Aquiles Córdova Morán | 02
julio de 2014
Tribuna Libre.- El periódico digital “Uno Oaxaca”, en
su edición del lunes 23 de junio, publicó la siguiente nota firmada por su
reportera Águeda Robles: “Esta mañana fue asesinado el líder del Movimiento
Social para la Unificación de Mixtepec (MOSUM), Antonio Victorino Raymundo
Flores. Los primeros reportes policíacos indican que los hechos ocurrieron
entre las 4:00 y las 5:00 de la mañana en el paraje Tejón de Guadalupe Mesones,
perteneciente a San Juan Mixtepec. El cuerpo fue encontrado calcinado por lo
que se desconoce hasta el momento cómo se desarrollaron los hechos. En este
mismo paraje fue donde asesinaron al presidente municipal de San Juan Mixtepec
Feliciano Martínez Bautista y su escolta Policarpo Remigio Rojas”. Hasta aquí
la nota de “Uno Oaxaca”; y aunque el suceso ha sido difundido por otro medio
digital (e-consulta), parece evidente que se está tratando de silenciarlo, o,
por lo menos, de restarle toda la importancia que sea posible.
Ahora
bien, ¿cuál es la causa de que me ocupe yo del asunto por encima de la cortina
de silencio que parece estarse tejiendo a su alrededor? No es una sino varias
causas. Debo comenzar precisando, primero, que el hoy occiso no era antorchista
ni tenía relación política alguna con mis compañeros oaxaqueños, a pesar de lo
cual ni ellos ni yo tenemos duda de que se trata de un asesinato político. En
efecto, Antonio Victorino Raymundo es un líder muy conocido en todo el estado
de Oaxaca, y su organización (llámese MOSUM o MULT) es una de las poquísimas
fuerzas organizadas que, dentro de Mixtepec, se atrevió a enfrentar el dominio
feroz que la mafia dominante en ese municipio ejerce, mediante el terror y la
violencia, sobre toda la población. No sólo eso; también se atrevió a
presentarse como una opción electoral distinta para el gobierno de su
municipio, es decir, que quiso disputarle el poder al grupo dominante mediante
la lucha electoral y el voto ciudadano. Por todo eso, se había convertido en un
riesgo, en una seria amenaza para la estabilidad y la permanencia en el poder
de la dictadura que sojuzga a Mixtepec, y resulta claro que es ésa, y ninguna
otra, la causa de su muerte violenta. Es más, su asesinato había sido pregonado
en reiteradas ocasiones por sus enemigos políticos, y las amenazas de muerte le
habían llegado por diversas vías, todo lo cual era del conocimiento del gobierno
de Oaxaca que, sin embargo, no hizo nada para impedirlo. He aquí por qué es un
deber ciudadano denunciar este nefando crimen.
En
segundo lugar, el asunto nos interesa porque hay un cúmulo de evidencias
irrefragables, que en su momento he enumerado y descrito con toda puntualidad,
que no dejan lugar a la duda razonable de que la mano, o las manos que tan
brutalmente asesinaron y prendieron fuego al cadáver (quiero pensar que fue al
cadáver y no a la persona viva todavía, lo que sería de un sadismo realmente
patológico) de Antonio Victorino, son las mismas que han venido cometiendo las
atrocidades contra los indígenas de Santo Domingo Yosoñama para obligarlos a
renunciar a su derecho a la tierra heredada de sus ancestros. Y si es así, como
todo indica que lo es, los antorchistas del país tenemos que ver en este nuevo
crimen bestial un indicio, un anticipo y una prueba plástica, palpable, de lo
que le espera a todo aquel que se atreva a oponerse y a interponerse como un
obstáculo en el camino de la mafia de que hablo. Y tenemos que ver también, en
consecuencia, una amenaza descarnada y directa a la seguridad y a la vida, en
primer lugar, de los antorchistas de Yosoñama, y luego, del antorchismo
oaxaqueño en general. He aquí, pues, por qué es nuestro deber alertar al país
entero de tan horripilantes crímenes y de las ominosas amenazas que encierra.
En
tercer lugar, ésta es una nueva oportunidad para volver a poner de relieve la
curiosa e “inexplicable” impunidad con que actúa la mafia de Mixtepec; la
tranquilidad y el desdén hacia la opinión pública con que siguen acumulando
crimen sobre crimen, abuso sobre abuso, violación sobre violación a las leyes,
sin que pase absolutamente nada, sin que nadie parezca alarmarse por la
gravedad de sus hechos, sin que nadie (y menos que nadie la autoridad encargada
de perseguir y sancionar esos delitos) se inquiete y finja siquiera un intento
de poner un alto a tanta sevicia y tanta sangre derramada por esa gente que
hace rato debiera estar en la cárcel. Secuestro de 39 campesinos por más de
tres meses; asesinato de varios indígenas de Yosoñama, el cadáver de uno de los
cuales jamás ha aparecido; asesinato de Miguel Cruz José, líder Antorchista en
la Mixteca y miembro de la Dirección Nacional; asesinato de once indígenas, entre
ellos mujeres y niños, e incendio del vehículo en que viajaban. Y ahora se
agrega el cadáver calcinado de un opositor al grupo violento, lo que pone al
desnudo el mismo “modus operandi” y delata que se trata de la misma mano que
asesinó e incendió el vehículo de los indígenas de Yosoñama. No es exceso de
imaginación ni de temor el preguntarse: ¿qué sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién
protegerá la vida de los amenazados?
En
cuarto y último lugar, están las circunstancias que precedieron al crimen.
Primero, el problema agrario entre Mixtepec y Yosoñama. Lo nuevo aquí es que en
su última fase han intervenido, además de altas autoridades de Oaxaca incluido
el gobernador Gabino Cué, también representantes de SEDATU y de Gobernación
Federal. Y aunque se ha llegado a planteamientos razonables y admitidos por
Yosoñama, y el representante de Gobernación ha fijado fecha y hora para la
reunión que finiquite el problema, tal reunión ha sido cancelada de última
hora, sine die y sin mayores
explicaciones. Pareciera que la mafia de Mixtepec tiene el poder (o la
protección) suficiente para abortar los esfuerzos y la voluntad negociadora de
la mismísima Secretaría de Gobernación. A esto se suma la resistencia del
gobierno oaxaqueño para resolver este asunto, resistencia que llega incluso a
la mentira descarada al asegurar que “ya está todo planchado” con Mixtepec,
cosa que el tiempo probó ser una burda maniobra elusiva y dilatoria. Más aún:
como he dicho ya, hay información segura de que son altos funcionarios del
gobierno de Oaxaca quienes protegen a los asesinos de Mixtepec y bloquean todo
avance en la resolución del conflicto. Y el último detalle: fue difícil
conseguir que el representante de SEDATU en Oaxaca, Leonel Martínez, ex
presidente municipal de Mixtepec y convicto secuestrador de 39 antorchistas,
fuera removido de ese cargo. Pero… Hace pocos días, los medios dieron la
noticia de que ese mismo personaje siniestro fue nombrado representante de
SEDESOL para toda la Mixteca oaxaqueña. ¿Qué pasó? ¿Quién lo nombró? ¿La propia
titular de SEDESOL? ¿Es acaso miembro distinguido de alguna “tribu de la
izquierda”? ¡Quién sabe! Pero el hecho es que apenas dos o tres semanas después
de este nombramiento, se da el vil asesinato de Antonio Victorino. ¿Es pura
casualidad o es el aliento y poder que le dan a la mafia los hechos que
enumero? Por lo pronto, no hay más que dejar la respuesta al tiempo “que es el
que todo lo cubre y todo lo descubre”; pero la advertencia del peligro está
hecha y los antorchistas, una vez más, hemos cumplido con nuestro deber y con
nuestro derecho. De lo demás tendrán que responder las autoridades respectivas.