Iniciará el periodo de
pruebas y alegatos ante el Orfis
*En su
mayoría, inconsistencias administrativas dieron lugar a recomendaciones.
*Deberán
solventar observaciones instancias con presunto daño patrimonial.
Xalapa, Ver. | 31 enero de 2014
Tribuna Libre.-El pleno legislativo del Congreso de Veracruz aprobó por mayoría el
Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2012, remitido por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (Orfis), que una vez publicado en la Gaceta
Oficial del Estado, iniciará la segunda fase del Proceso de Fiscalización.
De esta manera, el Orfis
iniciará la fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de
Indemnizaciones y Sanciones, durante la que los servidores y ex servidores
públicos acuden a solventar las observaciones, por las que pudieran ser
responsables.
En el dictamen se menciona que
las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2012 de los poderes estatales se
realizaron a través de 77 despachos externos o prestadores de servicios
profesionales habilitados para tal fin, de los cuales 67 realizaron auditorías
financieras-presupuestales y 10 efectuaron auditorías técnicas a las obras
públicas.
Con 36 votos a favor, 10 en
contra y cero abstenciones, el dictamen consigna que en 64 dependencias y
entidades del Poder Ejecutivo, así como cuatro fideicomisos, sólo existen
inconsistencias administrativas, que dan lugar a recomendaciones que atenderá
su Órgano de Control Interno e informará al Orfis.
De la revisión se desprenden inconsistencias
en el manejo de recursos públicos en los siguientes entes públicos: Secretaría
de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP, antes Secretaría de Comunicaciones,
Secom); Instituto de Espacios Educativos del Estado, Instituto Tecnológico
Superior de Álamo Temapache; Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan;
Instituto Tecnológico Superior de Pánuco; Instituto Tecnológico Superior de San
Andrés Tuxtla, y Oficina Operadora de Ciudad Mendoza.
Así como en el Fideicomiso
Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número F/00095 (Túnel
Sumergido), y el Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y
Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del
Puente sobre el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción,
Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel
Sumergido de Coatzacoalcos.
En 174 ayuntamientos no se
detectó daño patrimonial, pero los 38 en que se presume responsabilidad de
carácter resarcitorio para los servidores o ex servidores públicos obligados,
son:
Acultzingo; Alpatláhuac;
Alvarado; Ángel R. Cabada; Astacinga; Atlahuilco; Ayahualulco; Camerino Z.
Mendoza; Carlos A. Carrillo; Castillo de Teayo; Chacaltianguis; Chinameca;
Colipa, y Cosautlán de Carvajal.
Así como Coyutla; Cuitláhuac;
Espinal; Filomeno Mata; Fortín de Las Flores; Gutiérrez Zamora; Huiloapan;
Ixcatepec; Ixhuatlán del Sureste; Ixtaczoquitlán; Jáltipan, y José Azueta.
Además de Mecatlán;
Naranjos-Amatlán; Nogales; Rafael Delgado; Sochiapa; Soconusco; Soteapan;
Tenampa; Tierra Blanca; Vega de Alatorre; Xico, y Zozocolco.
Por otra parte, se detectó
presunto daño patrimonial en la Comisión Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Alvarado.
En tanto, en el Poder Judicial
no se detectaron irregularidades con daño patrimonial, pero sí inconsistencias
administrativas cometidas por servidores públicos.
La Universidad Veracruzana
(UV), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Veracruzano
de Acceso a la Información (IVAI) y el Instituto Electoral Veracruzano (IEV)
sólo tuvieron observaciones administrativas.
En el Congreso del Estado y el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) no se
detectaron irregularidades.
En los casos de presunto daño
patrimonial, se instruyó al Orfis iniciar la Fase de Determinación de
Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones previstas en la
ley de la materia.
En los casos en que sólo
existan irregularidades administrativas, se instruyó a las contralorías para
que den el seguimiento debido a las irregularidades y recomendaciones.
En la etapa de
posicionamientos del dictamen de la Cuenta Pública participó el diputado Julen
Rementería del Puerto, del PAN, para manifestar el voto en contra de su grupo
legislativo, por considerar que la revisión realizada por el Orfis no se adecua
a la realidad y no responde a las observaciones que, a su consideración,
encontraron en el dictamen y que no fueron respondidas.
En el mismo punto, agregó que
les fue entregado el informe de resultados hasta el día 7 de enero, aun cuando
por ley se estipula que este informe será entregado al Congreso hasta el último
día de diciembre.
Por su parte, el legislador
Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo (PT), expresó que le es
difícil emitir el voto aprobatorio a la Cuenta Pública porque, a su juicio, el
procedimiento para la revisión de la administración pública no es transparente
y que los resultados que arroja el informe sólo contiene observaciones en
algunos casos, que para él deberían ser revisados más a fondo.
En tanto, el diputado Juan
Manuel Velázquez Yunes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
manifestó que su voto es a favor del dictamen de la Cuenta Pública 2012, dado
que es producto del análisis y participación directa de las diferentes fuerzas
políticas, en un acto de transparencia y rendición de cuentas.
