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Tony Macías perdió juicio laboral por más de 2 millones * Maniobras en la
Junta de Conciliación para solaparlo * Cuentas y acciones de Petromaya y
Parque Tecnológico Puerto México, en el aire * El Z-40 y el Cisne de
Tuxpan * Quiénes mandan en la Comunidad de Dios * El jefe de prensa
que se robó el presupuesto.
Mussio Cárdenas Arellano | 30 julio de
2013
Tribuna Libre.- Por gusto,
por vocación o por religión, Tony Macías es un personaje tormentoso, de
naturaleza pendenciera y codicia grande, que mantiene un obsesivo, permanente y
enconado conflicto con la ley.
Va de juzgado en juzgado, de MP en MP, unas veces
en demanda de millones de origen turbio y en otras sujeto a la acción de la
justicia, culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero siempre burlando
el marco legal, que es lo que mejor sabe hacer.
Su último traspié es un juicio laboral que lo tiene
al borde de un ataque de nervios, condenado a pagar más de 2 millones de pesos,
y a centímetros de ver congeladas sus cuentas bancarias y embargados sus
bienes, entre ellos los activos de Petromaya, S.A. de C.V. y las acciones de la
sociedad mercantil Parque Tecnológico Puerto México.
Vencido en los tribunales, Jesús Antonio Macías
Yazegey, el suegro incómodo del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, paga
también el precio de su soberbia y el menosprecio hacia los demás, sin cruzarle
por la mente que una empleada suya le daría una inolvidable lección.
Elizabeth Adriana Trinidad Quevedo se llama. Inició
como asistente el 1 de junio de 2001 y trabajó con él en Petromaya, hasta el 9
de septiembre de 2009, ocho años en que le sirvió más allá incluso de lo que
obliga el marco laboral, sin la remuneración debida.
Petromaya es la empresa que le sirve a Tony Macías
para enmascarar negocios. Su giro es el suministro de equipo de seguridad industrial. Fue pasada por la fe del notario
Yohan Hillman Chapoy. Su registro patronal ante el IMSS es el número F3 32411
10 3.
Adriana Trinidad era por demás eficiente. Tony
Macías, gerente general de Petromaya, puso en sus manos el manejo de la
correspondencia, la agenda de los expedientes personales y de trabajo, y las
llamadas telefónicas. Percibía en ese entonces 250 pesos diarios.
En 2005 pasó a ser recepcionista. Atendía a los
visitantes, recibía facturas, expedía contrarrecibos, concentraba la
correspondencia y la turnaba a las diversas áreas de la empresa, y trasladaba
las llamadas al personal según fuera el caso. Su salario aumentó a 450 pesos
diarios.
Algo, sin embargo, falló. Elizabeth Adriana
Trinidad tenía un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y de 5 PM a 10 de
la noche. Trabajaba once horas de lunes a sábado y nunca se le pagó tiempo
extra, por lo menos tres horas diarias, durante ocho años.
Muy de mañana, el 9 de septiembre de 2009, cuando
apenas llegaba a la sede de Petromaya, Adriana Trinidad recibió una noticia que
la dejó helada: Tony Macías la despidió.
Tres semanas después, el 1 de octubre, Adriana
Trinidad Quevedo demandó a Petromaya por la vía laboral, de acuerdo con el
expediente 1149/X/2009, ante la Junta Número 10 de Conciliación y Arbitraje. El
14 de diciembre se realizó la primera audiencia de conciliación, demanda y
excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas. Sólo se presentó el abogado de
la demandante. Ni Tony Macías ni el representante de Petromaya acudieron.
Esa omisión sirvió para que a Tony Macías se le
enderezara la demanda “por sí y como gerente de Petromaya y como propietario de
la fuente de trabajo”. Estaba adentro.
Así sería la tónica en lo sucesivo. Adriana
Trinidad aportó pruebas y reclamos en la audiencia del 3 de febrero de 2010, y
Tony Macías ausente, sin que su abogado, Pedro William Tiburcio Zaamario,
hablara por él. En consecuencia, cuanto decía la demanda, “se le tuvo por
contestada en sentido afirmativo”, refiere el expediente.
Meses después, el 8 de octubre de 2010, la Junta de
Conciliación emitió el laudo que condena a Petromaya y Tony Macías a pagar indemnización
constitucional de tres meses; salarios caídos desde el inicio del litigio y
hasta que la empresa o el suegro incómodo salden el adeudo; prima de
antigüedad; vacaciones; prima vacacional; aguinaldo, y deja a salvo los
derechos para que Adriana Trinidad requiera reparto de utilidades una vez que
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público revele el balance de la empresa de
Tony Macías.
Punto clave en el laudo, es el que se refiere a las
horas extras no pagadas a lo largo de ocho años de servicio, a razón de un
millón 83 mil 375 pesos, lo que elevó el monto la demanda a un millón 878 mil
125.40 pesos hasta el 29 de abril de 2013, cuando se realizó la diligencia de pago
y embargo. De entonces a la fecha, la cifra sigue creciendo.
Ese día se apersonó en el domicilio de Petromaya,
la actuaria Raquel García Ordaz. La acompañaban Adriana Trinidad Quevedo y su
abogado Guillermo Arrés Navarrete. La diligencia se celebraba en la avenida
Abasolo 1107, colonia María de la Piedad. Se requirió el pago y sólo hallaron
evasivas.
Atendía el caso el abogado Gustavo Sánchez
Guerrero, ex apoderado de INVIVIENDA, con quien Tony Macías concretó en 2005,
en el despegue del sexenio de la fidelidad, el despojo legalizado de 70
hectáreas de terreno en la reserva territorial de Coatzacoalcos para su
proyecto Parque Tecnológico Puerto México, un lucrativo negocio de compraventa
de predios, pero que de tecnología no tiene nada, y que no se sabe si el
verdadero dueño es Fidel Herrera, Tony Macías o el empresario Pancho Colorado,
preso en Estados Unidos por lavado de dinero de Los Zetas.
Lo exhortaba la actuaria a realizar el pago de un
millón 878 mil 125.40 pesos o a señalar bienes para garantizar el cumplimiento
del laudo. Sánchez Guerrero aducía que ese no era el domicilio de Petromaya
sino un despacho jurídico y que así se hiciera constar en el acta.
Adriana Trinidad y su abogado refirieron que el
abogadazo Sánchez Guerrero, cuando interpuso el amparo 168-2012, el 19 de enero
de 2012, había señalado como domicilio de Petromaya la avenida Abasolo 1107,
misma que ahora negaba. También le recordaron que el 24 de abril, interpuso un
recurso de revisión y volvió a citar el mismo domicilio de Petromaya. Así quedó
asentado en el acta.
Quienes observaban la escena, pudieron ver un
diálogo en corto entre Sánchez Guerrero y la actuaria Raquel García. Ante la
negativa a pagar, el abogado de la demandante señaló que debía embargarse las
cuentas 0156576788 de Bancomer, número de servicio F-401220-9; cheques,
efectivo, bienes muebles e inmuebles pertenecientes a Parque Tecnológico Puerto
México, del que Tony Macías es accionista mayoritario, así como el lote 1,
manzana 3, polígono 1, del mismo parque.
Sin embargo, tras el diálogo en corto con el
abogadazo Sánchez Guerrero, la actuaria Raquel García dio marcha atrás y dijo
que no podía realizarse el embargo porque no se señalaba el nombre del
beneficiario de la cuenta bancaria y que el bien inmueble Parque Tecnológico
Puerto México es una empresa distinta. Omitió decir que las acciones del PTPM
están a nombre de Tony Macías y que son embargables para garantizar el pago.
Raquel García dio por concluida la diligencia y
remitió el caso al “presidente ejecutor” de la Junta de Conciliación, Fernando
Domínguez Díaz, quien por cierto, se refiere a Macías Yazegey como “jefe” y quien el 29 de mayo se dijo sin
facultades para determinar bienes a embargar de Petromaya y Parque Tecnológico
Puerto México
Evidente la maniobra para encubrir a Tony Macías,
el titular de Conciliación citó a las partes el 10 de julio pasado. Ahí, como
si fuera abogado de la parte demandada, conminó a Adriana Trinidad a escuchar
un ofrecimiento de Tony Macías. Llevaba la oferta el otro abogadazo, Pedro Williams
Tiburcio Zaamario, quien dijo que sólo podían otorgar 450 mil pesos, y que era
mejor que los tomaran o no verían nada.
Le respondió Adriana Trinidad que el laudo estaba
emitido; que no había qué negociar; que hasta el día de la diligencia de embargo
—29 de abril— sumaba un millón 878 mil 125.40 pesos, más los que se acumule, y
que Tony Macías tenía que pagar. Tiburcio se despidió con un “cuídese”.
¿También se juega a las amenazas prósperas?
Displicente en un principio, histérico después,
Tony Macías fue presa de la soberbia que llevó a desestimar el juicio laboral,
abandonarlo y finalmente escamotear el pago de más de 2 millones de pesos con
la complicidad de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ha de suponer que así
podrá sustraerse a la acción de la justicia. ¿Y la instancia federal?
Quiéralo o no, su imperio será embargado. Ya se
verá.
Archivo
muerto
Inevitablemente cáustico, corrosivo, es el caso
Z-40 para el alcalde de Tuxpan, Alberto Silva Ramos. Dicen los insiders que su
hermano Francisco “El Negro” Silva era el abogado de Francisco Colorado Cessa,
Pancho Colorado, sentenciado éste a 20 años de prisión en Estados Unidos por
lavar dinero de Los Zetas, y que además era apoderado legal de ADT
Petroservicios, la blanqueadora de dinero de esa organización. Otro indicio del
nexo Silva-Zetas es citado en un escrito enviado al Presidente Enrique Peña
Nieto en los últimos días de 2012. En él aparece el nombre de Alejandro Sánchez
Rosales, quien era gerente de construcción de ADT Petroservicios y director de
Obras del Cisne Silva Ramos durante los primeros días en el ayuntamiento de
Tuxpan. O sea, dos cercanos al alcalde Silva embarrados con los malosos, y él,
Silva Ramos, cercanísimo a Fidel Herrera, de quien fue auxiliar en el Senado, y
ahora delfín del gobernador Javier Duarte, en la trama de Los Zetas. Y así, con
la sombra del narco, apunta el Cisne Silva para secretario de Gobierno. ¿Qué
pensará Peña Nieto de semejante osadía? Él combatiendo a Los Zetas y en
Veracruz revitalizando a quienes estuvieron cerca de los barones de la droga.
¿Y qué dirá la DEA?… Muy familiar es la Comunidad de Dios. Tanto que en su
solicitud de registro ante la Secretaría de Gobernación aparecen como
integrantes del “Comité ejecutivo Nacional” el pastor Claudio Martínez Morales,
recientemente asesinado, con carácter de presidente; su esposa Luz Margarita
Enríquez Aguilar, secretaria, y su hermano Jorge Luis Martínez Morales,
tesorero. Otros dos asociados son Candelario Fuentes Díaz de León y María
Magdalena Rivera Meraz, aunque ellos sin cargo directivo. En el documento
figuran sólo dos ministros de culto: Claudio Martínez Morales y su viuda, Luz
Margarita Enríquez Aguilar. La solicitud de registro fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación, el 15 de junio de 2009. O sea que ante la ausencia de
Claudio Martínez, brutalmente asesinado el 17 de junio, la única que podía
encargarse del culto es la pastora Lucy. Nada al azar; todo bien medido… ¿Quién
es ese publirrelacionista, improvisado en lides políticas, que se apuñaló el
presupuesto de campaña destinado a la prensa? Sus muy cercanos dicen que
mientras su candidato recibía metralla en letras de molde, él engrosaba su
cuenta bancaria, se daba gran vida y lo que le sobró se lo empinó de antro en
antro y de cantina en cantina. Corrió con suerte pues su candidato ganó la
elección y con ello se libró de tener que sofocar fuegos poselectorales sin un
centavo en la bolsa…
