El gobierno de Guanajuato expulsa violentamente de sus tierras y domicilios a 500 familias en Valle de Santiago
Aquiles Córdova Morán | 18
julio de 2013
Tribuna Libre.- Hace poco más de cinco años, un grupo
de comuneros sin hogar fundó una colonia en Valle de Santiago, Guanajuato,
sobre las últimas 43 hectáreas de una superficie original de 450, que fue
donada a un grupo indígena de la región de Valle de Santiago por su propietario
legal, el señor Pedro Bautista, de origen español, a mediados del siglo XVIII.
Esta donación está documentada con el Título Primordial que obra actualmente en
el Archivo Histórico de la Nación. A raíz de los movimientos y perturbaciones
que la Revolución Mexicana y la Reforma Agraria ocasionaron sobre la propiedad
de la tierra, los descendientes de los beneficiarios originales de la donación
buscaron y obtuvieron la ratificación de auténticos dueños del predio mediante
Resolución Presidencial de 2 de febrero de 1968, que obra en el Tribunal
Unitario Agrario. No hay duda, pues, de que los comuneros que se asentaron en
las 43 hectáreas dichas, ocuparon tierras de su legítima propiedad y no cabe,
por tanto, ningún litigio en su contra, y menos una acusación de despojo. Su
desgracia proviene de que el predio, tanto por su superficie como por su
ubicación privilegiada, es un botín muy codiciado por fraccionadores y sus
padrinos políticos, que lo han visto siempre como un pingüe negocio al alcance
de la mano. Así se explica que, no bien los comuneros comenzaron a levantar sus
humildes viviendas, apareciera, como surgido de la tierra, un grupito
encabezado por un tal Julio Lugo que se dijo dueño legítimo del terreno y se
quejó de despojo ante tribunales.
Y
ocurrió lo de siempre: la justicia guanajuatense, ni tarda ni perezosa, se puso
abiertamente de lado de los poderosos y dictó sentencia a favor de Julio Lugo y
socios, ordenando la restitución del bien “a sus legítimos dueños” (¿¡) al
mismo tiempo que eran detenidos y encarcelados los “líderes de los invasores”.
Esto ocurrió entre febrero y marzo de 2009. Los comuneros consiguieron un
amparo provisional; pero eso no evitó una catarata de amenazas de desalojo
violento por parte del gobierno del estado. Primera amenaza: 20 de julio de
2010; segunda amenaza: 25 de mayo de 2011; tercera amenaza: 23 de abril de
2012; cuarta amenaza: 11 de junio de 2012. Alrededor de esta última fecha, el
grupo amenazado buscó y obtuvo el apoyo y la asesoría del Movimiento Antorchista
de Guanajuato, y así, uniendo fuerzas y argumentos, lograron que un juez,
finalmente, ordenara el sobreseimiento del caso por la sencilla razón de que
los demandantes no lograron acreditar su
legítima propiedad sobre los terrenos reclamados.
A
partir de este hecho, la guerra de los falsos propietarios y sus padrinos
incrustados en el gobierno de Guanajuato cambia de táctica y de blanco: se
vuelcan de lleno contra la líder Antorchista de la zona, la compañera Soledad
Pérez Pérez, acusándola de ser “la promotora” de la “invasión”, de
fraccionamiento clandestino y de venta ilegal de lotes, además de estafar a los
colonos cobrándoles una cuota semanal de diez pesos por persona. El sábado 2 de
marzo del presente año, a través de un volante injurioso y lleno de falsas
afirmaciones, convocan a reunirse “a todas las personas que han sido
defraudadas por Soledad Pérez Pérez”; se aclara textualmente que “dicha reunión
será en coordinación con la Presidencia
Municipal” de Valle de Santiago. En esa reunión acuerdan firmar una
petición al Gobernador “para la regularización de los lotes (???) y para poner
un alto a este conflicto”. En una segunda reunión, celebrada el 9 de marzo,
piden a los asistentes que denuncien “las estafas” de Soledad y acuerdan
“buscar el momento” para subir (al predio) y provocar para que Soledad pueda
ser encarcelada”. Pero lo más revelador es que nombran un “comité de comuneros”
presidido por una tal Delia Martínez Medina y llevando como secretario a
Sebastián Diosdado, con la encomienda única y precisa de demandar a Soledad
Pérez “por despojo”. La maniobra no pudo ser ni más burda ni más descarada:
como Julio Lugo y socios fueron desenmascarados exitosamente, los verdaderos
interesados en el predio inventaron “nuevos dueños” en las personas de Delia
Martínez y Sebastián Diosdado, “comuneros” traidores a sus compañeros que se
prestan a la maniobra por treinta monedas, como Judas.
Soledad
contrademandó. Pero, para su sorpresa, la primera respuesta del abogado titular
de la “mesa de conciliación” fue negarse a levantar la denuncia alegando que
los cargos que ella esgrimía “no están tipificados como delito”, y exigió,
además, que desalojaran la sala 70 campesinos que la acompañaban. Soledad
insistió y, a regañadientes, el mismo abogado la envió a la Agencia II del MP
de Valle de Santiago donde se instauró la averiguación previa 3522/2013. Al
retirarse de la mesa de conciliación, todos oyeron claramente cómo el abogado
dijo a su secretaria, en voz alta: “esto es resultado de que se va a restituir
el bien a sus legítimos dueños”. Es decir, el asunto estaba ya resuelto en
contra de los comuneros antes de haber, siquiera, abierto la averiguación que
demandaban. La abogada del MP no fue más amable con los denunciantes; incluso
los amenazó con una masacre, allí mismo, por parte de “sicarios” del crimen
organizado, en caso de negarse a desalojar la sala, con lo cual dejó claro de
qué lado estaba la justicia. El desalojo que aquí denuncio es el cumplimiento
exacto de lo que entonces, y de ese modo, se anunciara claramente.
Este
atropello, una raya más al tigre de la “justicia” mexicana, no sólo es un
despojo (este sí, sin ninguna duda) a los comuneros; no sólo es un cínico
contubernio entre despojadores y autoridades; no sólo es un acto de barbarie y
cobardía (cobardía y brutalidad son el fruto necesario de toda dictadura, dice
el escritor alemán Erich María Remarque) contra Soledad Pérez y el Movimiento
Antorchista de Guanajuato; es, además de todo eso, un descarnado acto de
ceguera, sordera e insensibilidad sociopolítica sin nombre, del gobierno de
Guanajuato, cometido contra cientos de familias sin vivienda gracias al
abandono total en que las mantienen sus gobernantes desde siempre. Entró la
policía a la colonia, golpeó, insultó y destruyó todo lo que pudo, dejando a la
gente a la intemperie, en el más absoluto desamparo. ¿Y ahora qué sigue? ¿A
dónde va a ir esa gente? ¿Cómo enfrentará su situación, ya de por sí
desesperada? ¿Se resignará sin más a vivir en la montaña como alimañas salvajes
y peligrosas? Si eso cree el gobernador de Guanajuato, habrá qué aclararle, con
todo respeto, que el problema apenas empieza.