*El
director ejecutivo del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y
el Derecho Internacional en Heidelberg, Armin von Bogdandy, dictó conferencia
magistral en el Tribunal.
*El
paradigma del derecho constitucional común en la región Latinoamericana es de
central importancia para todo estado de Derecho: magistrado De la Mata.
Ciudad de México. | 01 junio de 2018
Tribuna Libre.- La labor jurisdiccional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha permitido el reconocimiento y la
protección de la igualdad, como en los derechos de los indígenas, afirmó la
presidenta de esta institución, Janine M. Otálora Malassis, al hablar de una
sentencia reciente en la que se crearon 13 curules en la Cámara de Diputados
exclusivamente para ciudadanos indígenas.
Al hacer la presentación de Armin von
Bogdandy, director ejecutivo del Instituto Max Planck para el Derecho Público
Comparado y el Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, quien dictó la
Conferencia Magistral “El papel de la ciudadanía y la democracia en la agenda
del Ius Constitucionales Commune: América Latina y Europa”, Otálora Malassis
destacó que las constituciones de nuestro continente se reconocen cada vez más
en naciones pluriculturales.
La magistrada presidenta refirió que América
Latina apuesta a un constitucionalismo regional de derechos con garantías
supranacionales que está formado por tres elementos: derechos humanos,
democracia y estado de derecho.
“El desarrollo de este derecho constitucional
común se debe a la historia propia de la región que ha tenido una herencia de
regímenes autoritarios y un legado de instituciones débiles, cuyo
fortalecimiento seguimos moldeando por diversas vías”, señaló.
“Desde la perspectiva apuntada, el desarrollo
del derecho constitucional común en nuestra región se debe, en gran medida, a
la debilidad de las instituciones. A raíz de la inestabilidad institucional, la
sociedad civil ha tenido que acudir a organismos internacionales de protección
de derechos humanos, lo cual ha aumentado su papel de relevancia en el
continente como fuerzas transformadoras”, subrayó la magistrada presidenta.
La lucha de la ciudadanía, desde distintos
frentes, dijo, ha impulsado la agenda Ius Constitucionale Communae, ya sea a
través del activismo legal o incidiendo directamente en reformas estructurales
y, consecuentemente, en políticas públicas, lo que llevó a la gran reforma
constitucional del artículo primero constitucional.
Al moderar la mesa “El paradigma del Ius
Constitutionale Commune: Elementos constitutivos para la integración de una
agenda latinoamericana”, el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata
Pizaña, señaló que el tema del paradigma del derecho constitucional común en la
región Latinoamericana es de central importancia para todo estado de derecho.
Al respecto, dijo que nuestro país nunca
había contado con un orden jurídico tan conscientemente abierto al derecho
internacional y al derecho comparado, como el que tiene en la actualidad.
“Decididamente visible desde la reforma constitucional de junio de 2011, el
derecho constitucional común tiene sentido en México, porque se trata de un
país que ha tomado la decisión soberana de pertenecer a los sistemas universal
y regional de los derechos humanos”.
El magistrado De la Mata agregó que la
conformación del derecho constitucional común para México considera el proceso
de formación de estándares que se construyen a partir de la jurisprudencia
interamericana, en el mismo sentido que sucede para todos los países que han
reconocido la jurisdicción de esa Corte supranacional.
En la mesa participaron José Luis Caballero
Ochoa, de la Universidad Iberoamericana; Mariela Morales Antoniazzi, de
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht y José
María Serna de la Garza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
Universidad Nacional Autónoma de México– International Association of
Constitutional Law.
Al moderar la mesa “Los órganos
internacionales e interamericanos en los procesos de democratización de América
Latina”, el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, subrayó
que el Derecho tiene que usar la herramienta del diálogo, junto a otras
disciplinas, no sólo para comprender fenómenos como la corrupción, de
desconfianza y una cultura política de baja calidad, sino para construir
soluciones e instituciones, “y eso no aleja a los jueces o a la función
judicial, más bien los acerca y compromete”.
La mesa estuvo integrada por Raúl Ávila
Ortiz, académico y consultor de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), Salvador Romero Ballivián, del Centro de Asesoría y Promoción Electoral
del Instituto Interamericano de Derechos Humanos; y Christian Courtis, de la
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sede
Nueva York.
Contribuir a la plena realización de los
derechos: Von Bogdandy
Al ofrecer su conferencia magistral, el
director ejecutivo del Instituto Max Planck para el Derecho Público Comparado y
el Derecho Internacional en Heidelberg, Alemania, Armin von Bogdandy, resaltó
que la ambición del proyecto Ius Constitutionale Commune en América Latina
(ICCAL) es contribuir a la plena realización de los derechos, de la democracia
y del estado de derecho, y participar en la construcción de sociedades que sean
más plurales y más cohesionadas.
El ponente habló sobre el constitucionalismo
transformador, y en ese sentido señaló el ICCAL es, ante todo, un enfoque de
derecho público. Su principal objetivo de estudio, aseveró, es el conjunto de
normas jurídicas que gobiernan el ejercicio de la autoridad pública. Este
constitucionalismo transformador ya tiene un impacto importante en América
Latina, comentó.
En la región, los derechos humanos se han
convertido durante los últimos 30 años en un lenguaje legal, político y social
común que no existía previamente, señaló en su conferencia. Actualmente,
agregó, se trata de una plataforma de movilización para un público mucho más
amplio.
Más adelante, el expositor señaló que en el
ICCAL existe plena conciencia de que el avance en una agenda de transformación
por medio de procesos jurídicos genera muchos retos. En ese sentido, indicó que
es claro que el Poder Judicial no puede sustituir la aprobación de políticas
públicas por parte de las instituciones políticas.
No obstante, consideró necesario que los
tribunales tengan su rol dentro del sistema político, que esté acorde al
contexto social y político específico de cada país en América Latina,
particularmente cuando existen fenómenos de exclusión y debilidad
institucional.
“Cuando las instituciones políticas están
bloqueadas o cooptadas, existe un concepto idóneo para que los tribunales
intervengan. Como reconocen muchas teorías de la democracia, los tribunales
tienen más legitimidad para intervenir cuando el procedimiento democrático es
deficitario”, destacó Armin von Bogdandy.
