*Congreso
de Veracruz renuncia a la Constitución de Veracruz para “suspender” al Fiscal
Winckler
*Eric
Cisneros quiere controlar la Fiscalía de Veracruz
*Ya
tenían hasta la Gaceta del estado lista para el albazo
Marco Antonio Aguirre Rodríguez | 04 septiembre de
2019
Tribuna Libre.- El Congreso del Estado de Veracruz y el
Gobierno del Estado de Veracruz en su afán por destituir al fiscal Jorge
Winckler Ortiz, optaron por una barrabasada jurídica plena: renunciar a la
jurisdicción de la Constitución de Veracruz y varias leyes locales más, entre
ellas la Orgánica de la Fiscalía General del estado.
Se puede estar en desacuerdo con la actuación
de Jorge Winckler como fiscal de Veracruz, pero no se debe validar un golpe a
las instituciones y el menosprecio a la Constitución de Veracruz, porque
hacerlo daña toda la estructura institucional del estado.
Y eso es lo que hicieron.
La ilegalidad se intenta sustentar en la
renuncia a la jurisdicción de la Constitución local.
Si la Cámara de Diputados de Veracruz opta
por hacer de lado la Constitución de Veracruz, en lugar de defenderla y
aplicarla, ¿para qué sirven los diputados?.
Entonces, si ellos no van a defender la
Constitución de Veracruz, hay que desecharlos, hay que desaparecer la
Legislatura local.
No tiene caso su permanencia.
Quedémonos sólo con el Congreso federal.
¿Para qué queremos diputados locales?.
Pero además, como sustituta de Jorge
Winckler, se nombró a la directora jurídica de la Secretaría de Gobierno,
Verónica Hernández Giadans (a pesar de que lo jurídico es una de las grandes
fallas que existen en esa dependencia).
Eric Patrocinio Cisneros Burgos, el
Secretario de Gobierno, firmó el “permiso” para que le dieran el nuevo cargo
relamiéndose los bigotes como gato gordo a punto de comerse un manjar. En este
caso, su gran pastel es la Fiscalía de Veracruz.
Esa es la real intención.
Eric Cisneros quiere controlar la Fiscalía
General del Estado de Veracruz.
El documento de remoción, según lo difundido
por la Legislatura del estado, fue firmado por la priista Erika Ayala Ríos (a
quien luego no se le dejó votar para aprobar la remoción) y por el coordinador
de la fracción del PAN, Sergio Hernández, quien rechazó haber signado el
documento.
Esto lo hizo sospechosos
Sin embargo, el diputado no estuvo presente
en la sesión, ni siquiera cuando le avisaron del tema único del que se iba a
tratar.
Esto lo volvió más sospechoso todavía.
Incluso, en el Congreso del estado, cuando se
pidió conocer el documento conteniendo la firma del diputado panista, no se
mostró el mismo.
La violación a la ley máxima del estado se da
desde el momento que no se respetó lo que se sienta en su artículo 33 de las
atribuciones del Congreso, fracción XLIV que menciona que éste podrá: “Designar
y remover al Fiscal General del Estado, de conformidad con lo previsto en el
artículo 67 fracción I inciso d) de esta Constitución”.
En el “Acuerdo” para remover a Winckler, la
diputación permanente de la actual Legislatura, renuncia prácticamente a la
jurisdicción de la Constitución de Veracruz, en una aberración jurídica total.
Y lo anuncian en su Acuerdo Segundo para
suspender a Jorge Winckler:
“En consecuencia, dado que la presente
resolución no se sustenta en el Artículo 67, Fracción I, inciso d), de la
Constitución del Estado”.
¿Cómo es posible que el Congreso del estado
de Veracruz diga que no toma en cuenta a la Constitución de Veracruz?.
Pero su soporte jurídico está tan mal armado
que ni siquiera aluden al artículo inicial para poder remover al Fiscal, el de
las Atribuciones del Congreso, el 33, el cual toman con una tergiversación
total.
Porque si renuncian al artículo 67, también
lo están haciendo con el 33 de la Constitución local, que es donde se marca el
procedimiento destitutivo, y por tanto están autodesacreditando sus facultades
para realizar la suspensión.
¿Cómo destituyen al Fiscal si ya reconocieron
que no tienen atribuciones para hacerlo?,
En el artículo 67 fracción I inciso d) de la
Constitución de Veracruz se anota que “El Fiscal General podrá ser removido por
el Congreso por las causas graves que establezca la ley, y por el mismo
procedimiento de votación establecido para su designación”.
La designación del fiscal es con el voto de
las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión en que se le
designe.
Entonces para suspenderlo, sea cual sea la
causa, debieron convocar a una sesión del Congreso, para que se diera una
votación y que las dos terceras partes de los diputados presentes votasen por
removerlo.
Pero la diputación permanente, con Juan
Manuel Pozos Castro, decidió violentar la ley y autodesacreditarse,
atribuyéndose facultades que no les corresponden.
A partir de ahí, cuando la forma no se
cumple, el fondo es ilegal.
Y esto hace que si el juez federal que
conocerá del amparo que promoverá Jorge Winckler (como lo anunció en un
boletín) actúa apegado a derecho, desechará la acción de la Legislatura.
Si esto ocurre, si el juez no se deja
presionar, el Congreso de Veracruz quedará nuevamente en ridículo.
Lo peor es que la fiscal sustituta o suplente
(o como le denominen), Verónica Hernández Giadáns, fue la que valido la
distorsión jurídica.
La ahora exfuncionario estatal carecer del
perfil adecuado para ser Fiscal del estdo, pues según el mismo curriculum que
se muestra en la página de la Secretaría de Gobierno, lo más que hizo fue ser
secretaria del ayuntamiento de Xalapa.
Es hija de Diego Hernández Medina, quien fue
titular de la notaria 5 en Santiago Tuxtla, que le heredó a su hija Verónica.
A Hernández Giadáns como funcionaria del
gobierno del estado, con Eric Patrocinio Cisneros, la han señalado de promover
patentes notariales a su libre conveniencia y con beneficio para sus allegados
y familiares.
Si tuviera una buena hoja de servicio
público, podrían colocarla como directora de notarías, que para nada es un mal
puesto.
Sin experiencia en lo penal y con esos
antecedentes, ¿qué garantía hay de que desempeñará un cargo así con eficacia y
honestidad?
Si es capaz de hacer algo así, es capaz de
cualquier cosa.
HASTA LA GACETA DEL ESTADO YA TENÍAN IMPRESA
PARA VALIDAR EL ALBAZO. El albazo para destituir a Jorge Winckler se preparó
desde temprano, tanto que hasta acuartelaron fuerzas de la policía estatal en
Xalapa, para imponer retenes sobre las carreteras que llegan a la capital del
estado, en las calles que aledañas a la Fiscalía y en torno a la misma Fiscalía
del estado.
Por la mañana, antes de comenzar la sesión de
la diputación permanente, el presidente de la Junta de Coordinación Política
(Jucopo), José Manuel Pozos Castro, solicitó tratar únicamente la remoción de
Winckler, lo que fue avalado, votado y aprobado por la mayoría de los diputados
presentes.
En ese momento le avisaron a Sergio
Hernández, el coordinador de la bancada del PAN, del cambio en la agenda.
Pero no llegó.
El “Acuerdo” para suspender a Winckler fue
publicado casi de inmediato en la Gaceta Oficial, como muestra también de que
el albazo destitutivo estaba ya listo.
La “separación temporal” del cargo se da “por
el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con
certificación, revalidación y registro correspondientes, necesarios para el
ingreso y permanencia en el cargo, tal y como lo informan las autoridades con
competencia para su emisión. Garantizándose la remuneración que en derecho
proceda”.
Si es “presunto incumplimiento”, ¿dónde está
la presunción de inocencia?, ¿dónde queda aquello de que nadie es culpable
hasta que se le pruebe que lo es?.
La presunción de incumplimiento implica que
no hay certidumbre, si no hay certidumbre, no hay razón de actuar.
Por tanto lo realizado por el Congreso de
Veracruz y validado por el gobierno del estado, es completamente ilegal.
La destitución de Jorge Winckler podría
proceder por carecer de estas certificaciones. Pero primero habría que
comprobarle la carencia.
La suspensión por “presunción” (así lo dice
el documento oficial y publicado oficialmente) es indebida.
Con esto, los que se creen los grandes
místicos del estado hicieron una barrabasada jurídica, cuyo mayor dislate es
haber renunciado a la jurisdicción de la Constitución local.
Con diputados así y con asesores jurídicos
que aconsejan que se haga esto y con funcionarios que lo aceptan, lo avalan y
hasta lo impulsan, ¿qué certezas jurídicas puede haber en el estado?.
Lo único que se ve son las ganas de imponer
los caprichos.
Encontraron el camino para destituir a Jorge
Winckler, pero por querer tomar atajos, lo van a echar a perder nuevamente.
¿Y así quieren que los terrenales les tengan
confianza?
