Puebla, Pue. | 21 noviembre de 2014
Tribuna Libre.- El 13 de noviembre, Elia Tamayo, madre del
niño José Luis Tehuatlie Tamayo asesinado el 9 de julio durante el desalojo de
una manifestación en San Bernardino Chalchihuapan, fue sacada del recinto donde
se celebró el VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia realizado en la ciudad de Puebla, esto por petición de la
presidenta del DIF estatal, Martha Erika Alonso, esposa del gobernador Rafael
Moreno Valle, denunciaron defensores de derechos humanos.
Este miércoles en conferencia de prensa
realizada en la Ciudad de México, Elia
Tamayo expresó que Rafael Moreno Valle “ha lastimado tanto Puebla, no le hace
que ya un niño fue matado por la policía y él sigue agrediendo más. El día 13
tuvimos invitación para esta ahí (en el Congreso). Él dice que salimos por
nuestra propia voluntad, pero él nos sacó de ahí, no quiso que esto se
escuchara más. Si él no es el culpable ¿por qué tiene miedo?”, cuestionó.
“Él
sólo quiso nuestro voto para quitarme a mi hijo”, en Puebla “ya no podemos
estar tranquilos, estamos viviendo en un terror con tanto acoso […]. Él (Moreno
Valle) nos corrió y dice que no, yo pido justicia contra Facundo Rosas
(secretario de Seguridad Pública en Puebla).
“Cómo es posible que él cometiendo todo solo
(tenga) una multa y un regaño. Cuando a los inocentes los encierra cobrándoles
altas multa, pues qué piensa, nosotros somos unos campesinos que apuradamente
vamos juntando pa’comer y él se está aprovechando, él nomás quiere más dinero,
si quiere más dinero que salga a trabajar para sentir cómo vivimos nosotros los
campesinos”.
Facundo Rosas Rosas se desempeñó como
comisionado general de la Policía Federal Preventiva (PFP) de 2008 a 2012, es
amigo cercano de Genaro García Luna quien fuera secretario de Seguridad Pública
durante el sexenio de Felipe Calderón. En 2011, ambos fueron señalados como
responsables de las muertes de los normalistas de Ayotzinapa, Alexis Herrera y
Gabriel Echeverría de Jesús, a manos de policías federales durante un bloqueo
en la Autopista del Sol el 12 de diciembre de 2011.
A petición de Rafael Moreno Valle, Facundo
Rosas operó el desalojo de los manifestantes que bloqueaban la carretera
Puebla-Atlixco, en el que José Luis Alberto Tehuatlie, de 13 años de edad,
murió por un impacto de bala de goma en la cabeza, proyectiles utilizados en el
operativo bajo el resguardo de la norma conocida como la “Ley Bala”, aún
vigente.
Aracely Bautista de la comunidad de
Chalchihuapan recordó que el 18 de octubre agentes de las policías ministerial
y estatal, junto con el grupo Antimotines de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado (SSPE) acudieron a la localidad donde “fueron detenidas cinco
personas, dos salieron bajo fianza, una por 49 mil pesos y otra de 43 mil. Tres
siguen presos acusados de intento de homicidio. Yo preguntó ¿a quién? Si ellos
fueron los que nos mataron a José Luis”.
Se trata de Raúl Contreras Montes, de 35 años
de edad y Álvaro García, de 32 años; quienes siguen el proceso penal en
libertad bajo caución. Camilo Tamayo; Fausto Gómez García, de 29; Vicente
Juárez, de 57 y Florentino Tamayo, de 57, siguen recluidos por los delitos de
tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las
vías de comunicación, por los hechos ocurridos el 9 de julio en la carretera
Puebla-Atlixco.
Aracely Bautista denunció que el día jueves
23 de octubre a las 11 de la noche “estaban 20 camionetas de la policía
ministerial y dos camionetas de inteligencia, porque nos dimos cuenta que
traían computadoras, estaban en el pueblo a punto de entrar. ¿Quieren ver más
gente muerta para estar en paz?”, espetó al gobierno estatal.
Aracely indicó que su hijo Javier Montes
Bautista, presidente de la junta auxiliar de la comunidad de San Bernardino
Chalchihuapan, tiene nueve averiguaciones previas en su contra por lo fue
obligado a dejar su comunidad.
Misrahim Hernández Fernández de Contingente
Puebla, indicó que “el gobierno del estado de Puebla quiere dar carpetazo al
caso”, es por ello que fueron expulsados del VI Congreso Mundial de los
Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Las razones que les dieron para que abandonaran el recinto fueron “que
el dueño del lugar no había autorizado su presencia, tampoco para que hubiera
un pronunciamiento en el Congreso”.
Al ser escoltados y acosados por personal de
seguridad en el interior del auditorio “conferencistas de Venezuela, Bolivia y
Alemania, Argentina y España, y gente del comité de la ONU, se solidarizaron
con la señora Elia” y al acercarse a ella, elementos de seguridad “también les
pidieron que se salieran”.
“Nos querían sacar por la puerta de atrás”,
pero Elia y sus acompañantes se opusieron y salieron por la puerta principal
donde se encontraron con la presidenta del DIF estatal Martha Erika Alonso, la
esposa del gobernador Moreno Valle, más tarde “enviaron a una persona de
atención ciudadana del gobierno del estado”, para remediar la situación, de
igual manera el área de comunicación social del gobierno de Puebla manejó la versión
de que se trató de un malentendido, cuando la agresión fue dirigida hacia Elia
Tamayo, narró Misraim Hernández.
Académico de la Universidad Libre de Berlín
solicitará a Amnistía Internacional se encargue del caso
Manfren Liebel, director del Instituto de
Estudios Internacionales en Niñez y Juventud de la Universidad Libre de Berlín
y coordinador de la Red Europea de Maestrías sobre Derechos de la Infancia,
envió un pronunciamiento desde Alemania, en el que reprobó la actuación del
gobierno de Puebla contra Elia Tamayo.
Informó que solicitará a Amnistía
Internacional, en su sede en Londres, atraer el caso del asesinato del niño
José Luis Tehuatlie Tamayo, ya que lejos de resolverlo se han suscitado
atropellos, acosos y violaciones a derechos humanos en contra de los habitantes
de Chalchihuapan.
En Europa, escribió el académico, “estamos
consternados” por el caso “del niño José Luis quien fue matado atrozmente, la
madre tenía todo el derecho de presentar el caso en el Congreso donde la
violencia contra niños era un tema principal.
“Protestamos enérgicamente contra el hecho de
que la señora Tamayo fue obligada por la presidenta del DIF, Puebla, esposa del
gobernador a salir del Congreso antes de reclamar sus derechos como ciudadana,
y madre del niño asesinado”
Liebel requirió que “el gobernador de Puebla ofrezca disculpas
públicas, recompense los daños efectuados por órganos del Estado a la familia y garantice la seguridad de la
familia del niño matado y de las personas que apoyan a la madre”.
“Fui
testigo del tratamiento inaceptable, al apoyar a la señora Tamayo me sentí
personalmente hostigado por la presidenta del DIF Puebla e integrantes de su
cuerpo de seguridad y finalmente (estuve) obligado a irme del estado de Puebla
temiendo por mi propia por seguridad”, indicó Liebel.
El activista Alan Jiménez, quien dio lectura al texto del sociólogo
alemán, explicó que congresistas de Venezuela, Bolivia y Alemania abandonaron
la entidad por recomendación de personas de la sociedad civil para salvaguardar
su propia seguridad. “Es mentira que hayan salido por su propio pie, (como lo
manejó el gobierno de la entidad) los compañeros fueron corridos de Puebla por
el hostigamiento de las autoridades”, dijo.
También recordó que en el último día del VI
Congreso Mundial realizado del 12 al 14 de noviembre, “los congresistas tenían
que pasar tres filtros de seguridad. A una compañera de Chile ponente al
evento, le impidieron la entrada porque nadie de América Latina podía estar
presente en el evento”, para evitar cualquier tipo de manifestación pública por
el caso Chalchihuapan.
Criminalización de la protesta desde el
discurso de Enrique Peña Nieto
El abogado Jesús Robles Maloof, subrayó que
la criminalización “de las personas que exigen sus derechos es el efecto
concreto que tienen las políticas que coartan la libertad de asociación, el
derecho a la protesta”, asimismo hizo responsable de la seguridad de la señora
Elvia Tamayo al gobernador Rafael Moreno Valle, lo que fue secundado por Daniel
Gershenson.
“Puebla se ha vuelto un feudo, donde se puede
correr a las personas de esta manera, se puede callar, se puede cancelar y
además con el uso de enormes recursos del presupuesto público”, recalcó Robles Maloof.
Advirtió que este caso es “consecuencia de un
contexto que se genera por una serie de políticas depredadoras, por la
criminalización de la protesta que pasa por encima de nuestra Constitución. Tan
sólo el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto hizo una declaración que
va en contra directa de la Constitución”.
Esta es una parte del discurso de Enrique
Peña Nieto ofrecido durante la inauguración de la Ciudad de la Salud para la
Mujer, sobre las movilizaciones de las últimas semanas por el caso
Ayotzinapa: “Protestas que a veces no
está claro su objetivo. Pareciera que respondieran a un interés de generar
desestabilización, de generar desorden social y, sobre todo, de atentar contra
el proyecto de Nación que hemos venido impulsando”.
Robles Maloof indicó que no se puede pasar
por alto lo dicho por el titular del Ejecutivo Federal, dado que “genera el
contexto para que gobernadores como Rafael Moreno Valle tengan carta amplia
para reprimir las protestas […]. No hace falta que Enrique Peña Nieto dé la
orden sino que con este discurso alude a que la exigencia simple de derechos
sea considerada un delito de facto”.
Piden que nuevo Ombudsman llame a comparecer
a Moreno Valle
De igual manera los defensores de derechos
humanos llamaron a Luis Raúl González, nuevo titular de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) “a que informe sobre las declaraciones que dio el
gobierno del estado ya que tiene que comparecer sobre el asesinato de José
Luis. Que dé el informe y lo pase al Senado para que el gobierno del estado
comparezca”, ante el Congreso de la Unión por este caso, indicó Misrahim
Hernández. Toda vez que las 11 recomendaciones emitidas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no han sido acatadas por el
gobernador de Puebla.
Durante el desalojo del 9 de julio en Puebla,
el señor Martín Romero Montes fue herido en la cara y hasta el momento ha
tenido que pagar 300 mil pesos en atención médica, a Hugo Jiménez de 27 años de
edad y padre de dos niñas y un niño, los médicos le informaron de la pérdida de
su ojo, y Gilberto Varela, de 16 años de edad, perdió la sensibilidad de dos
dedos de la mano, informó Misrahim Hernández Fernández vocero del Contingente
Puebla.
Antes de iniciar la rueda de prensa, Elia
Tamayo fue saludada por el obispo Raúl Vera y le ofreció su apoyo y
solidaridad.
Niñas, niños y adolescentes se pronuncian por
José Luis Tehuatlie
El Movimiento Latinoamericano y del Caribe de
Niña, Niños y Adolescentes Trabajadores emitió un comunicado en el que
expusieron la discriminación de la que fueron objeto durante el Congreso además
de que se pronunciaron por el asesinato de José Luis Tehuatlie, a continuación
se reproduce los párrafos que refieren al caso Chalchihuapan.
“Denunciamos contundentemente la violación
del más sagrado de nuestros derechos como lo es el derecho a la vida de nuestro
compañero José Luis Tehuatlie Tamayo de 13 años de edad, estudiante y
trabajador, quien fuera asesinado por cuerpos policiales pertenecientes a la
gobernación del Estado Puebla el 9 de Julio del presente año. Nos unimos a la
lucha de su madre la Sra. Elia Tamayo quien pide justicia y el castigo a los
culpables civiles y policiales.
“Denunciamos ante la opinión pública
internacional la actuación del gobierno del Estado de Puebla quienes expulsaron
a la Señora Elia Tamayo del recinto donde se estaba realizando el Congreso
Internacional por los Derechos del Niño y del Adolescente, cuando se disponía a
reunirse con miembros de la comisión de derechos del Niño de la Naciones Unidas
para exponer la situación del asesinato de su hijo José Luis”. (http://revoluciontrespuntocero.com/)
