José Miguel Cobián | 03 febrero 2026
Tribuna
Libre.- No, no me refiero al miedo que la población en general puede tener ante
grupos criminales entrenados, muy bien armados y organizados, sino al pánico
que tienen los gobiernos municipales, estatales, y federal ante las
organizaciones criminales que campean a lo largo y ancho del territorio
nacional.
Cuando
tienes a unas fuerzas armadas, marina, ejército y una guardia nacional que
forma parte de ellas, todas con sus altos mandos ocupados en hacer jugosos
negocios, o en cumplir las órdenes que vengan desde Washington, la seguridad
nacional deja de ser una realidad para convertirse en una frase más de los
discursos del gobierno en turno.
La
debilidad institucional de un gobierno que en teoría debería de poseer el
MONOPOLIO de la fuerza y la violencia en el país es evidente. Llevamos siete años con un nuevo esquema se
seguridad (ni tan nuevo) basado (en teoría) en la utilización de las fuerzas
armadas para el combate del crimen organizado.
Le llamo nuevo por la desaparición de la policía federal, y la creación
de una guardia nacional integrada en su mayoría por miembros de las dos ramas
de las fuerzas armadas, y bajo el mando, primero disimulado y luego real, de un
distinguido miembro de dichas fuerzas armadas.
Observemos
como los grupos criminales controlan toda la frontera norte. Sabemos que incluso en la zona de Pelagio
Perdido, hay pozos petroleros y actividades de fracking que manejan grupos del
crimen organizado, sin que la autoridad se atreva a entrar en esa zona para
mantener la (jajajajajaja) Soberanía sobre el territorio nacional.
La
complicidad de la guardia nacional de carreteras y los asaltantes es obvia. Sin
esa complicidad no podría haber tantos tramos carreteros dónde es peligrosísimo
circular, ya sea vehículos de carga o particulares. Con integrantes corrompidos y al servicio de
criminales, es difícil proporcionar seguridad a los ciudadanos.
Si a
eso le añadimos la protección de las propias autoridades a los huachicoleros
originales, esos que extraen hidrocarburos de los ductos de PEMEX, junto con la
complicidad de funcionarios de MORENA dentro de la propia paraestatal,
entendemos que pocos son los que están por el sueldo y la mayoría ya está
recibiendo ingresos adicionales por su convivencia y apoyo a los distintos
grupos criminales en el todo el país.
Por
ello se entiende la negativa de la presidenta de la república a aceptar la
ayuda de Estados Unidos para combatir al crimen organizado. No quiere dejar en evidencia que las fuerzas
armadas ya forman parte de los negocios criminales de este país. Lo cual obliga a que los mexicanos
continuemos siendo víctimas de criminales en cualquier lugar de México. Sólo nos salva –por extraño que parezca- la
propia ética criminal, que tiene sus reglas para definir quién es un blanco
válido y quién no lo es. Las fotos y
videos de funcionarios acordando con estas organizaciones los mantienen
controlados y sumisos a sus designios.
Suponiendo
que algún día se pusieran de acuerdo Harfuch y los secretarios de Marina y
Ejército para pacificar una zona del país, la debilidad estructural de las
fuerzas del orden haría muy difícil lograrlo.
Los propios oficiales avisarían a los objetivos, previo al
operativo. En caso de capturar a alguien
con conocimientos sensibles, serían las propias fuerzas del orden quienes lo
ejecutarían para que no ¨cante¨ y perjudique al resto de la cadena delictiva.
(Esto ya ha sucedido y generado molestia en el comando norte). Esto significa que en las fuerzas del orden
hay una enorme cantidad de traidores que hoy por hoy, tienen intereses
diferentes de los que en este supuesto caso, los altos mandos definieran como
prioridades.
Pero no
solo eso. El desmantelamiento de los
servicios de inteligencia nacionales, tiene al país en un estado de indefensión
brutal. 150,000 hombres entrenados y armados, pueden hacer mucho daño en una
guerra de guerrillas contra el estado mexicano.
Los actos de sabotaje y terrorismo harían tambalear a cualquier
gobierno.
Imagine
ud, que gobierna un municipio, y recibe una petición de una organización
criminal, la cual viene con la amenaza de bañar de sangre su alcaldía a menos
que acceda a la petición. Ante la
inefectividad de las policías municipales y el desmantelamiento de las
estatales llevado a cabo por los gobiernos en Veracruz de Miguel Ángel y
posteriormente de Cuitláhuac, no hay quién pueda hacer frente a una amenaza de
este tipo. Y las fuerzas federales, como
ya mencioné están muy ocupadas, administrando (¿administrando?) aduanas,
aeropuertos, puertos, negocios como mexicana, el AIFA, hoteles, y vaya usted a
saber cuántos negocios más, negocios infalibles, porque si ganan dinero se
queda en las fuerzas armadas, y si pierden dinero, lo pagamos todos los
mexicanos vía subsidios.
Ya no
le quiero decir si gobierna ud un estado, y desea cooptar privilegios otorgados
por sus antecesores a estas organizaciones criminales. Ud sabe que no cuenta con el poder de fuego
suficiente para enfrentar a estos grupos, y también sabe aunque no las conozca
a detalle, los puntos flacos de seguridad.
Ya sea líneas de alta tensión, carreteras que no puede vigilar, puentes
que no puede proteger, vías férreas, presas, por mencionar solo algunas, que
simplemente están a merced de quién decida llevar a cabo un acto
terrorista. Como por ejemplo minar
caminos, soltar bombas mediante drones en zonas en las que causen pánico, etc.
El
malestar de la población sería enorme.
Así que mejor se administra el malestar que causan los asaltos, robos,
extorsiones, secuestros, etc. Ya que el estado mexicano es incapaz de proporcionar
seguridad y justicia para los mexicanos. Por cierto, esa es la definición de
estado fallido.
Conclusión,
un gobierno que no gobierna, en parte porque no quiere y en parte porque no
puede, pero que cuenta con apoyo popular suficiente para seguir dañando a la
patria, y a sus instituciones, muy frágil ante cualquier amenaza interna o
externa.
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@jmcmex
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