*Hasta por cinco años cobraban salarios sin trabajar.
*Médicos
del ISSSTE extendían incapacidades justificantes.
*Se
identificó a un grupo de médicos del ISSSTE que emitía certificados médicos.
*Se integran las carpetas administrativas y
denuncias correspondientes.
Ciudad de México. | 23 septiembre 2026
Tribuna
Libre. –En la conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia
Sheinbaum Pardo, se dio a conocer la existencia de una red de irregularidades
administrativas que involucra a servidores públicos del Poder Judicial de la
Federación y a personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Las
investigaciones internas expusieron cómo varios empleados lograron ausentarse
de sus puestos de trabajo durante años, percibiendo su sueldo íntegro mediante
la presentación de incapacidades médicas sin ningún sustento real. Esta
práctica generó un fuerte quebranto económico al erario público y puso al
descubierto mecanismos de complicidad que ya están bajo investigación oficial.
El
esquema funcionaba de forma directa y sencilla. Empleados adscritos a diversas
áreas del Poder Judicial solicitaban permisos e incapacidades médicas alegando
padecimientos de salud o accidentes que jamás ocurrieron. Para respaldar estas
ausencias prolongadas, contaban con la participación de personal médico del
ISSSTE que expedía certificados y justificantes falsos a cambio de acuerdos o
favores irregulares.
Mediante
este procedimiento, el trabajador obtenía una cobertura legal que le impedía
ser sancionado o despedido de su plaza, mientras continuaba recibiendo sus
depósitos quincenales completos sin tener que presentarse a trabajar.
El
esquema funcionaba de forma directa y sencilla. Empleados adscritos a diversas
áreas del Poder Judicial solicitaban permisos e incapacidades médicas alegando
padecimientos de salud o accidentes que jamás ocurrieron.
Para
respaldar estas ausencias prolongadas, contaban con la participación de
personal médico del ISSSTE que expedía certificados y justificantes falsos a
cambio de acuerdos o favores irregulares.
Mediante
este procedimiento, el trabajador obtenía una cobertura legal que le impedía
ser sancionado o despedido de su plaza, mientras continuaba recibiendo sus
depósitos quincenales completos sin tener que presentarse a trabajar.
Uno
de los hallazgos expuestos muestra que existen casos extremos de personal que
acumuló más de cinco años continuos sin pisar su centro de trabajo. Durante
todo ese periodo, mientras el Estado mexicano continuaba pagando sus
remuneraciones, estas personas desempeñaban actividades en el sector privado,
como brindar asesorías externas o laborar en despachos particulares. Es decir,
percibían dos ingresos de manera simultánea: uno proveniente de los recursos
públicos por un empleo que no ejercían y otro generado en sus negocios o
consultorías privadas a costa del tiempo laboral que debían cumplir en el
gobierno.
El
efecto económico de estas ausencias fraudulentas afectó de manera directa los
recursos del país. El Poder Judicial de la Federación tuvo que destinar más de
dos mil millones de pesos únicamente para suplir o reemplazar las plazas de
quienes se encontraban bajo supuestas licencias médicas. Este gasto
extraordinario recortó dinero que pudo emplearse en mejorar la atención a la
ciudadanía o modernizar los servicios de impartición de justicia, incrementando
de manera innecesaria el costo de la operación judicial a nivel nacional.
Ante
la detección de estas anomalías, la dirección general del ISSSTE, a cargo de
Martí Batres, inició una revisión amplia en coordinación con la Secretaría de
Anticorrupción y Buen Gobierno y la Agencia de Transformación Digital. Las
autoridades comenzaron a cruzar bases de datos para comparar los registros de
licencias emitidas frente a la presencia física real de los empleados en las
dependencias públicas. Con este seguimiento digital, se busca identificar con
exactitud la identidad de cada médico firmante y detectar patrones inusuales o
repetitivos en los permisos otorgados.
Las
primeras acciones correctivas ya comenzaron a aplicarse. Se identificó a un
grupo de doctores del ISSSTE que emitía certificados médicos de forma
sistemática a favor de trabajadores que no padecían ninguna enfermedad.
Como
medida preventiva, varios de estos profesionales de la salud fueron apartados
de sus cargos, al tiempo que se integran las carpetas administrativas y
denuncias correspondientes. El objetivo central del gobierno es detener estas
irregularidades, recuperar el dinero público pagado de forma indebida y
sancionar a quienes facilitaron el fraude.
El
combate a este esquema busca cerrar las fisuras en los trámites administrativos
y asegurar que la emisión de incapacidades responda verdaderamente a
necesidades de salud. La meta es garantizar que los salarios pagados con los
impuestos de los mexicanos correspondan a un trabajo efectivo al servicio de la
sociedad. Toda esta información sobre la red de corrupción y las medidas
adoptadas para frenarla se dio a conocer en la conferencia de prensa de la
presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, del 22 de septiembre.
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