* La protesta de los que carecen de agua,
legítima * Intento de tomarle el anexo del palacio para frustrar el
informe * A Sanjuana sí la defienden; a Maryjose no * Zetina y su
inmadurez * En el INE no vale el choro ni el embuste
Mussio Cárdenas Arellano | 31 Diciembre de 2014
Tribuna Libre.- Montada sobre el
legítimo derecho de la gente a disponer de agua, una asonada política estuvo a
centímetros de dejar al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol sin informe de
gobierno, masacrado públicamente, el naufragio a la vista y su futuro en el
infierno, atrapado por un episodio de violencia.
Ocurrió la tarde
del viernes 26. Acudían al parque Independencia decenas de personas que
protestaban por la falta de agua, inmerso Coatzacoalcos en los efectos del
cierre de la presa Yuribia a manos de los ejidatarios de Tatahuicapan.
Reclamaban, exigían, increpaban. Y tenían mucho de razón.
Unos lo hacían por
la falta de agua, las pipas que no eran enviadas, los llamados desoídos. Otros
porque el agua carece de calidad, sabe a sal, su color oscuro semejante al agua
de tamarindo, que provoca enfermedades en la piel. Cuestionaban que el agua
emanada de los pozos perforados por el ayuntamiento de Coatzacoalcos, una
alternativa a la falta de suministro de la presa Yuribia, ni llega a los
hogares ni es agua pura. Y ahí, como expresión máxima del repudio, quemaban sus
recibos de pago.
Escucharon del
secretario de Gobierno, Oliver Damas de los Santos, la versión oficial: el
suministro vía tubería y pipas de agua llega a la totalidad de las colonias. Lo
contradecían. Exigían que diera la cara el alcalde Joaquín Caballero. Soltaban
los reclamos, volaban los insultos.
Roto el diálogo,
el grupo de manifestantes se dirigió a los bajos del palacio municipal.
Apostado ahí, los esperaba un grupo de empleados municipales —los porros del
Miguel Antonio Wong Ramos, uno de los cuatro alfiles del ex alcalde Marcelo
Montiel Montiel, el padre político del Caballero— con la encomienda de no
dejarlos avanzar, de intimidar.
Inminente el
encontronazo, algunos de los manifestantes se dirigieron a uno de los pasillos
que dan al anexo del palacio municipal, cerrada la reja metálica, frente a
ellos la valla humana.
Ahí inició la
gresca. Algunos videos que circulan en las redes sociales muestran el
zafarrancho, detonado con reclamos mutuos, jaloneos de una y otra parte y
finalmente los golpes.
Una de las
fotografías difundidas exhibe la brutalidad de uno de los porros tomando del
cuello a una mujer y recargándola sobre una camioneta. Los videos captan a uno
de los ciudadanos, quien se identificó como Arnulfo Altamirano, recibiendo
puñetazos y puntapiés, lanzado al suelo y ahí vejado una y otra vez. Instantes
después, entrevistado, mostraba un corte en el rostro y los hilos de sangre.
Admitía que él sí tiene agua pero que otros no.
En los videos se
aprecia que de parte de los manifestantes también lanzan golpes, trenzados con
el grupo porril, tras el intento fallido de trasponer la reja del pasillo que
conecta con el anexo del palacio, donde el sábado 27 rendiría su informe el
alcalde de Coatzacoalcos, Joaquín Caballero.
Concluye el
zafarrancho con reclamos de los manifestantes, acusaciones contra el alcalde,
contra los porros de Wong, identificados sus rostros en actos represivos
anteriores. Se miran y se gritan pero ya no chocan entre sí.
Minutos después,
inicia la batalla en las redes sociales. Se generaliza una condena por la
agresión a manifestantes. Se radicaliza el lenguaje. Algunas expresiones
tienden a la descalificación. La razón, dicen, la tienen los tatahuis porque el
gobierno de Veracruz no les ha cumplido. La razón, arguyen, es de los
manifestantes porque carecen de agua. La culpa, insisten, es de Joaquín
Caballero. Y en ese tono el caso se vuelve viral.
Quiere el
joaquinismo enfrentar a los detractores del alcalde, pero le va peor. Le echan
en cara el desabasto de agua, la mala calidad y anuncian que no pagarán el
recibo mensual. Se les descalifica con argumentos y con insultos. Llaman
prostituta a una “amiga” en Facebook de nombre Patty Zetina por criticar a los
tatahuis y decir que en la sierra amedrentan con palos y machetes, que no son
dueños del agua porque es un recurso federal.
La gresca permea.
Los medios locales y estatales, los portales en internet masacran al alcalde de
Coatzacoalcos. Lo llaman represor, le endilgan la agresión.
Mediáticamente,
Joaquín Caballero perdió la batalla, inútil su área de comunicación, las
dádivas a la prensa, el derroche millonario. Pero en lo político salva el
pellejo. Es legítimo el derecho a la protesta, pero ahí hubo algo más, un golpe
político que finalmente se frustró.
Lo que Caballero
impidió fue que le tomaran el palacio municipal. Impidió que los manifestantes
se apoderaran del anexo del palacio donde el sábado 27 rendiría su primer
informe de labores.
Unos fueron a
protestar por la falta de agua, y tenían razón. Otros fueron a allanar el
escenario donde se habría de realizar el acto de informe. De haberlo logrado,
Caballero habría naufragado.
Un día después, en
su informe, Joaquín Caballero volvería a decir que el conflicto por el Yuribia
obedece a razones políticas “y por la cerrazón de unos cuantos permanece
cerrada”. No refirió nombres. No admitió que el gobierno de Javier Duarte lo
dejó solo. No planteó que la insidia del secretario de Gobierno, Erick Lagos
Hernández, detonó el conflicto el 4 de diciembre, provocó una gresca, el
rompimiento con los ejidatarios de Tatahuicapan y que el alcalde Joaquín
Caballero saliera de la sierra en medio de una lluvia de piedras.
No invocó al
gobernador Javier Duarte, cuyas promesas han quedado en el olvido, engañados
los tatahuis, a medias los caminos y los puentes, las obras educativas, la
reforestación de la zona aledaña a los arroyos que abastecen la presa Yuribia.
No reveló cuántos
millones ha entregado el ayuntamiento de Coatzacoalcos en su administración y
en las anteriores, a los líderes sociales de Tatahuicapan, una parte para ser
invertidos en sus pueblos y otros para domar a los grupos sociales y operar un
acuerdo que permita mantener en operación la presa Yuribia. Algunos insiders sostienen
que sólo de marzo a noviembre fueron 12 millones de pesos, de los que el pueblo
de Tatahuicapan no vio nada. ¿Quién se quedó con el dinero?
“Ojala que pronto
nos digan, ya, (los tatahuis) qué agravios hay que compensar, cuáles son los
acuerdos pendientes de cumplir y qué esperan del pueblo de Coatzacoalcos”,
expresó Caballero.
Amargo, el
episodio para el alcalde de Coatzacoalcos deja lecciones: la brutalidad del
grupo porril de Miguel Antonio Wong le dio estatus de edil represor; su
operación en medios de comunicación es deficiente al grado que hasta los de
casa lo masacraron, y su sistema de información clasificada —información de
seguridad— si bien identifica a los autores del intento de toma de palacio, no
traduce el análisis ni lo aterriza en la opinión pública.
Joaquín Caballero
fue avasallado en las redes sociales, sin poder dar respuesta a la cadena de
críticas. Su prensa afín, costosa, sumamente costosa, se le fue encima y lo
pulverizó. No dio el contexto real ni las otras razones de la protesta. No
advirtió que sobre la exigencia legítima de agua, y sobre todo, de agua con
calidad, se montó el intento de tomarle el anexo del palacio para frustrar su
primer informe de labores.
Joaquín Caballero
pudo dejar crecer la protesta para no ser llamado represor. Pero políticamente
hoy estaría peor. A la crisis del agua le sumaría no haber podido rendir su
primer informe.
El costo habría
sido mayor.
Archivo muerto
Dos enfoques para
dos casos comunes. A Sanjuana Martínez, periodista de la Jornada y afamada
escritora, detenida por la Procuraduría General de la República por un delito
añejo, la defiende la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y lanza una
alerta nacional porque en el trasfondo se aprecia una persecución por lo que
escribe. “Es un acto de represalia por el trabajo profesional ejercido por la
periodista”, dice el comunicado. A Maryjose Gamboa Torales, una de las mayores
críticas del gobernador Javier Duarte de Ochoa, la ignora la Comisión Estatal
para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz porque dictamina
que su caso no obedece a razones periodísticas. Ambas son periodistas de
denuncia, son contundentes, sacuden las estructuras del poder. Pero a Sanjuana
la defiende una comisión de derechos humanos y a Maryjose Gamboa, no le tiende
la mano la CEAPP porque este organismo es un apéndice de Javier Duarte. Se
deslindó en septiembre del caso Maryjose Gamboa. Alegó que mientras esté siendo
juzgada no puede presentar denuncia contra quien le imputa los cargos, lo que
se denomina litispendencia. Su actuación es tramposa y vil. No alzó la voz la
CEAPP por el amparo violado que estipulaba que no podía ser trasladada del
centro de reclusión de Playa Linda a otro penal, ni de las condiciones
insalubres en que se encuentra en el penal de Tuxpan. Una vergüenza el
organismo duartista para simular que protege a los periodistas de Veracruz.
Ojalá fuera como la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que sacó la
cara por Sanjuana Martínez y alertó al periodismo nacional... Si así como
atiende el área de personal del ayuntamiento de Coatzacoalcos, Jorge Luis
Zetina Castillo va enfrentar los temas electorales en el consejo distrital del
Instituto Nacional Electoral (INE), el PRI tiene un problema mayor. Zetina es
el mismo que generó una oleada de inconformidad entre el personal de confianza
vinculado al alcalde Joaquín Caballero Rosiñol, a quienes toreó con el pago del
aguinaldo, ocultó información, prometía a sabiendas que no iba a realizarse el
depósito en las cuentas bancarias y engañó con todo descaro. El INE es algo
distinto. Ahí se enfrenta a políticos de partido con gran kilometraje
recorrido, ex dirigentes, ex ediles, así como a consejeros que no se cuecen al
primer hervor. Tarea complicada para quien cree que hacer política es choro y
embuste...
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@mussiocardenas
