*Édgar Hugo Fernández Bernal solicitó a la Fiscalía
General del Estado integrar carpetas de investigación por los hechos del 5 de
febrero en el Palacio Municipal de esa ciudad.
Xalapa, Ver. | 12 febrero de 2015
Tribuna Libre.- Un exhorto al
Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) se dé cumplimiento, en sus términos, al convenio de coordinación
de acciones en materia de seguridad pública para la implementación del Mando
Único en el municipio de Córdoba, presentó el diputado Édgar Hugo Fernández
Bernal.
Al leer un
Anteproyecto de Punto de Acuerdo, turnado a la Junta de Coordinación Política
durante la Primera Sesión Ordinaria del Primer Receso del Segundo Año de
Ejercicio Constitucional, pidió a la Fiscalía General del Estado integrar
carpetas de investigación relativas a los hechos registrados este 5 de febrero
en el Palacio Municipal de Córdoba.
Señaló que a dos
años de la firma y puesta en marcha del Mando Único en esa ciudad, no se han
generado los resultados que los cordobeses esperaban. Un ejemplo –dijo–, fue la
agresión física de una empresa a empleados municipales, a unos tres metros de
la base del Mando Único.
Como representante
por el Distrito XVI y en nombre del Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), reiteró su solicitud de establecer o perfeccionar los
mecanismos de coordinación para que en ningún lugar del estado se repitan
hechos como el mencionado.
También, a
respetar el carácter constitucional del Ayuntamiento cordobés, a sus servidores
públicos y empleados, y garantizar el ejercicio de sus atribuciones
constitucionales, principalmente las delegadas de buena fe a la administración
pública estatal, como la seguridad pública.
Fernández Bernal
refirió que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece
que los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública están obligados a
prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido
víctimas u ofendidos de algún delito.
Además, brindar
protección a sus bienes y derechos y su actuación será congruente, oportuna y
proporcional al hecho; cumplir con sus funciones con absoluta imparcialidad y
sin discriminación, así como apoyar a las autoridades que así lo soliciten en
la investigación y persecución de delitos y situaciones de grave riesgo.