*Aspirante
a Comisionado del INAI busca facilitar el acceso a información pública.
*Requiere
nuevo régimen adaptación de ciertos contenidos de la ley.
Tribuna Libre.- Para garantizar el derecho al acceso a la
información pública, es indispensable que todos los sujetos obligados “cumplan
con el deber de documentar la totalidad de lo que realizan en el ejercicio de
sus facultades, competencias y funciones”, comentó José Guadalupe Luna
Hernández, Aspirante a Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Acceso a
la Información Pública (INAI).
Subrayó que esos documentos deben
resguardarse en archivos administrativos actualizados, que es ahí donde la
materia se vincula con la Ley General de Archivos, expedida de manera reciente
por el Congreso de la Unión anterior, al concluir su periodo constitucional.
“Dicha ley refleja una visión jurídica y
política de un régimen que estaba concluyendo, por eso creo que, a la luz de la
construcción de un nuevo régimen político, es indispensable someter a examen
algunos de sus contenidos”, explicó Luna Hernández.
Indicó que en la actualidad la información que
tiene vocación de llegar al Archivo Histórico –pero que contenga datos
personales sensibles– tendrá que quedarse precautoriamente por un plazo de 75
años en los archivos de concentración de las instituciones.
El aspirante a comisionado nacional remarcó
que, la referida información, solamente podrá ser consultada por la ciudadanía
en el plazo antes mencionado, y únicamente tendrá que ser solicitada mediante
el Derecho de Acceso a la Información, y a través de versiones públicas
testando (comprobar) esos datos personales.
Consideró que en las sociedades democráticas
estos plazos deben ser menores, sin dejar de lado la importancia que tiene la
restricción temporal por contener datos personales sensibles; no obstante, fue
claro al afirmar que, si bien la información que formará parte del Archivo
Histórico es importante, el plazo de restricción debe disminuir y promover su
apertura.
Precisó que recientemente el INAI –en
ejercicio de esta facultad– se pronunció sobre la información que la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resguarda relacionada con los
hechos ocurridos en 1968; correctamente la decisión fue por la apertura, sin
embargo, este tipo de información no debe esperar a que un órgano como el INAI
tenga que pronunciarse sobre ella para dar una opinión y permitir que pase al
Archivo Histórico.
“Esto debe de adoptarse a través de una
reforma a la Ley General de Archivos, que debe ser promovida desde el interior
del Sistema Nacional de Transparencia y desde el propio INAI. Por eso es que
quiero ser comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información
Pública, ya que, mediante una revisión correcta de la Ley Nacional de Archivos,
vamos a corregir algunos de los errores que quedaron como resultado de los
procesos de negociación en los que se vio inmersa esta norma”, concluyó.