*La Iniciativa del diputado Ricardo Ahued Bardahuil propone asignar el
10 por ciento del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal (IERTP) a estos rubros, para 2015.
Tribuna Libre.- Más de 160
millones de pesos se ejercerían durante 2015 en materia de seguridad pública y
procuración de justicia en Veracruz, de aprobarse la Iniciativa presentada por
el diputado Ricardo Ahued Bardahuil, para asignar a estos rubros 10 por ciento
de los ingresos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo
Personal (IERTP).
De acuerdo con la propuesta de reforma al artículo
105 del Código Financiero, presentada al Pleno legislativo, el Estado
dispondría de más recursos para garantizar el bienestar de la población.
Al reconocer que el presupuesto es insuficiente
para cubrir dicha demanda, el representante popular consideró “saludable que en
el proyecto anual de egresos que aprueba la Legislatura local se etiqueten
recursos para infraestructura, operación técnica y capacitación en seguridad
pública y procuración de justicia”.
Ahued Bardahuil señaló que es tarea de los
legisladores buscar nuevos mecanismos para resolver las problemáticas sociales
y coadyuvar en los esquemas que propicien un mayor desarrollo para los
veracruzanos.
La iniciativa consigna que en Veracruz deben
destinarse recursos adicionales para que las instituciones encargadas de
investigar conductas delictivas estén en condiciones de atender las solicitudes
de los ciudadanos.
El Artículo 105 del Código Financiero del Estado
establece que el impuesto mencionado se destina a otorgar créditos para micro,
pequeñas y medianas empresas, financiamiento del gasto público, obra
pública y protección civil en la entidad.
Para ello, el Gobierno del Estado constituyó un
fideicomiso público, al que destina 100 por ciento de la recaudación, y el
Comité Técnico del Fideicomiso está facultado para conocer, aprobar y controlar
los proyectos de obras y acciones públicas, así como fijar el monto destinado a
otorgar los créditos que se sometan a su aprobación, para garantizar la
correcta aplicación de los recursos.