*Pide Octavia Ortega privilegiar intereses de las
víctimas, no las sanciones.
*A través de una iniciativa plantea la creación de
los Centros de Mediación Escolar para el Estado.
Xalapa, Ver. | 29 Diciembre de 2014
Tribuna Libre.- La Comisión
Permanente de Educación y Cultura del Congreso local realiza un trabajo de
revisión a la legislación local vigente en materia educativa, a fin de
adecuarla a la realidad social del estado y del país, satisfacer las exigencias
sociales y lograr un mayor respeto a los derechos a través de soluciones
alternas que, en lugar de privilegiar las sanciones, resuelvan de fondo los
conflictos y mire a los intereses de las víctimas.
La presidenta de
esa comisión, diputada Octavia Ortega Arteaga, quien el pasado 18 de diciembre
presentó ante el pleno de la LXIII Legislatura una iniciativa con proyecto de
decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Contra el
Acoso Escolar para el Estado de Veracruz, explicó que este ordenamiento, lejos
de resolver el problema, muchas veces deriva en situaciones que no abonan a una
solución, sino que se generan nuevos conflictos por la utilización de sanciones
en las que no se toma en cuenta los intereses de las víctimas.
La Presidenta de
la Comisión de Educación y Cultura refirió que, para promover la cultura de la legalidad
y la paz social, la actual administración estatal implementa mecanismos basados
en una política educativa orientada a la prevención del delito y a la
reintegración de los infractores a la vida social, evitando la repetición de
conductas que con el tiempo se conviertan en conflictos mayores.
Recordó que a
partir de esta iniciativa se crearía los Centros de Mediación Escolar para el
estado y se asume explícitamente la orientación de la reforma a los artículos
18 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto
derechos de víctimas y ofendidos, y pretende su adecuación a los más altos
postulados de la Carta Magna, así como a los principios y garantías previstas
en los tratados internacionales suscritos por México.
El modelo
garantista –explicó– toma como eje rector el principio del interés
superior de los niños y adolescentes, mismo que se traduce en la necesidad de
crear un sistema de medios alternos de solución de controversias, basado en el
derecho de mínima intervención, es decir, que el Estado no opere como vigilante
sino como garante de que las partes puedan llegar a un acuerdo y salir
beneficiadas.
Esto puede
lograrse gracias a que el sistema de medios alternos es confidencial,
autocompositivo, voluntario, flexible, creativo, cooperativo, rápido,
económico, informal, imparcial, neutral, y defiende los intereses de los
menores, entre otros aspectos.
Por ello consideró
necesario que, con base en el respeto a los derechos fundamentales, se realice
“una reforma a los medios posibles para resolver estos casos, convertirlo en
modelo nacional y adaptarlo al nuevo sistema acusatorio establecido por el
Código Nacional de Procedimientos Penales”.
