*El
gobierno mexiquense, por omisión, será responsable si la violencia física
se incrementa. Mañana se presentará queja ante la CNDH
*Campaña
nacional para denunciar política de linchamiento del PRD contra colonos
antorchistas de Texcoco.
Tribuna Libre / México
D.F. 28 de feb. De 2012 www.noticiastribunalibre.blogspot.com
Homero Aguirre Enríquez y Jesús Tolentino
Román Bojórquez, en representación del Comité Ejecutivo del Movimiento
Antorchista, así como la dirigencia en el Estado de México, pidieron al
gobierno del Estado de México, que encabeza Eruviel Ávila Villegas, detenga la
violencia y el linchamiento que Horacio Duarte, Higinio Martínez y Constanzo de
la Vega y su grupo del PRD en Texcoco, promueven contra habitantes antorchistas
del Predio “El Pimiango”, ubicado en ese municipio mexiquense.
En rueda de prensa en la Ciudad de México,
Aguirre Enríquez, quien también es el vocero nacional, explicó que todos los
antorchistas del país están listos para denunciar la política perredista,
feudal y peligrosa, que amenaza y atenta contra la integridad moral y la vida
de los habitantes de Texcoco, pues “Horacio Duarte es el principal orquestador
del linchamiento verbal y físico contra las familias que son las legítimas
propietarias del predio que hoy habitan y contra la organización en que
militan, su actuación busca atraerle reflectores para posicionarlo en el pleito
interno que protagoniza en pos de nuevos puestos públicos en Texcoco”.
Asimismo, recordó que en días pasados el
grupo perredista llamó a la violencia en el municipio, dónde cerró por más de
12 horas el acceso al municipio texcocano, en donde incendiaron llantas
para amedrentar a las familias; incluso se llegó a anunciar un desalojo
violento.
En este sentido, enfatizó que el Gobierno del
Estado de México debe poner un alto al clima de linchamiento y para esto se
debe informar oficialmente la situación legal del predio, sin dejar ninguna
duda sobre el carácter legal de la operación oficial que llevó a esas personas
a vivir ahí: “ese predio es de uso habitacional y los legítimos y únicos dueños
son los habitantes de ese lugar”, “bastaría con que algún funcionario del
gobierno mexiquense respondiera oficial y públicamente que el terreno es propiedad
de los que hoy lo habitan, para que no haya mayor problema”.
Sin embargo, remarcó que el hecho de que el
gobierno mexiquense se muestre indiferente deja ver complicidad, “el silencio
absoluto del gobierno mexiquense en torno a las agresiones verbales y la
incitación a expulsar de Texcoco a nuestros compañeros, por parte de
Horacio Duarte y su grupo perredista, nos deja ver complicidad por omisión”
Homero Aguirre recordó que el acuerdo de
reubicación fue convenido el 20 de junio de 2011, por la Conagua, representada
por su director general, Ing. José Luis LuegeTamargo, quien autorizó un monto
de 30 millones de pesos para esta operación, y las autoridades del Gobierno
mexiquense, quienes posteriormente entregaron legal y públicamente el nuevo
predio a sus actuales ocupantes y son los responsables de cubrir toda la
normatividad urbanística.
La asociación de beneficiarios entregó al
gobierno estatal la parte que le correspondía en el convenio respectivo. La
evidencia de que esto es cierto son las declaraciones vertidas hace algunas
semanas, del secretario de Desarrollo Urbano del Estado de México, José Alfredo
Torres, quien dijo en una entrevista radiofónica: “El rancho Pimiango es una
propiedad privada… que desde la administración del doctor Higinio Martínez se
actualiza en su Plan de Desarrollo Municipal y es un predio que tiene uso
habitacional… es una propiedad privada que adquiere el Instituto Mexiquense de
la Vivienda Social, con recursos económicos que proceden de la federación y del
estado”.
En ese mismo sentido, Jesús Tolentino Román
Bojórquez, señaló que entre las familias que habitan el predio de 38 hectáreas
existe el temor de que las agresiones y ataques físicos suban de tono, sin
embargo puntualizó que Antorcha Campesina se mantiene en la postura de no ceder
a las provocaciones, ya que los respalda la legítima propiedad de los terrenos.
La organización social anunció que el próximo
6 de marzo, 20 mil antorchistas acudirán a Toluca para solicitar al gobernador
del estado su pronta intervención, para evitar que la situación llegue a
mayores, pues lo que los perredistas quieren es provocar al antorchismo y
ocasionar una nota roja, “crear violencia y terror contra nuestros compañeros”.
