*Aprueba el Congreso local modificar los códigos
Financiero, de Derechos y de Procedimientos Administrativos.
*Se ajustan disposiciones legales para recuperar
créditos en favor de la Hacienda Pública estatal.
Xalapa, Ver. | 30 Diciembre de 2014
Tribuna Libre.- El Congreso local
aprobó crear un Registro Público de Contadores, descuentos de 50 por ciento en
las multas a contribuyentes que busquen regularizar su situación, y la
simplificación fiscal para quienes venden un vehículo, entre otros puntos
contenidos en un Dictamen que reforma y adiciona los códigos Financiero, de
Derechos y de Procedimientos Administrativos para el Estado.
Durante la Octava
Sesión Ordinaria, el ordenamiento obtuvo 37 votos a favor, diez en contra y
cero abstenciones. Su propósito es fortalecer las facultades y acciones
tributarias que permitirán la adecuada provisión de servicios públicos, así
como agilizar la recuperación de créditos fiscales a favor del Estado.
La autoridad
fiscal podrá proporcionar a las sociedades de información crediticia, los datos
de los responsables solidarios de créditos fiscales no pagados ni garantizados
en los plazos que la ley establece. Implica la obligación de informar, pero no
un permiso para ejercer actos privativos de derechos.
Esta reforma crea
el Registro Público de Contadores, quienes al dictaminar los estados
financieros de los contribuyentes, facilitarán la fiscalización a la autoridad
y otorgarán certeza a los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones.
También faculta a
la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a emitir las reglas del
procedimiento para que el vendedor de un automóvil –al corriente de sus
obligaciones fiscales–, dé a conocer la operación mediante un aviso a la autoridad.
Así evitará ser objeto de algún requerimiento, pues quedará libre de
obligaciones con los cambios respectivos en el Padrón Vehicular.
Al cambiar el
Código Financiero, el contribuyente que busque regularizarse obtendrá 50 por
ciento de descuento en las multas.
Tras considerar la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que el Fondo de Ahorro es parte
del salario, se incluirá en el cálculo de pago del Impuesto sobre Erogaciones
por Remuneraciones al Trabajo Personal, a excepción del monto que el trabajador
aporte.
Para favorecer la
transparencia, se establecen las bases de licitación para adquirir mobiliario
con recursos estatales del Instituto de Espacios Educativos (IEEV), y
actualizan los costos por los servicios del Instituto Veracruzano de Cultura
(Ivec), para aplicar los recursos en el mantenimiento y mejora de sus
instalaciones.
La autoridad
fiscal podrá solicitar a instituciones de crédito la información sobre cuentas
bancarias a nombre de contribuyentes deudores con créditos fiscales firmes,
para –en su caso– realizar las diligencias necesarias y proteger la Hacienda
Pública.
POSICIONAMIENTOS
En la etapa de
posicionamientos, el diputado del PAN Julen Rementería del Puerto dijo que no
deberían modificarse las tablas de valores y costos por los derechos, pidió
simplificar trámites y se pronunció contra la posibilidad de abrir la petición
de información financiera bancaria.
Por el Partido
Nueva Alianza (Panal), Jaqueline García Hernández explicó que debe tenerse una
hacienda pública fortalecida. Su voto a favor responde a que las modificaciones
son resultado de un proceso legislativo responsable, que atiende problemáticas
como la venta de un vehículo.
El diputado Fidel
Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo (PT), se opuso al Dictamen porque, a
su consideración, estas medidas benefician a los banqueros, el Registro de
contadores públicos podría prestarse a actos de corrupción, y no debe gravarse
el Fondo de Ahorro de los trabajadores.
Por el Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), el diputado Jesús Vázquez González dijo que
la realidad económica del estado obliga a revisar las disposiciones fiscales.
Avaló el dictamen, pues fomenta el estado de derecho y la cultura de la
legalidad: “Además de ser necesarios, sabemos que lo más molesta a los
veracruzanos no es el pago, sino la corrupción”.
La legisladora
Marcela Aguilera Landeta, del grupo legislativo del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), reconoció el papel de la administración pública estatal en
el desarrollo y crecimiento de la economía. Respaldó el Dictamen porque la
propuesta –dijo– se adecua a una sociedad cambiante, y busca fortalecer la
hacienda estatal y las facultades tributarias permitan una mayor recaudación.
