Samuel
Aguirre Ochoa | 31 agosto de 2017
Tribuna Libre.- Desde el inicio de la administración que
encabeza el Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado, el Movimiento Antorchista Veracruzano le hizo
llegar el pliego petitorio de los asuntos que venía y viene gestionando de las
colonias, pueblos y escuelas desde hace ya varios años. El Comité Estatal
sostuvo una reunión con el propio gobernador y el secretario de gobierno, en la
cual el primero ofreció atender los asuntos más urgentes. Pidió se le diera tiempo
para hacerse claridad sobre la situación del presupuesto del Estado, incluso
aprovechó la ocasión para solicitar el apoyo de la Diputada Local Antorchista,
Lic. Janeth García Cruz, para que se
aprobara su propuesta en el Congreso del Estado, apoyo que se le brindó.
Se realizaron reuniones con los Secretarios
del Gabinete para revisar en concreto la situación de cada asunto, y lo que
éstos respondieron, es que la solución depende de lo que les instruya el
gobernador. Razón por la cual, después de haber acudido a todas las Secretarías
y revisado asunto por asunto, se ha buscado de nuevo hablar con el gobernador
para definir las obras que se llevarán a cabo. Pero resulta que no se ha podido
concretar la cita con él a pesar de la insistencia por varios medios. En este ir y venir, lo último que dijo su
secretario particular fue que el gobernador le había indicado que sí recibiría
al Comité Estatal, pero que antes, su Presidente, un servidor, debería
entrevistarse con el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié. A
pesar de que desde un principio vimos en
esta acción una amenaza para los dirigentes del antorchismo, pues nada
tiene que ver este Secretario con asuntos de salud, vivienda, educación, etc.,
se le ha buscado y tampoco ha dado la cara.
Es obvia la represión administrativa y la amenaza de represión política.
Paralelamente a esta situación, varios de los
dirigentes del Movimiento Antorchista en el estado han sufrido atentados, amenazas y
extorsiones, de todo lo cual se interpusieron las respectivas denuncias
públicas y penales y ninguna de ellas ha prosperado, a pesar de haber platicado
personalmente con el entonces encargado de la Fiscalía del Estado Jorge
Winckler, quien por cierto, también
aprovechó la ocasión para solicitar el apoyo de la Diputada Antorchista para su
nombramiento en el Congreso del Estado, al mismo tiempo que ofreció investigar
las denuncias y castigar a los culpables. Debo decir, que desde un principio me
quedó la impresión que dichos atentados, amenazas y extorsiones, fueron orquestadas
desde el mismo gobierno con el propósito de intimidar a los dirigentes del
antorchismo.
La ciudadanía veracruzana ha sido testigo de
que las manifestaciones que se han suscitado en el territorio veracruzano,
fueron brutalmente reprimidas por la policía estatal, y en las pláticas
sostenidas con el “izquierdista”, Secretario de Gobierno, Rogelio Franco
Castán, ha dicho que se trata de una indicación “superior” el uso de la fuerza pública ante cualquier
tipo de protesta. Es decir, el uso sistemático de la represión policíaca.
Ahora bien, no sólo los Antorchistas nos
hemos quejado de la falta de obra pública, de la falta de empleo, de la
inseguridad y de la represión prevaleciente en Veracruz. De una u otra
manera, varias organizaciones y sectores
de la población tienen la misma percepción.
Incluso, a últimas fechas varios actores y analistas políticos han venido denunciando que el dinero que
llega a Veracruz proveniente de la Federación no se está utilizando para hacer
obras y acciones de beneficio público, debido a que el actual gobierno lo está
guardando para el próximo año electoral, para beneficiar al candidato del
gobernador, su propio hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, actual presidente
municipal de Boca del Río.
Muchos analistas sugieren en los medios de
comunicación, que todo este desbarajuste se debe a la falta de capacidad para
gobernar del Lic. Miguel Ángel Yunes Linares. Discrepo de este punto de vista,
y sostengo que, de lo que realmente se trata, es de un plan bien orquestado,
bien meditado, que tiene como propósito claro mantener sometidos, con el uso de
la fuerza pública, con la fabricación de delitos, actos intimidatorios y con el
uso faccioso de los recursos del erario, a todos los veracruzanos que no
comparten su punto de vista e intereses políticos y económicos. Se trata de un
proyecto monárquico, al más puro estilo
de la Edad Media, en el cual los reyes heredaban el poder a sus hijos.
Pero se olvidan estos gobernantes que en
México se suscitaron dos grandes movimientos revolucionarios emprendidos por el
pueblo pobre, que nos han alejado de esa época, de los virreyes y de los
dictadores: la Guerra de Independencia y la Gran Revolución Mexicana, que
dieron como resultado la formulación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, Ley Máxima en la que se establecieron claramente los derechos
y obligaciones de todos los ciudadanos. Dichos movimientos enseñaron a las
masas populares que las conquistas de la
humanidad se logran mediante la lucha y la organización de los pueblos. Ha sido
el pueblo pobre, el pueblo trabajador, el que ha hecho evolucionar a la
sociedad a lo largo de la historia.
En nuestra Carta Magna está claramente
establecido el derecho de petición de todos los mexicanos, a organizarse como
mejor convenga a sus intereses y a la libre manifestación para exigir que estos
derechos se hagan realidad.
Es por esto que los Antorchistas
Veracruzanos, haciendo uso de lo establecido en los artículos 8º y 9º
Constitucionales, daremos la lucha por
una mejor distribución de la riqueza nacional, es decir, por mejores servicios
de salud; por servicios básicos como agua potable, drenaje, pavimentos y luz
eléctrica; por vivienda digna, servicios educativos de calidad, apoyos para el
campo, vías de comunicación, espacios deportivos y culturales, etc. Exigiremos
al gobernador del estado haga las obras que se le solicitaron en el pliego
petitorio que se le entregó al inicio de su administración, y el próximo martes
5 de septiembre saldrán a las calles del centro de Xalapa comisiones
representativas de los pueblos, colonias y escuelas para llevar a cabo una
cadena humana y exigir se construyan las
obras y acciones de beneficio social solicitadas.
Ante la represión, la intimidación y las
amenazas, la unidad indestructible del pueblo pobre.