*Presenta
la diputada María de Jesús Martínez iniciativa que prevé modificar la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado.
Xalapa, Ver. | 14 junio de 2018
Tribuna Libre.- El Grupo Legislativo del Partido de Acción
Nacional (PAN), en voz de la diputada María de Jesús Martínez Díaz, presentó
una Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación
de Bienes Muebles del Estado, con la finalidad de otorgar atribuciones a la
Contraloría General del Estado (CGE) y a los Órganos Internos de Control (OIC)
para la supervisión del Padrón de proveedores de cada ente público.
Asimismo, con esta reforma podría otorgarle a
cada OIC la atribución para proceder a la cancelación del registro de algún
proveedor, pues el objetivo de esta iniciativa es resolver el conflicto de
intereses en el que pudiera encontrarse el servidor público al integrar el padrón
de proveedores, y quien a su vez es el encargado de la unidad de realizar las
compras o contrataciones.
Además, continuó la legisladora, se prevé que
los proponentes de bienes o servicios que vayan a participar en algún
procedimiento, proporcionen, no sólo el Domicilio Fiscal tal y como ya lo
establece la Ley, sino que además de ello, el domicilio exacto de sus oficinas
centrales, matrices, sucursales, establecimientos, bodegas, talleres o
cualquier otra instalación inmobiliaria vinculada con la empresa o negocio, lo
anterior, a fin de estar en condiciones de corroborar la veracidad de la
información.
“La intención es que se incorpore a dicha
Ley, Inspecciones Domiciliarias, mismas que estarán a cargo del Órgano Interno
de Control del Ente Público y deberán constar por escrito, asentando la
ubicación georeferenciada de los domicilios verificados, junto con un registro
gráfico y fotográfico de estas”, puntualizó Martínez Díaz.
Además, en consecuencia, continuó la
diputada, se propone señalar que la Contraloría General u Órgano Interno de
Control, tendrían la responsabilidad de verificar la existencia física de las
empresas, contribuyendo a trabajar en una reforma a los Artículos 49, 56 y 59
para armonizar el texto vigente con dicha propuesta, no sólo incorporando
nuevos requisitos a proveedores y candados en la Ley, sino perfeccionando la norma a través del
incremento de las sanciones, ya establecidas en la misma.
En lo que se refiere a las responsabilidades
se propone incorporar la obligación a los servidores públicos, de informar
sobre las infracciones al Órgano Interno de Control o Contraloría General,
además de adicionar una Fracción para señalar que dicha falta será también
considerada una infracción a la Ley, el hecho de que el proveedor llegara a
impedir, evitar o dificulte la verificación o inspección domiciliaria
correspondiente.
Además, afirmó la también presidenta de la
Comisión de Ciencia y Tecnología, se propone incrementar el monto de la multa
que actualmente establece la Ley de hasta mil UMAS, para ir de las 300 a las
mil 500 UMA´s.
“En Acción Nacional, estamos convencidos que
el combate a la corrupción debe darse de forma pragmática y real, además de
impulsar cambios al derecho vigente que beneficien a quienes integran de forma
real el sector empresarial, comercial y de servicios, a aquellos que buscan
salir adelante generando empleos e inversión”, dijo la legisladora.
Finalmente, aseguró que se debe favorecer a
la iniciativa privada que le apuesta al desarrollo económico del Estado, que ve
en los órganos de Gobierno un cliente potencial, a quien puede ofrecerle, bajo
las mejores condiciones del mercado, bienes y/o servicios; participando de
forma libre y competitiva en procedimientos reales contra sus iguales y no
contra Empresas Fantasmas.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones
Permanentes de Unidas de Hacienda del Estado y Vigilancia.