*Diputadas
y diputado le preguntan a la presidenta del órgano autónomo las acciones en
materia de protección a periodistas, condiciones laborales y el caso de quejas
contra el comisionado Pedro Alberto Díaz.
Xalapa, Ver. | 03 octubre de 2019
Tribuna Libre.- En cumplimiento al acuerdo aprobado el 18 de
septiembre de este año, por la Diputación Permanente de la LXV Legislatura, y
publicado en 23 del mismo mes en la Gaceta Oficial del Estado, este 2 de
octubre la Comisión Permanente de Atención y Protección de Periodistas recibió
la comparecencia de la titular de la Comisión Estatal para la Atención y
Protección de los Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza, quien rindió un
informe sobre las medidas adoptadas en beneficio del gremio periodístico de la
entidad.
Esta comparecencia, resultado de la propuesta
presentada el pasado 14 de agosto por la diputada Erika Ayala Ríos, fue
coordinada por la diputada María Josefina Gamboa Torales, presidenta, y el
legislador Augusto Nahúm Álvarez Pellico, secretario, de la Comisión Permanente
de Atención y Protección de Periodistas de la LXV Legislatura.
Tras el informe de la CEAPP, se inició la
primera ronda de preguntas y respuestas, en la que, en nombre del Grupo
Legislativo de Morena, el diputado Augusto Nahúm Álvarez Pellico preguntó si
hubo omisión de este órgano autónomo en el caso del periodista asesinado Jorge
Celestino Ruiz Vázquez y qué acciones han hecho, toda vez que “perdió la vida aun
estando bajo su protección”, agregó.
La comisionada Pérez Mendoza negó que haya
omisión e indicó que el citado reportero tenía medidas por la Fiscalía General
del Estado (FGE), además que había dos expedientes, uno de ellos con medidas
extraordinarias, pero que por secrecía del tema no pueden darse a conocer, al
existir una investigación abierta.
Detalló que el periodista, corresponsal del
periódico Gráfico de Xalapa, sufrió dos agresiones y denunció los hechos, pero
–consideró- que ante los pocos avances acudió a la CEAPP y fue donde se le dio
el acompañamiento de los abogados y la asesoría jurídica pertinente. Abundó que
la institución a su cargo intervino y otorgó a la familia del periodista
medidas de protección, reforzamiento de seguridad y otros apoyos.
A una segunda intervención del diputado
Augusto Nahúm, en relación a conocer las medidas extraordinarias citadas, la
comisionada destacó que no podría informarlo al tratarse de medidas de
protección al núcleo familiar y que existe una investigación en curso.
En nombre del Grupo Legislativo del Partido
Acción Nacional (PAN), la diputada María Josefina Gamboa Torales se pronunció a
favor de una reconformación de la CEAPP y detalló que son dos temas los que
debe atender: las medidas que han implementado en relación con condiciones
laborales y el caso del comisionado Pedro Alberto Díaz Cruz, dado que hay
quejas de periodistas del norte de la entidad, por supuestos casos de
corrupción.
Posteriormente, entregó a la presidenta del
órgano autónomo los videos y pruebas que sustentan las denuncias planteadas por
las y los periodistas.
Pérez Mendoza dijo que se analizarán las
pruebas e informó que ya habían recibido la queja de los periodistas del norte
de la entidad, “el comisionado es uno igual a nosotros, no somos quien para
sancionarlo”. Además, sostuvo, en la Sexagésima Cuarta Legislatura, el entonces
diputado por Tantoyuca, Manuel Francisco Martínez dio lectura de esas quejas y
que ante la existencia del Sistema Estatal Anticorrupción hay contralorías
internas, por lo que será su Órgano Interno de Control (OIC) la que analice y
proceda conforme a derecho.
En su intervención, la diputada Gamboa
Torales le explicó que al tratarse de hechos constitutivos de delito ella como
presidenta de la CEAPP está obligada a denunciar ante su OIC. “A esto nos
encontramos con una cerrazón por parte del Secretario Ejecutivo y usted ya no
me contesta los oficios, nos preocupa la falta de comunicación”.
La legisladora también preguntó qué ha hecho
la CEAPP ante los casos de los periodistas Víctor Pineda, Alfredo Estrella y
Gabriela Rasgado; a lo que Pérez Mendoza contestó que han sido atendidos los
casos, “hemos procurado no meternos a la arena política y solo hacemos nuestro
trabajo”.
La diputada Erika Ayala Ríos, del Grupo
Legislativo Mixto PRI-PVEM, solicitó explicar si, al no contar con atribuciones
en el tema laboral, está o no en posibilidades de orientar, apoyar, capacitar y
asesorar a los periodistas que lo requieren. Cuestionó la austeridad de la
presidenta del organismo y el sueldo, en comparación con la percepción de los
periodistas.
En respuesta, Ana Laura Pérez Mendoza dijo
que como autoridad administrativa está impedida de pronunciarse a favor o en contra del papel de
la FGE en los casos mencionados. Admitió que es ofensivo el salario que perciben
los periodistas, respecto a lo cual –refirió- el organismo que encabeza se ha
pronunciado en contra. Aunque aclaró que no es un tema que desde sus
atribuciones pueda resolverse, recordó que la CEAPP ha facilitado 176 asesorías
laborales.
La legisladora Erika Ayala consideró que la
funcionaria soslaya su responsabilidad al aducir falta de competencia en los
temas en cuestión. En cuanto a los salarios e ingresos, propuso mayor
coordinación para evitar responsabilizar al Poder Legislativo y justificar la
no realización del trabajo.
Además, le consultó acerca de cuáles han sido
las acciones específicas para mejorar la situación de vulnerabilidad laboral en
la que se encuentran los periodistas. Cuestionó la pertinencia de conservar un
organismo autónomo de esta naturaleza y si sus atribuciones pudieran ser
realizadas por otra instancia que sí dé las respuestas requeridas y ver qué
destino se puede dar al presupuesto de 20 millones de pesos anuales que hasta ahora se ha destinado a
este órgano.
Pérez Mendoza aclaró que el periodista
fallecido contaba con las medidas de protección dictaminadas por la FGE. En
cuanto a los viáticos, comentó que la CEAPP va hasta los lugares donde residen
los compañeros que necesitan asesoría y apoyo legal o económico. Dada la
precaria situación en la que trabaja la mayoría, se ha destinado 6.5 millones
de pesos del capítulo de Servicios Personales a la vertiente de ayuda social
para aminorar las carencias; así también les ha brindado medidas de atención,
de protección y seguridad.
En su turno, la diputada del Grupo
Legislativo de Morena, Ana Miriam Ferráez Centeno, preguntó respecto a las
acciones que ha tomado la CEAPP, en gestoría ante la Secretaría de Trabajo,
Previsión Social y Productividad, para dar las garantías laborables y respaldo
a los corresponsales en localidades o comunidades; mismos que –a su
consideración- en muchas ocasiones trabajan como “freelancers”, sin contratos, ni prestaciones y con sueldos
bajos.
Ante esto, la comisionada lamentó la
situación de los compañeros corresponsales, a lo que aseguró se han dado a la
tarea de capacitarlos. Lo anterior pues algunos de ellos no tienen la carrera
específica aunque se habilitan en el oficio, lo que ha dado lugar a que ante la
falta de profesionalización no puedan acceder a mejores condiciones económicas.
Abundó que la CEAPP tiene un directorio de
periodistas, ya que no se cuenta con un padrón, pues no existe obligatoriedad
por parte del gremio de inscribirse como tal. Puntualizó que este es un tema de
debate ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otras
instancias, pues no es posible dar una mayor efectividad en atención a
periodistas, por lo que –agregó- se han promovido redes entre los compañeros
para ir detectando a integrantes del gremio.
Aseguró que la constricción económica ha
orillado a medios de comunicación al despedido de periodistas, realizando una
subcontratación con personal que no tiene la experiencia ni los conocimientos
adecuados, sin embargo, reiteró, la CEAPP no tiene la atribución de mandar alguna
sanción a empresarios que incumplan con los derechos laborales de los
periodistas.
Durante su segunda intervención, la diputada
Ferráez Centeno cuestionó la exigencia por parte de la CEAPP del ingreso de las solicitudes
exclusivamente vía oficio para el seguimiento de los casos de cada uno de los
periodistas, a lo que la Comisionada respondió que es un requisito para dar
entrada y seguimiento y así quedar asentada el acta de procesos para respaldo
de la Comisión.
Agregó, que la misma CEAPP les apoya para el
ingreso de su oficio, además de contar con formatos en la plataforma de la
página web, asesoría vía telefónica y a través de los propios comisionados.
La diputada Judith Pineda Andrade, del PAN,
lamentó que la servidora pública se deslindara de lo que le corresponde, que
responsabilice al Congreso del Estado y a la FGE y que se presentara sin la
preparación adecuada para comparecer ante las y los diputados. Dado que esta
Legislatura nombró un contralor interno para la CEAPP, pidió información acerca
del estatus actual de la Contraloría Interna y de lo realizado por este
organismo estatal en la actual administración, no en las anteriores, y qué
seguimiento ha dado a los expedientes que recibió.
Ana Laura Pérez respondió que, en cuanto a la
integración de la Contraloría Interna y debido a que no se autorizó el
incremento presupuestal 2019 a servicios personales, se autorizó la
contratación de dos profesionistas de asimilado salario y con esto dar
cumplimiento al mandato legal.
La diputada, a su vez, aclaró que no se le
pide que sancione, sino que haga una labor más activa y que abogue por los
periodistas. Aclaró que ningún nombramiento de contralor implica un aumento de
presupuesto. Al aludir un ahorro de 3 millones de pesos en la CEAPP, sugirió
que se destine a la Contraloría Interna y solicitó que haga llegar la
información faltante y objetiva y preguntó cuántas denuncias interpuso en su
contraloría interna.
Luego de aclarar que dicho ahorro correspondió
al ejercicio 2017 y que el nombramiento de los contralores fue posterior, la
comisionada dijo que el organismo hará un esfuerzo por ser más activo y buscará
mecanismos para atender a los compañeros en situación de vulnerabilidad.
Al cumplirse las dos rondas de preguntas y
respuestas, la diputada María Josefina Gamboa agradeció a la comisionada y a
las 14:21 horas concluyó la comparecencia.