José Miguel Cobián | 18 septiembre de 2019
Tribuna Libre.- Estos días se discute mucho sobre la próxima
reforma fiscal que equipara a crimen organizado la evasión fiscal. Todo comenzó con que el gobierno de Peña
relajó la vigilancia en las compensaciones, lo cual provocó un incremento sin
precedente de esta práctica por parte de particulares. Sumado al gran negocio del sexenio pasado,
que fue la venta de facturas falsas, al grado que incluso integrantes del ORFIS
las ofrecían para ayuntamientos y dependencias gubernamentales, quienes
hicieron su agosto comprobando gastos y desvíos con ellas, así como los grandes
contribuyentes, que con mayor miedo también las utilizaron para evadir el pago
de impuestos.
Todo lo mencionado en el párrafo anterior es
verdad. Pero ello no justifica que paguen justos por pecadores. Equiparar un delito de evasión fiscal a
crimen organizado, implica que en función de la decisión de un auditor
corrupto, de los que había y seguro sigue habiendo muchos, un contribuyente
puede recibir prisión preventiva. Pero
no sólo eso, no se trata nada más de la pérdida de la libertad, se trata
también de que la autoridad puede disponer de los bienes de ese contribuyente y
rematarlos, para resarcir al fisco de un daño todavía no comprobado ni
determinado por un juez. Si al final
del proceso, el contribuyente logra una buena defensa y demuestra que no evadió
al fisco, va a resultar que un inocente estuvo en la cárcel y vio como vendían
sus bienes. La ley viene tan mal
manejada y redactada, que resulta que si es inocente, entonces el fisco le
devolverá el importe de la venta de sus bienes, pero…. Si el hombre tenía una fábrica, con
terreno, nave industrial y maquinaria, que fueron rematados al 30% de su valor
actual, sólo recibirá el 30% del valor de sus bienes, con lo que no podrá
comprar un terreno, levantar una nave industrial y comprar maquinaria nueva
equivalente a la que vendió el fisco. Es
decir, a fin de cuentas, la pérdida patrimonial, el daño económico y la pérdida
de empleos está garantizado por la nueva ley.
Se violan principios básicos de seguridad
jurídica y presunción de inocencia, lo cual abona todavía más a la desconfianza
para invertir en el país. Además de que
favorece la corrupción en el SAT ya que se otorga mucho poder a los auditores
fiscales, y todavía peor, puede ser utilizado contra los críticos y los
enemigos del régimen. Por último, pone
en peligro la vida de los funcionarios, ya que no faltará el contribuyente que
siendo víctima de abuso, y ante la ausencia de una justicia pronta y expedita
decida que la venganza debe ejercerla dañando o privando de la vida a los
funcionarios que determinaron su suerte, con razón o sin ella.
Adicionalmente ante la total inefectividad de
la lucha contra el crimen organizado y la amnistía real que todos los grupos
violentos gozan desde la llegada del nuevo gobierno, suena desproporcionado que
un evasor voluntario o no de impuestos, sufra penas tan graves, mientras que
asesinos y criminales gozan de plena libertad para seguir realizando sus
fechorías. Resulta obvio que el gobierno
tiene todo el interés de recibir más dinero de quienes trabajan y producen,
mientras que al mismo tiempo no protege ni vidas ni bienes de los gobernados.
Ante la evidencia de que más del 50% de los
entes productivos del país, industria, comercio y servicios viven en la economía
informal, los contribuyentes establecidos se preguntan si es éticamente
correcto lo que plantea la reforma fiscal, que solo afecta a unos cuantos
mexicanos y no a todos.
Aunado a ello, quienes de fiscal y auditoría
conocemos, sabemos que la reforma fiscal busca apretar todavía más el embudo en
el que están las sectores productivos del país. Ante la absoluta incapacidad del SAT para
auditar y castigar a las empresas que venden facturas falsas, o evaden al fisco,
le causa molestias adicionales a los contribuyentes cumplidos.
Todos y cada uno de los argumentos que se han
presentado a favor de la reforma fiscal se abaten con una buena
fiscalización. La cual es responsabilidad del SAT. Y si ellos no son capaces de cumplir su
función correctamente, no es válido crear más problemas a los contribuyentes
cumplidos para resolver un problema del SAT.
De por sí, la productividad de las empresas en México se ve mermada ante
tanto trámite, aunado al decálogo firmado por CONCANACO y CONCAMIN que le
cargan todavía más el costo de la vigilancia fiscal a los contribuyentes. Sin atreverse a señalar que el problema son
las ineficiencias e incapacidades del SAT.
Incluso, si ellos despidieron auditores, es problema de ellos, no de los
mexicanos productivos. Si no saben cumplir con su trabajo que renuncien.
A todas luces inequitativa la reforma
propuesta, pues a los funcionarios públicos que hoy todavía siguen desviando
recursos públicos no se les vigila ni sanciona desde el gobierno. Al contrario,
ellos son una clase privilegiada con patente de corzo para continuar con la
sana costumbre de medrar con el presupuesto público. Los ahorros que se podrían lograr combatiendo
la corrupción, pero de manera efectiva, no nada más en las conferencias
mañaneras, sino otorgando recursos adicionales a la secretaría de la función
pública y verdaderamente vigilando a todos los entes de gobierno, pero,
curiosamente se redujo su presupuesto para el próximo año.
La idea en los contribuyentes, es que nos
invadieron unos piratas, ellos pueden disponer de los recursos públicos a su
antojo, pero los ciudadanos debemos pagar cada día más impuestos. El derecho de piso que pretende establecer el
gobierno mexicano es el más caro, pues atenta contra la libertad, el
patrimonio, el estado de derecho, la seguridad jurídica y la presunción de
inocencia.
