, turnada a la Comisión de Seguridad Publica, se propone que quienes
busquen dedicarse a estas actividades obtengan del Ejecutivo estatal, a través
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (Sedecop), el permiso
correspondiente, que tendrá una vigencia de tres años y deberá refrendarse
anualmente.
Quienes manejen
este tipo de establecimientos deberán cerciorarse de la legítima procedencia de
los vehículos usados que adquieran o de las autopartes y entregar cada mes a la
Fiscalía General del Estado el reporte de sus operaciones. Los establecimientos
deberán contar con un registro detallado de las unidades y autopartes usadas.