*Grupo Legislativo del
PAN vota en contra del dictamen
*Acusan al ORFIS de
trato diferenciado a órganos fiscalizados
*Hubo adquisiciones
directas fuera de la norma
*Señalan entrega de
anticipo de obras no registradas
*Encuentran obras
inexistentes o en su caso sobrecotizadas
*Se omitieron sanciones
a contratistas por incumplimiento
*Hallan trasferencias
anómalas en Fideicomisos Públicos
Xalapa, Ver. | 31 enero de 2014
Tribuna Libre.- Hubo trato diferenciado, ambigüedad e
incongruencia en los criterios de fiscalización aplicados por el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) en el Informe de Resultados de la
Cuenta Pública 2012, sostuvo el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(GLPAN).
Durante
la Décima séptima Sesión Ordinaria en el Congreso del Estado, los diez
legisladores panistas votaron en contra del dictamen de la Cuenta Pública 2012
por encontrar serias irregularidades como parte del análisis realizado al
informe de resultados.
Julen
Rementería del Puerto, coordinador de la fracción azul, dijo que entregaron al
titular del ORFIS y a la Comisión Permanente de Vigilancia un documento de 443
páginas, donde se destacan las observaciones hechas por la fracción panista a
las 1,020 auditorías, de las cuales 793 fueron financieras presupuestales y 227
técnicas de obras públicas.
El
diputado reprochó en tribuna que el informe de resultados les fue entregado
casi ocho días después de lo estipulado por la normatividad, documento que
-dijo- posee una interpretación juarista: “a los amigos, justicia y gracia; a
los enemigos, la ley a secas”.
Rementería
del Puerto remarcó que debe existir daño patrimonial por arriba de los 409
millones de pesos que asegura ORFIS,
porque sus criterios de fiscalización son relativos -aplican para unos y para
otros no- con algunos ayuntamientos, dependencias y fideicomisos que no
lograron la justificación de sus gastos.
Precisó
que dicho trato selectivo sucedió también con los entes fiscalizados que
erogaron cantidades sin contar con el convenio correspondiente de las
dependencias del gobierno estatal o federal, o bien con aquellos que no
hicieron las cotizaciones convenientes de precios y calidad de productos y
servicios.
El
GLPAN a través de su coordinador, informó que se detectaron adquisiciones por
adjudicación directa cuando no era el caso, así como entrega de anticipos para
obras de administración directa no estipulados en contrato, o bien entrega de
anticipos para obras que no fueron concluidas.
El
ex alcalde de Veracruz indicó que se detectaron procesos de licitación
efectuados de manera irregular, pago de obras inexistentes o montos elevados en
comparación con los establecidos por el mercado; y la omisión de sanciones y retenciones por atrasos o
incumplimiento de contratos.
Con
el respaldo de sus compañeros panistas, Rementería del Puerto comentó que
algunos Fideicomisos Públicos hicieron transferencias bancarias sin contar con
la Carta Instrucción del Comité a la Fiduciaria que da soporte a dichos
movimientos financieros.
Acusó
al ORFIS de no advertir un posible fraude fiscal por parte de servidores
públicos que no declaran Impuesto sobre la Renta (ISR), al Sistema de Ahorro
para el Retiro (SAR), el 2 por ciento sobre la nómina, y en el caso de los
constructores, a la retención del 5 al millar (recursos para pagar la
supervisión o en su caso la auditoría a la obra pública).
El
diputado panista destacó que en el caso de los fideicomisos públicos se
identificaron irregularidades importantes que fueron –a todas luces- exentas;
específicamente en lo que el organismo llama “Desahorro”, cuando hay mayor
gasto que ingreso.
Al
votarse en el pleno el dictamen de la Cuenta Pública 2012, los diputados
panistas Ana Cristina Ledezma López, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, María del
Carmen Pontón Villa, Domingo Bahena Corbalá, Edgar Hugo Fernández Bernal,
Alejandro Zairick Morante, Víctor Román Jiménez Rodríguez, Carlos Gabriel
Fuentes Urrutia, Jorge Vera Hernández y Julen Rementería del Puerto votaron en
contra.
El
GLPAN anunció –que aún aprobado el dictamen- no quitarán el dedo del renglón y
exigirán al ORFIS sea objetivo, justo y profesional en su trabajo fiscalizador,
por tratarse de recursos de los propios veracruzanos que deben ser
administrados de manera transparente.