*Se
trata de los casos de desaparición forzada de ocho policías y de cinco jóvenes
originarios de Playa Vicente.
Tribuna Libre.- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García
Jiménez, aseguró que su administración acatará las recomendaciones de las Comisiones
Estatal y Nacional de Derechos Humanos por la desaparición forzada de ocho
policías municipales en Úrsulo Galván y de cinco jóvenes originarios de Playa
Vicente, ocurridas el 11 de enero de 2013 y 2016, respectivamente.
“El Policía de Duarte con licencia para
matar” sobre el exdelegado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Marcos
Conde Hernández, a quien se les acusa junto a sus subordinados de ejecutar
estos crímenes de lesa humanidad, en los municipios de Úrsulo Galván y Tierra
Blanca.
Actualmente Conde y siete de sus escoltas de
la SSP están presos en el penal de máxima seguridad en Gómez Palacio Durango,
en espera de una sentencia condenatoria. Uno más permanece prófugo de la
justicia.
Por los casos Úrsulo Galván y Tierra Blanca
las Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos emitieron las
recomendaciones 03/2017 y 5VG/2017, respectivamente. Ambos organismos
coincidieron en una colaboración entre los cuerpos policiales de Veracruz e
integrantes de la delincuencia organizada para desaparecer a sus víctimas.
La CNDH advirtió en el documento 5VG/2017
sobre “violaciones al derecho humano a la integridad personal, con motivo de
los actos de tortura cometidos en agravio de las víctimas”, ello apoyado en la
declaración de ocho ex policías estatales y algunos civiles detenidos que
reconocieron formar parte del CJNG.
Sin embargo, las familias de estas 13
víctimas lamentan el retraso en la justicia. Disculpas públicas por parte del
Gobierno de Veracruz y sentencias aún pendientes, que no ha acatado el gobierno
estatal y que coinciden, abonarían a castigos ejemplares y a la no repetición
de estos agravios.
Ambas recomendaciones se emitieron en la
administración de Miguel Ángel Yunes Linares, pero no fueron cumplidas. Las
víctimas indirectas han pedido como parte de la reparación integral del daño
una disculpa pública, sentencia contra los responsables de investigar la cadena
de mando de la SSP, hasta llegar al exsecretario Arturo Bermúdez Zurita y al
exgobernador Javier Duarte.
Cuestionado sobre estos dos casos en la
inauguración de la pavimentación de la calle Pico de Orizaba de la colonia
Sipeh Ánimas, el mandatario estatal dijo: "Él no la acató (Miguel Ángel
Yunes Linares) pero nosotros sí, vamos a ir a la Ciudad de México como ellos lo
piden y allá haremos las disculpas públicas en el formato que ellos nos van a
decir".
Agregó que se entregarán recursos como parte
de un acuerdo de indemnización que se hizo con los familiares de las víctimas.
"Vamos a ir resarciendo el daño que otras administraciones causaron, es
algo que no debió haber pasado, pero nosotros actuamos ya, hay que dar atención
a las víctimas. Nunca se va a poder decir que se ha reparado el daño. Es
grande, es doloroso, pero también sería doloroso no prestar la atención
debida”, sostuvo.
Los
casos Úrsulo Galván y Tierra Blanca
El 11 de enero de 2013, a las 18:00 horas,
ocho policías municipales de Úrsulo Galván salieron a hacer un rondín de rutina
para no regresar más a sus hogares. Se trata de Luis Alberto Valenzuela
González, Javier Araus Molina, Samuel Montiel Perdomo, Alejandro Báez
Hernández, Agustín Rivera Bonastre, Juan Carlos Montero Parra, Guillermo Torres
Perdomo y Aureliano Sánchez Tonil.
Los ocho oficiales -media planilla de dicha
corporación- se reportaron con sus esposas y uno de ellos con su madre. De
acuerdo con la declaración de un vendedor de cervezas, todos fueron
interceptados por cuatro patrullas estatales en la comunidad de El Arenal
mientras compraban esquites y posteriormente fueron desarmados. Desde entonces
no se ha vuelto a saber de ellos.
El 11 enero de 2016, 5 jóvenes originarios de
Playa Vicente, que regresaban de pasar un fin de semana en el Puerto de
Veracruz, fueron detenidos por policías estatales en Tierra Blanca, al sur del
estado. El fin fue el mismo: desaparecieron. Se trata de: Susana Tapia Garibo,
José Benítez de la O, Bernardo Benítez Arroniz, José Alfredo González Díaz y
Mario Arturo Orozco Sánchez.
De acuerdo con investigaciones judiciales, la
escolta particular de Marcos Conde -ocho policías- los detuvo y entregó a una
célula del CJNG que los habría asesinado en un rancho del municipio de
Tlalixcoyan, donde fueron hallados unos 8 mil restos humanos y diversos objetos
utilizados para el robo de combustible.
En El Limón, la Gendarmería Nacional encontró
un pedazo de hueso de Bernardo Benítez Arroniz y gotas de sangre de Luis
Alfredo González Díaz, dos de los 5 jóvenes, y de otras 6 familias. Los demás
restos encontrados, pertenecientes a 300 o 400 personas, no pudieron ser
identificados por el estado de descomposición que tenían. El exsubsecretario de
derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián,
confirmó que la desaparición de cuerpos en ese rancho era sistemática desde
varios años atrás.
Por el caso de los 5 jóvenes hay 21
detenidos: 13 civiles, acusados de ser parte de una célula del CJNG y 8
policías estatales, entre ellos Marcos Conde.