José Miguel Cobián | 24 julio 2025
Tribuna
Libre.- La política comercial de Estados Unidos, en especial en lo que
concierne a la imposición y negociación de aranceles, ha sido históricamente
utilizada como una herramienta para la protección de la industria nacional. Sin
embargo, en las últimas décadas, este instrumento ha adoptado una dimensión
geopolítica más compleja, en la que los aranceles no sólo sirven como mecanismo
de presión comercial, sino también como una vía indirecta para financiar la
proyección global de poder estadounidense. Bajo esta lógica, aceptar los
aranceles estadounidenses se convierte, para muchos países aliados, en un modo
de contribuir económicamente al sistema de defensa y seguridad internacional
sostenido en gran parte por Washington.
La
urgencia para resolver el déficit comercial americano, es un objetivo
secundario de esta política de aranceles.
El Presidente Trump tiene razones particulares para que los convenios
arancelarios se resuelvan a la brevedad, y sin que los países afectados utilicen
la política de aranceles recíprocos. El
recién aprobado cambio en la legislación fiscal americana, reduce los impuestos
a una mayoría de la población, con un fin político-electoral, así que la única
opción para contrarrestar el incremento en el déficit presupuestal es el
incremento de impuestos a las importaciones, que pagarán tanto los consumidores
estadounidenses como las empresas proveedoras de dichos bienes y servicios.
La
devaluación del dólar ha elevado el precio de las importaciones dentro de
Estados Unidos en aproximadamente un 12%, lo que en si mismo, ya es un estímulo
para la inversión dentro de ese país.
Por lo tanto, los países que participan del mercado americano, tendrán
que compensar en parte esos aranceles con una mejora en la productividad de sus
propias empresas o una reducción en las utilidades de las mismas, pues un
arancel del 15% en promedio sumado al porcentaje de devaluación implica un
aumento de precios del orden del 27% para el consumidor estadounidense, lo cual
dejaría a muchas empresas de otros países fuera de ese mercado. Por ello, habrá
un ligero repunte en los precios al consumidor en los bienes importados, una
reducción del precio de venta por parte de los exportadores, de tal manera que
el mercado tendrá que adaptarse a su nueva realidad, incluso con excepciones
puntuales, negociadas por cada país y/o empresa en particular.
Desde
la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha asumido el papel de garante de la
seguridad internacional, especialmente para sus aliados en Europa, Asia y
Oceanía. Este compromiso se ha materializado en la forma de bases militares,
tratados de defensa mutua y ejercicios conjuntos que requieren de una inversión
significativa del erario público estadounidense. Ejemplos como la OTAN en
Europa, el pacto de seguridad con Japón y Corea del Sur en Asia, y los acuerdos
estratégicos con Australia en Oceanía, evidencian la magnitud del gasto
necesario para mantener un orden internacional basado en normas favorables a
las democracias liberales.
Este
modelo de protección ha permitido que muchos países dediquen una proporción
menor de sus presupuestos nacionales a defensa, bajo el supuesto de que el
respaldo militar estadounidense será suficiente para disuadir amenazas
existenciales. Sin embargo, este desequilibrio en el gasto genera tensiones en
el seno del sistema internacional, en donde Estados Unidos busca compensaciones
que no necesariamente se expresan en términos militares, sino económicos.
La
imposición de aranceles —o su exención estratégica— se convierte en una
herramienta útil para equilibrar estas cargas. Bajo esta óptica, cuando un país
aliado acepta un arancel estadounidense sin represalia, no sólo está cediendo
en lo comercial, sino que está contribuyendo indirectamente a financiar el
gasto en defensa global que garantiza su propia seguridad. Este razonamiento
puede aplicarse, por ejemplo, a los países europeos que, aunque socios
comerciales relevantes de Estados Unidos, han enfrentado tensiones arancelarias
en sectores como el acero, el aluminio y los productos agrícolas.
El
mensaje implícito es claro: si Estados Unidos va a asumir la protección de sus
aliados —en forma de escudos antimisiles, flotas navales o presencia militar
continua— esos aliados deben aceptar cierta reciprocidad económica. No se trata
exclusivamente de comercio, sino de una arquitectura de poder que requiere
sostenibilidad financiera, y en ese marco los aranceles actúan como peaje
geoestratégico.
Esta
lógica, aunque funcional desde una perspectiva estadounidense, no está exenta
de riesgos. Algunos países podrían percibir los aranceles como medidas
coercitivas que alteran los equilibrios de poder comercial y erosionan los
principios del libre mercado. Además, en un mundo cada vez más multipolar, el
uso de los aranceles como herramienta geopolítica puede empujar a ciertos
actores a buscar alternativas en bloques emergentes como el BRICS, desdibujando
así el liderazgo estadounidense.
Sin
embargo, es innegable que, en la visión estratégica de Washington, los
aranceles no son simples instrumentos fiscales: son parte de un engranaje mayor
que articula la política exterior, la seguridad internacional y la economía. Al
aceptar los aranceles, los países aliados no sólo están pagando más por bienes;
están comprando estabilidad, respaldo militar y pertenencia a un orden
internacional liderado por Estados Unidos.
En cada
negociación se valoran aspectos diferentes, por ejemplo, con la Unión Europea,
Estados Unidos presiona constantemente con incrementar el gasto de defensa
hasta un 5% del PIB de cada país miembro de la OTAN. Presiona también para que ese gasto se
realice adquiriendo armamento estadounidense con el pretexto de unificar
logística y estrategia militar de la alianza.
Europa ha gozado desde la segunda guerra mundial de paz y prosperidad
gracias a la protección americana. Podrá
negociar ese 5% o podrá negociar los aranceles, lo que le convenga más, pero no
podrá negociar ambos. Y tendrá que ceder para beneficio de todos.
elbaldondecobian@gmail.com @jmcmex
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