Aquiles
Córdova Morán | 15 octubre de 2013
Tribuna Libre.- El domingo seis de los corrientes, a
eso de las siete de la mañana, el señor Manuel Serrano fue secuestrado cuando
se disponía a abrir su modesto negocio de venta de periódicos y revistas del
que ha vivido desde hace 50 años, con el que logró sostener un hogar y formar a
sus hijos como hombres y mujeres de bien. Precisamente la pregunta que encabeza
mi escrito de hoy se explica y justifica por este hecho. ¿Quién o quiénes
podrían tener interés en secuestrar a un modesto vendedor de diarios y
revistas, perfectamente conocido e identificado por todos los que viven y
trabajan cerca de él y cuyos ingresos, por elevados que se supongan, no pueden
ser un atractivo para quienes buscan riqueza fácil y rápida mediante el
secuestro? Dicho brevemente: a la vista de su actividad y de sus posibles
ingresos, don Manuel Serrano no es
secuestrable por el crimen organizado.
Antes
de pasar adelante, debo dejar constancia de que, al escribir lo que antecede y
lo que sigue, no pretendo acusar a nadie de este crimen. El respeto y el cariño
que todos los antorchistas de México sentimos por don Manuel, padre de nuestra
entrañable compañera, la Lic. Maricela Serrano Hernández, actual presidenta
municipal de Ixtapaluca, me obligan a la máxima prudencia para no ir a
incrementar el grave riesgo en que ya se encuentra su vida. Lo que sí pretendo,
porque lo considero útil (además de estrictamente cierto) para orientar a las
autoridades investigadoras y a la opinión nacional de los antorchistas y de
todo el público, es trazar un esbozo comprimido del marco social en que ocurre
el secuestro. Comenzaré recordando que el triunfo de Maricela en Ixtapaluca no
fue, ni con mucho, un día de campo. Fue una guerra sucia como pocas, en la
cual, además de las críticas, zancadillas, propaganda negra, compra anticipada
de votos y conciencias, etc., que pudieran calificarse de “normales” en todo
proceso electoral, se echó mano de la violencia física y el terror contra la
candidata y sus seguidores (daño y robo de vehículos, golpes a su equipo de
difusión, carteles llenos de insultos y amenazas pegados en las puertas de los
domicilios, etc.); del insulto personal con referencias a su vida privada y
familiar; de acusaciones y cargos que se castigan con cárcel, presentados sin
ningún tipo de prueba; y no se escatimaron las amenazas de muerte por
televisión, prensa escrita, volantes, correo electrónico y teléfono celular,
hechas en un lenguaje soez y brutal, contra ella, sus pequeños hijos y su
familia en general. De todo esto hay constancia escrita y grabada.
Consumada
su victoria a pesar de todo, las agresiones, insultos y amenazas no amainaron,
sino que, por el contrario, arreció su virulencia alimentada por el escozor de
la derrota, pero ahora se sumó la campaña mediática para descalificar el
proceso electoral y anular sus resultados: se armó un expediente amañado con
“pruebas” inventadas, con interpretaciones torcidas de la ley electoral, con
documentos para uso exclusivo de la autoridad, lo que puso al descubierto el
contubernio con las autoridades municipales en funciones; con “testigos”
pagados; etc.; todo esto para sustanciar su demanda de anulación de la
elección. También esta maniobra fracasó, y Maricela, con el odio incrementado
de sus opositores y de sus padrinos políticos (que a estas alturas eran ya
evidentes), asumió el cargo de alcaldesa de Ixtapaluca. La guerra se redobló,
ahora con el propósito de “no dejarla gobernar” para evitar que Antorcha se
“adueñe” del municipio “como hizo en Chimalhuacán”. Pero, en esta fase, la
situación se complicó con los dirigidos contra el Movimiento Antorchista
mexiquense, que viene luchando por la solución de las demandas de sus
agremiados desde antes que asumiera el cargo el Dr. Eruviel Ávila Villegas. Del
total de problemas que forman el paquete de peticiones, sólo debo destacar el
relativo a un grupo de trabajadores del volante, de “transportistas” como se
les conoce mejor, que por razones que han quedado plenamente demostradas ante
la autoridad correspondiente y ante el gobernador, han decidido abandonar las
filas del pulpo camionero que regenta el conocido “empresario” Axel García
Aguilera. La demanda esencial de los transportistas mencionados es de una
simplicidad y de una justicia tan elementales, que cualquiera se sorprendería
de las proporciones que ha alcanzado el conflicto: pareciera que se trata de
despojar a Axel García de todo su poder y de toda su fortuna mal habida, para
repartirla entre los inconformes, cuando lo único que piden es que se les
reconozca legalmente como asociación legal con derecho a trabajar y que se les
asignen rutas bien definidas para evitar todo tipo de roces con el grupo
dominante.
Pero
en vez del acuerdo justo y racional que buscan, lo que hasta hoy han conseguido
lo resumo así: agresiones físicas del grupo de pistoleros y golpeadores a
sueldo de Axel García (palizas, heridas de bala o por golpes con cadenas, tubos
y varillas, destrucción de sus unidades, etc.); el asesinato de seis
trabajadores y de su abogado defensor, sin que hasta la fecha haya un solo
detenido por estos crímenes; empleo de la violencia armada para impedirles
llevar a cabo su trabajo y constantes y graves amenazas contra su vida si
persisten en su demanda. En hechos más recientes, la Secretaria de Transporte
del gobierno mexiquense ha secuestrado más de 190 unidades a los inconformes,
que mantiene retenidas y destruyéndose aceleradamente en sus corralones, y esto
a pesar de que existe un acuerdo pactado y signado con esas mismas autoridades
y la Secretaría de Gobernación Federal. En la misma dinámica, se agredió a
balazos a un funcionario del ayuntamiento de Ixtapaluca, se han vertido
amenazas de muerte contra los responsables de la seguridad del municipio, se
han organizado “protestas” contra la alcaldesa, se han redoblado las injurias y
las amenazas en su contra vía internet y teléfono celular y se “sembraron” tres
cadáveres, jamás identificados hasta hoy, en lugares estratégicos de
Ixtapaluca, sobre los cuales se dejaron carteles con amenazas de muerte para
Maricela y seguidores. Este es el
contexto en que ocurre el secuestro de
don Manuel Serrano.
Creo
útil también informar un hecho que poco se ha mencionado: el mismo día y casi a
la misma hora en que secuestraban a don Manuel, fue allanado el domicilio de la
joven abogada Atenea Román Serrano, la hija mayor de Maricela. Aunque los
intrusos se llevaron algunas cosas de valor, lo que haría presumir un simple
robo, resulta muy difícil aceptar que la coincidencia en fecha y hora de ambos
ataques sea pura casualidad. ¿Se pretendía secuestrar a la abogada Román
Serrano junto con su abuelo? En fin, estos son los hechos y autorizo a quien
quiera hacerlo a que me desmienta. Pero insisto: no es mi propósito acusar a
nadie y escribo sólo para orientar el olfato de los investigadores y del
público. Lo demás es responsabilidad de las autoridades competentes. A los
captores de don Manuel les digo desde aquí que, si en verdad son delincuencia
organizada, recuerden o comprueben que los antorchistas jamás nos hemos erigido
en “jueces” de su conducta ni de la moral que anima sus actos; que nunca hemos
alzado la voz para condenarlos y exigir un castigo más duro que el que marca la
ley y que, en cambio, hemos pedido respeto a sus derechos humanos; estricta
aplicación de la ley, sin odio ni sevicia por parte de la autoridad; hemos
protestando contra las “comparecencias” ante los medios y la autoinculpación a
que en tales casos se les obliga; y que, a la vista de todo esto, respeten la
vida de don Manuel y el pacto a que se llegue para devolverlo sano y salvo al
seno de su familia. Ahora, que si no se trata del crimen organizado, entonces…
Dios dirá.
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