*En sesión ordinaria, aprueban diputados nueva Ley del Instituto de
Pensiones, con 35 votos a favor y nueve en contra.
*Se fijan nuevas condiciones para acceder a las jubilaciones y se
instaura un “sueldo regulador”, que promedie el monto de la pensión.
Xalapa, Ver. | 19 julio de 2014
Tribuna Libre.- El Pleno de la LXIII
Legislatura de Veracruz aprobó en sesión ordinaria, con 35 votos a favor y
nueve en contra, el Dictamen de la Ley de Pensiones para el Estado, que ajusta
los montos de las aportaciones, establece la edad por jubilación, aumenta la
edad por vejez y disminuye la antigüedad para obtener la pensión por invalidez.
Para garantizar el continuo derecho humano a la seguridad social, la
reforma integral al Sistema Estatal de Pensiones del Estado fija nuevas
condiciones para acceder a las jubilaciones e instaura el “Sueldo Regulador”,
que sirve de base para la pensión, entre otros.
Esta ley establece que, para las llamadas nuevas generaciones de
trabajadores y pensionados, las cuotas y aportaciones serán de 15 por ciento
para el empleado, 20 por ciento al patrón y 15 por ciento del monto de la
pensión al beneficiado.
Los diputados modificaron el texto original para establecer en el
artículo 19 que los pensionistas aportarán al IPE 12 por ciento de la
jubilación o pensión que disfruten, pero quedan exentos quienes perciban no más
de tres salarios mínimos generales elevados al mes, correspondiente al área
geográfica “A”. La aportación se descontará del pago mensual que reciban y el
Instituto la destinará a su Reserva Técnica.
También se fijó que, en caso de que los recursos del IPE no basten para
cumplir con las obligaciones a su cargo, el déficit lo cubrirán los patrones en
la proporción que a cada uno corresponda, previa celebración de convenios
especiales, en los que el Gobierno del Estado será responsable solidario.
Además, la ley contempla crear la Pensión Móvil, que consistirá en dar
un aumento a los pensionados en la misma fecha en que los entes públicos
otorguen incremento salarial a los trabajadores en activo, y será equivalente
al porcentaje real de este incremento, de acuerdo con el estudio actuarial.
Se precisó que se considerarán trabajadores en transición quienes
ingresaron al servicio con fecha anterior a la entrada en vigor de la presente
ley, excepto los dados de alta en el servicio antes del 1 de enero de 1997, que
tendrán derecho a una pensión por jubilación a los 30 años de servicio y edad
mínima de 53 años.
El Sueldo Regulador será el promedio ponderado de los sueldos de
cotización, de acuerdo con los años que le falten al trabajador para cumplir 30
años de cotizaciones al Instituto, y de acuerdo con la entrada en vigor de esta
ley, previa actualización mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
La nueva ley, integrada por once capítulos, 116 artículos y 15 transitorios,
dicta que tienen derecho a jubilación los trabajadores con 30 años o más de
servicios e igual tiempo de cotización al instituto, que hayan cumplido 65 años
de edad.
Los trabajadores en transición que ingresaron al servicio hasta antes
del 26 de noviembre de 2007 tendrán derecho a una pensión por jubilación al
cumplir 30 años de servicio y contar con 53 años de edad.
Los trabajadores en transición que ingresaron al servicio después de
esta fecha tendrán derecho una pensión por jubilación al cumplir 30 años de
servicio y 60 de edad. El monto de la pensión por jubilación –en todos los
casos– será de 100 por ciento del Sueldo Regulador.
POSICIONAMIENTOS
En la discusión de este ordenamiento, el diputado Cuauhtémoc Pola
Estrada, del Movimiento Ciudadano, dijo carecer de elementos para un análisis
profundo de la Iniciativa, y que no existe consenso entre los sindicatos de
trabajadores al servicio del estado para modificar la Ley del IPE.
Afirmó que los trabajadores y pensionados, son los menos culpables de
las decisiones equivocadas que pudieron tomarse antes en la institución.
Francisco Garrido Sánchez, del Partido Alternativa Veracruzana (AVE),
dijo que la reforma al Sistema de Pensiones mejorará significativamente el
nivel y condiciones de vida a los trabajadores. Garantiza su seguridad social y
el pago de las pensiones en el estado, sin que el Gobierno sacrifique –para
cubrirlas–, las inversiones destinadas a otros rubros.
Plantea un sistema con garantía de pensión mínima a todos los
trabajadores afiliados y su aumento de acuerdo con Índice Nacional de Precios
al Consumidor. Esta decisión favorecerá a las próximas generaciones y
“esperamos que sea por el bien de Veracruz”, agregó.
Por su parte, Jesús Alberto Velázquez Flores, diputado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), dijo que esta ley se aplica retroactivamente y
aumenta la edad y las contribuciones de los trabajadores, quienes no son responsables
de la situación del IPE, que genera un alto déficit anual.
Juan Eduardo Robles Castellanos, coordinador del Grupo Legislativo del
Partido Verde Ecologista (PVEM), manifestó que se busca resolver la
problemática del IPE y “la Ley que hoy se vota tiene muchos aspectos
positivos”, benéficos por razones de justicia social, como el disfrute de una
pensión por invalidez, cuyo requisito baja de 15 a tres años.
Entre sus novedades –continuó– está el establecimiento del Sueldo
Regulador, con base en los ingresos que percibió durante toda su vida laboral y
no el último. Se crea también un Comité de Vigilancia para cuidar los recursos
del Instituto, y en cuanto a las sanciones, la idea es desterrar las prácticas
de corrupción.
Luego, el diputado Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo
(PT), habló de “la desigualdad salarial que existe en el país”, cuya riqueza
–que concentran unos pocos– es resultado del trabajo de la mayoría de la
población.
Consideró que el Dictamen de esta nueva Ley del Instituto de Pensiones
del Estado “no explica cómo se ha descapitalizado el IPE, y por qué es
necesario hacer estas reformas”. Además, cuestionó el monto con que se han
pensionado algunos funcionarios.
La diputada Jaqueline García Hernández, en nombre del partido Nueva
Alianza (Panal), expuso que su compromiso es con las nuevas generaciones y la
seguridad social debe ser garantizada por el Estado, pues no se trata de una
ayuda o medidas asistenciales, sino de un derecho de los trabajadores.
Pidió acrecentar la protección social y construir una reforma con
posibilidades reales, pues la esperanza de vida es de 72.4 años, lo que hace
necesario adecuar la edad de jubilación. “Esta iniciativa respeta los derechos
de los trabajadores” y busca recuperar la solidaridad transgeneracional, una
política social con derechos garantizados –agregó–, con una reforma estructural
como la propuesta.
El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
(PAN), Julen Rementería del Puerto, explicó que no pueden ir a favor de esta
propuesta, cuando el sistema de pensiones está en crisis: “Sólo hay dos
posibilidades, pues se perjudica al ciudadano o se perjudica al trabajador”.
Al hacer uso de la palabra por segunda vez, reconoció que el dictamen contiene
beneficios, pero otros aspectos requieren del consenso de los trabajadores.
Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Antonino
Baxzi Mata argumentó que el Dictamen a discusión es resultado de muchas horas
de trabajo, aunque hubo quienes no participaron en comisiones y ahora se oponen
a todo.
“Para mí como representante sindical, como trabajador, se logró que
–como lo marca el Dictamen– la pensión de quienes tienen los mayores sueldos no
pase de 26 salarios mínimos. Se protegió a los trabajadores de abajo, que
también pagan, porque el primer consenso fue apoyar a quienes ganan hasta tres
salarios mínimos”, para que no estén obligados a aportar 12 por ciento de su
pensión a la Reserva Técnica del Instituto.
“Modificamos varios artículos –continuó– y vimos que las viudas quedaran
protegidas. Se trató de no afectar a los trabajadores, sino de encontrar la
forma de sostener al Instituto”.