Xalapa, Ver. | 21 noviembre de 2014
Tribuna Libre.- Los hechos ocurridos en Ayotzinapa, Guerrero,
no responden a hechos aislados, sino a un contexto de violaciones graves a los
derechos humanos. No obstante, en recientes declaraciones, el Presidente
califica las protestas sociales y las voces críticas a su gobierno como
intentos de “desestabilizar al país y atentar contra el proyecto que impulsa su
gobierno”. Tras los hechos de violencia ocurridos recientemente, incluso ha
justificado en el discurso el uso de la fuerza cuando se ha agotado cualquier
otro mecanismo para restablecer el orden.
La afirmación del presidente pone en
evidencia que su administración continúa sin reconocer la grave crisis de
derechos humanos que enfrenta México y que en los últimos años, la falta de
acceso a la justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos
humanos ha sido una constante.
Además, su declaración parece ignorar el
elevado número de personas desaparecidas en el país, que de acuerdo a cifras
oficiales son 22 mil y que la práctica de tortura se ha elevado en un 600%. A
esto se suman el cúmulo de medidas que no han sido efectivas para la búsqueda
de personas, así como las medidas de implementación de las bases de datos
estandarizadas.
“Enrique Peña Nieto muestra una vez más la
falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive
en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de
justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de
desestabilizar son la piedra angular de una sociedad democrática.” afirmó
Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
“Los hechos han rebasado ya los compromisos
verbales, es momento de que el Presidente reconozca la grave crisis de derechos
humanos que ha atravesado México en los últimos años y que su administración no
ha logrado combatir la impunidad en el país.”
Los reportes sobre abusos de derechos humanos
cometidos por la policía y las fuerzas de seguridad, incluyendo desapariciones
forzadas, tortura y detenciones arbitrarias continúan y la impunidad en todos
los crímenes sigue siendo la norma en el país.
Las personas defensoras de derechos humanos y
periodistas, quienes frecuentemente tratan de apoyar a las víctimas y revelan
los abusos, enfrentan cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos
indígenas y las personas migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus
posibilidades de obtener reparación integral son escasas. El sistema de
justicia continúa defraudando a las víctimas, a quienes se acusa de los delitos
y a la sociedad en general.
Éstos son sólo algunos de los problemas de
derechos humanos que las personas enfrentan en la vida diaria, que
evidentemente no reflejan un proyecto de nación comprometido con la protección
y garantía de los derechos humanos.
“Esta actitud hace caso omiso del dolor de
quienes sufren las consecuencias de las violaciones de derechos humanos. La
violencia institucional a la que se enfrentan las familias de personas
desaparecidas y de las víctimas de tortura en el sistema de justicia no ha
cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e ineficaces
mientras la impunidad impera.”
El Secretario General de Amnistía
Internacional, Salil Shetty, se reunió con Enrique Peña Nieto durante el mes de
febrero para expresarle las preocupaciones de la organización en materia de
derechos humanos.
Durante dicha reunión, se entregó un memorándum
acerca de los retos de derechos humanos en México, mismos que se comprometió a
atender y anunciar públicamente las medidas que tomaría para hacer frente a
esta grave situación; este compromiso no ha sido atendido, muestra de ello es
la negativa a tomar en cuenta las recomendaciones realizadas a México en el
marco del Examen Periódico Universal, particularmente las relacionadas con la
aceptación de la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de la
ONU y aquella relativa a abolir la práctica del arraigo.
