Ciudad, de México. | 25 mayo de 2020
Tribuna
Libre.- El
penal denominado de “súper máxima seguridad de Papantla” fue anunciado en 2009
como el proyecto carcelario cumbre del ex secretario de Seguridad Genaro García
Luna. Pero a 11 años de ese vaticinio el inmueble se erige como un monumento a
la corrupción que, además de lucir inconcluso, registra sobreprecios
millonarios.
La obra del cefereso de Papantla fue mencionado
en el reportaje “El delito como negocio público y privado”, publicado este 24
de mayo por el reportero Mathieu Tourliere en la revista Proceso, edición
número 2273.
El reportaje detalla cómo el proyecto de
García Luna —que hoy es juzgado en Estados Unidos por, presuntamente, colaborar
con el Cartel de Sinaloa desde 2001 y cobrar sobornos millonarios— recibió el
aval de los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña
Nieto.
El penal de “supermáxima autoridad”, expone
el reportaje, tuvo una inversión inicial de 2 mil 88 millones de pesos, misma
que se incrementó en más de 400 por ciento debido a retrasos. De esta forma
exfuncionarios y empresarios se beneficiaron con nuevos contratos.
Una de las empresas favorecidas en junio de
2018 -con un contrato por 3 mil 959 millones de pesos para concluir la
construcción de la cárcel- fue Comtelsat S.A. de C.V., propiedad de Manuel de
Jesús Arroyo Rodríguez, dueño del periódico El Financiero.
Comtelsat fue denunciada por fraude por el
gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez. Lo anterior, por un probable
quebranto de más de 300 millones de pesos; la empresa es señalada de incumplir
en la instalación del Sistema Estatal de Videovigilancia, proyecto que también
fue a obra cumbre en materia de seguridad del exgobernador panista, Miguel
Ángel Yunes Linares.
Penal de Papantla: retrasos y sobrecostos
millonarios
El reportero Mathieu Tourliere relata que en
marzo de 2009 Genero García Luna anunció la construcción de dos penales
especiales: uno para secuestradores en Guasave, Sinaloa, y otro para “reos de
extrema peligrosidad” en Papantla, el cual contaría con un “módulo de súper
máxima seguridad”.
Se trataba de un “complejo de 28.1 hectáreas,
que prevé 2 mil 160 celdas de nivel de mediana, máxima y súper máxima
seguridad, el cual se gestionó bajo un esquema de asociación público-privada
(APP)·, a través de contratos de adjudicación directa, se lee en el reportaje
de la revista Proceso.
Sin embargo “las obras del penal se
alargaron, no se tramitó la licencia de construcción y debía quedar terminada
en diciembre de 2012.En febrero de 2015 la ASF observó que el penal seguía
inconcluso, con un avance del 85 por ciento, y detectó que del proyecto inicial
derivaron 15 contratos que absorbieron 3 mil 935 millones de pesos, cerca del
doble del presupuesto superior planteado”, revela Tourliere.
La construcción del penal se detuvo cinco
años en la administración de Peña Nieto. Además, la empresa encargada de la
obra, Tradeco Infraestructura -propiedad de Federico Alberto Martínez Urmeneta-
fue inhabilitada en 2016 por la Secretaría de la Función Pública y hoy es
investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un juicio
contra el narcotraficante Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente
hondureño, Juan Orlando Hernández.
Para el 12 de junio de 2018, en la recta
final del peñismo, el proyecto de García Luna fue retomado. Esta vez mediante
una nueva inversión de 3 mil 959 millones de pesos -más que la inicial de 2009-
a Servicios, Infraestructura y Tecnología Papantla S.A. de C.V., cuyos socios
son Comtelsat y Grupo Lauman, ambas propiedades de Arroyo Rodríguez.
“En el consejo de administración de la
empresa contratista figura Jaime Domingo López Buitrón, director del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el último año del gobierno de
Vicente Fox, y quien repitió en el cargo entre noviembre de 2011 y diciembre de
2012, al final de la administración de Calderón”, se expone en el texto de
Proceso.
El contrato por 22 años, adjudicado por la
extinta Comisión Nacional de Seguridad, que dependía de la Secretaría de
Gobernación, entonces encabezada por Alfonso Navarrete Prida, plantea el inicio
de las obras en julio de 2019 para que el penal esté terminado en noviembre de
2020.
“Además de la construcción, la empresa
equipará el recinto carcelario con “tecnologías de última generación”, así como
“vehículos y equipo mobiliario”, y proveerá diversos servicios, como el
mantenimiento del centro de control, la alimentación y la salud. También
prestará un “Servicio Integral de Capacidad Penitenciaria”, expone Proceso.
Comtelsat y Yunes, investigados por
fraude
Comtelsat, una de las empresas beneficiadas
con el contrato de la culminación del penal de Papantla, también recibió un
contrato por mil millones de pesos en el gobierno de Yunes Linares para la
adquisición e instalación de 6 mil 324 cámaras de videovigilancia en Veracruz.
En abril de 2019, funcionarios del gobierno
morenista de Cuitláhuac García denunciaron ante la FGR por peculado al
exgobernador, y por fraude a Comtelsat.
De acuerdo con información referida a
E-Consulta Veracruz, de un total de 6 mil 324 cámaras sólo recibieron
funcionando mil 695, es decir solo el 28 por ciento, de lo que prometió Yunes
Linares el 22 de octubre de 2017.
El sistema de videovigilancia debió
concluirse el 5 de julio de 2018, de acuerdo en el contrato SSP-UA-111/17, pero
el gobierno de Yunes heredó inconcluso el proyecto.
Comtelsat fue inhabilitada por tres meses por
la SFP como consta en la circular no. UR-DPEP-S-0011/2016. Lo anterior,
derivado de un procedimiento de investigación radicado en el expediente
CI-S-PEP-004/2013, del Órgano de Control Interno de Pemex Exploración y
Producción. No obstante, fue contratada por la administración yunista.
Aunque Comtelsat promovió un recurso de
revisión, número 22/2014, el recurso fue desechado. “En cumplimiento al acuerdo
de fecha dieciocho de mayo de 2016 del expediente citado al rubro, se emite la
circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la
República, Entidades de la Administración Pública Federal, y empresas
productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que deberán
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la persona moral
Comtelsat, S.A. de C.V.”, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
30 de junio de 2016.
Una auditoría realizada por el Órgano
fiscalizador de Veracruz (Orfis) advirtió sobre “un fraude debido al
incumplimiento de prácticamente todas las cláusulas del anexo del contrato
denominado "Adquisición, Suministro, Electrificación e Instalación y
Puesta en Operación de Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión CCTV",
en relación al sistema de videogilinacia
A ello se agrega lo expuesto en el reportaje
de Proceso. En mayo de 2012 García Luna otorgó por adjudicación directa un
contrato de 773 millones a Comtelsat para instalar cámaras en cárceles
federales; seis años después la ASF detectó que el proceso estuvo amañado y,
luego de señalar irregularidades, emitió un exhorto para que se sancionara a
los funcionarios que “en su gestión no vigilaron el adecuado seguimiento a los
procesos de contratación”.
