Eduardo de la Torre
Jaramillo| 26 Enero de 2013
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Tribuna Libre.- He escuchado, leído y visto la reacción de las mayorías de públicos
que con prejuicios afirman con excesiva certidumbre que Florence Cassez es una
secuestradora, esto nos indica que los mexicanos se inclinan por la “justicia”
y no por la “legalidad”, aquella producto de un montaje televisado; a lo cual,
debemos observar los efectos de la telecracia mexicana sobre los
sentimientos-creencias de los mexicanos sobre este caso en particular.
Me sorprenden las declaraciones de Isabel Miranda de Wallace, cuando
afirma “que los mexicanos de a pie estamos indignados” (sic); es decir ¿el
sentido común debería estar por encima del derecho?; por lo tanto, la legalidad
no es un valor importante en la práctica, sino que la sociedad mexicana está
acostumbrada a las excepciones, a negociar la ley por razones políticas o en
este caso por los “mexicanos de a pie”, esto va de la mano con los resultados
plasmados en la Encuesta Nacional de Valores 2011 que realiza Banamex y la
Fundación Este País, que “el treinta por ciento de los mexicanos dijera que para
tener éxito era necesario romper e infringir la ley”; este es el desprecio por
la ley en la mayoría de los mexicanos.
Partiendo de lo anterior, citaré lo que escribí hace más de año y
medio, porque considero pertinente volverlo a referir: “…se violentó el proceso
jurídico y que por lo tanto, en cualquier país del mundo la hubieran dejado
libre porque no tuvo un “debido proceso”, que está plasmado en el artículo 14
de la Constitución mexicana….
Continuando con la línea de interpretación anterior, el Consejo de la
Judicatura decidió publicar el expediente completo, allí se puede observar que
las tres personas (Ezequiel Vallarta, que es hijo de un secuestrador, según su
propia declaración) que señalaron a la francesa de secuestro (por cierto, hoy
viven en los Estados Unidos) cambiaron su declaración original a raíz de la
detención-montaje que hicieron en el año 2005 con la extinta AFI encabezada por
Genaro García Luna, esta filmación en vivo de la detención de los
secuestradores el 9 de diciembre y por ende la liberación de los secuestrados
es la que vulneró el debido proceso, ya que los secuestradores fueron detenidos
un día antes de la filmación, y obligados a ser los actores de ese video, esto
lo desechó la justicia mexicana, porque simplemente a lo largo de estos cinco
años evidenciaría la ilegitimidad del poder judicial, la ilegalidad de la
actuación de la AFI (ya que falseo documentos oficiales) y por supuesto se
caería la lucha en contra del crimen organizado como estrategia del actual
gobierno”.
Pasando al resolutivo de la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia en la versión de los ministros Olga Sánchez Cordero, Arturo Zaldívar,
y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, la considero jurídicamente impecable en el
sentido de defensa de la legalidad, sobre todo las razones jurídicas que
expusieron, las que demuestran una real división de poderes.
El proyecto del ministro Arturo Zaldívar del pasado 21 de marzo de
2012 ubicó la violación de tres derechos constitucionales: a) violación al
derecho fundamental de un detenido a ser puesto a disposición sin demora; b)
violación al principio constitucional de inocencia; y c) violación al derecho
de asistencia consular; todo ello tuvo una naturaleza grave e irreparable de
las violaciones a los derechos de Florence Cassez, y solicitó anular totalmente
el proceso como resultado burdo del montaje, el cual tuvo un “efecto corruptor”
en su proceso jurídico, y para lo cual solicitó un “amparo liso y llano” que la
dejaría en libertad inmediata.
El anterior proyecto fue retirado y se le asignó el caso a la ministra
Olga Sánchez Cordero, quien mantuvo las tres violaciones constitucionales, sin
otorgarle el mismo peso al montaje, por eso originalmente su propuesta versó
sobre un “amparo para efectos”, el cual no le otorgaría su liberación
inmediata; ese fue su proyecto original que cambió el día de ayer 23 de enero
de 2013, y se inclinó por el proyecto original del ministro Zaldívar; a lo cual
se sumó el voto del nuevo ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Este caso jurídicamente se cerró con la liberación de Florence Cassez,
ya que con las reformas penales de 2009 y constitucionales de 2011, y ante la
ausencia de las respectivas demandas en tiempo y forma en contra de los
funcionarios policiacos y de la procuración, administración de justicia, así
como tampoco al juez que dictó la sentencia; por eso Genaro García Luna y Luis
Cárdenas Palomino nunca podrán ser sentenciados por el “show” mediático que
armaron para fabricar pruebas, testigos y delitos, -con lo cual nunca se sabrá
si finalmente fue inocente o culpable Florence Cassez-; dicho sea de paso, el
abogado de la francesa fue el hijo del exgoberndor Agustín Acosta Lagunes, un
abogado brillante que está impulsando los juicios orales en el país.
Finalmente, hay que decirlo con mucho pesar que la sociedad mexicana
es un reflejo de sus políticos y viceversa, quienes también desprecian la ley,
ya que en su cultura de la ilegalidad es mejor violar todo tipo de reglas, como
hoy lo vemos en la materia electoral en Veracruz: autoridades y consejeros
electorales con vínculos con el gobernador en turno, actos adelantados de
campaña, financiamiento de precampaña y campaña ilegal, compra de votos,
coacción a los votantes; en fin esto es lo que nos caracteriza como una
democracia de baja y pésima calidad local y de nuestra lejanía para ser un
Veracruz moderno.
