*El nuevo marco legal permite la participación
de capital privado en servicios que presta el Gobierno.
*Para proyectos de asociación y por más de un
ejercicio fiscal, deberán tener autorización del Congreso.
Xalapa, Ver. | 16 octubre de 2014
Tribuna Libre.- El Congreso de Veracruz aprobó por mayoría la nueva
Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado, que permite la
participación de capital privado en la prestación de servicios públicos, para
mayor certeza jurídica.
Este ordenamiento legal, dictaminado por la
Comisión Permanente de Hacienda del Estado, establece los lineamientos a seguir
sobre la participación de la iniciativa privada en el desarrollo y operación de
infraestructura en la entidad.
La ley, propuesta por el gobernador Javier Duarte
de Ochoa, quedó aprobada con 29 votos a favor, 15 en contra y dos en
abstención, indica que se podrá aplicar el capital privado en las obras y
servicios prestados por el Gobierno, como la construcción y operación de carreteras
y puentes.
Así también, en sistemas de transporte masivo y de
agua potable y saneamiento, y en la construcción y administración de puertos y
aeropuertos e infraestructura para generar energía eléctrica o desarrollo
urbano.
También permite que cualquier empresa o
profesionista proponga proyectos de infraestructura con participación de
capital privado y sin estar sujeto a las condiciones impuestas por la
legislación en materia de obra pública, que regula el gasto gubernamental
aplicado a las obras.
Se incorpora la figura del Tercero Especializado,
es decir, la persona física o moral que cuente con el reconocimiento de la
dependencia, entidad o municipio, dedicada a la revisión y dictaminación de una
propuesta de proyecto.
El nuevo ordenamiento, que consta de once títulos,
138 artículos más dos transitorios, estipula que para autorizar proyectos de
asociación público-privada, la dependencia, entidad o municipio deberá integrar
el expediente técnico que demuestre su viabilidad.
Este instrumento contendrá la descripción del
proyecto y su viabilidad técnica, ya sea para crear infraestructura, prestar
servicios o ambos; el dictamen emitido por el Tercero Especializado; los
inmuebles, bienes y derechos necesarios para dicho proyecto; viabilidad jurídica;
impacto ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico; las
estimaciones de inversión y aportaciones de quienes participen, entre otros.
La ley contempla que, en el caso de proyectos que
requieran subvención para la asociación público-privada con recursos públicos
por más de un ejercicio fiscal, deberán contar con autorización del Congreso
del Estado. Pero –se añade–, si prescinde de recursos públicos, no es necesaria
la autorización del Poder Legislativo.
Previo al análisis y discusión de este tema, el
Pleno votó y posteriormente desechó la moción suspensiva del diputado Julen
Rementería del Puerto, quien dijo no oponerse al dictamen, pues cualquier obra
es “bienvenida”, pero solicitó regresarlo a la Comisión respectiva, para su mayor
estudio.
En los posicionamientos, los diputados Cuauhtémoc
Pola Estrada, del Movimiento Ciudadano (MC), y Fidel Robles Guadarrama, del
Partido del Trabajo (PT), coincidieron en emitir su voto en contra, por
considerar que la Ley requiere mayores mecanismos de transparencia y rendición
de cuentas.
El legislador de Nueva Alianza, Eduardo Sánchez
Macías, habló del voto aprobatorio de su bancada, pues se incentivará el
desarrollo de infraestructura y se generará empleos.
Por el Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), el diputado Julen Rementería argumentó su voto en contra, con
la petición de que este ordenamiento legal contenga más controles de
transparencia y auspicie la rendición de cuentas.
En nombre de la bancada del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), la diputada Mariela Tovar Lorenzo anticipó el voto
aprobatorio a este dictamen, pues permite a empresas y profesionistas
participar en el desarrollo de obras y en la prestación de servicios en el
Gobierno, lo que alienta un crecimiento óptimo y sólido.
Con esta Legislación –agregó Tovar Lorenzo–,
Veracruz se pone a la vanguardia con un marco legal regulatorio que establece
derechos y obligaciones de los participantes en obras y servicios públicos.
Una vez aprobada en lo general, se reservaron
para su discusión en lo particular los artículos 16, 21, 23, 35, 100 y 119 de
esta ley, e hicieron uso de la Tribuna los diputados Joaquín Rosendo Guzmán
Avilés, Jorge Vera Hernández, Domingo Bahena Corbalá, Édgar Hugo Fernández
Bernal y Julen Rementería del Puerto, cuyos argumentos se desecharon por
mayoría y el dictamen se avaló en sus términos
