*Protegería de prácticas fraudulentas a los ciudadanos que adquieren una
unidad, de buena fe.
*Antes de adquirir un carro usado, se haría una revisión física y
documental, y se expediría una constancia que ampare que la unidad o sus partes
no tienen reporte de robo.
Xalapa, Ver. | 08 octubre de 2014
Tribuna Libre.- Para
garantizar la seguridad y proteger a los ciudadanos de los delitos de fraude o
encubrimiento por adquirir autos robados, el diputado Domingo Bahena Corbalá
propuso que en Veracruz se implemente un Programa de Compra Segura de
Vehículos Automotores.
Exhortó al Consejo Estatal de Seguridad Pública del
estado (CESP) a que, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia
del Estado (PGJ), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y las autoridades
federales y municipales competentes, instrumente dicho programa.
Desde tribuna, el Legislador propuso la instalación
y funcionamiento de Módulos de Identificación Vehicular para consultar la
procedencia de cualquier unidad, antes de formalizar la compra, y prevenir la
comisión del ilícito de encubrimiento.
Señaló que, de acuerdo con la Encuesta
Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2013 del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el robo
total o parcial de vehículos en la República Mexicana aumentó 25 por ciento en
un año.
Dijo que gran parte de los vehículos robados en
distintas partes de la República termina a la venta en Veracruz, y quienes
compran uno de estos vehículos pueden ir a prisión hasta por seis años, al
incurrir en delitos sancionados por la ley.
Es práctica regular –añadió– que
particulares oferten y compren vehículos sin intervención de autoridades. En el
trato directo a través de bazares, anuncios clasificados o sitios de Internet donde
se compran y venden automotores, las probabilidades de ser víctima de un fraude
se incrementan, pues el contacto entre comprador y vendedor es “virtual”.
Se advierte que en la entidad, quien adquiera,
reciba u oculte un auto robado, ya sea con conocimiento de causa o bien “si, de
acuerdo con las circunstancias debía presumir su procedencia ilegítima”,
merecería de dos a seis años de prisión.
A la fecha, estas transacciones se consideran de
alto riesgo y requieren la intervención de las autoridades para garantizar que
la buena fe de los ciudadanos no merezca penas por delitos en los que no
participó.
Por ello, el Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional
(PAN) propuso un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, para que las autoridades
competentes tomen cartas en el asunto, se coordinen y operen el programa
mencionado.
Bahena Corbalá dijo que se evitarían muchos
problemas, si antes de comprar un auto usado se hace una revisión física y
documental. Además, debe preverse que quien acuda de buena fe a verificar el
estatus legal de un auto de su propiedad, adquirido con anterioridad, no podrá
ser privado de su libertad o sujeto de mayores medidas, que las relativas al
decomiso de bienes.
Este mecanismo de prevención –finalizó el
representante popular– hace presumir de manera efectiva, la buena fe del
ciudadano al comprar un vehículo y otorga certeza jurídica a las transacciones
entre particulares, con la eficaz colaboración de las instituciones
competentes.
