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febrero 24, 2015

Recibe Comisión Instructora pruebas y alegatos de defensa de Omar Cruz

*A nosotros, subrayó el diputado Velázquez Yunes, no nos corresponde determinar si tienen o no razón. “Nuestra labor consiste en analizar el caso y no generar tendencia alguna”, dijo
 

Xalapa, Ver. | 24 febrero de 2015
Tribuna Libre.- El presidente de la Comisión Permanente Instructora de la LXIII Legislatura local, diputado Juan Manuel Velázquez Yunes, recibió de Sergio Vaca Betancourt Archer, defensor legal del presidente municipal con licencia de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, el documento que contiene las pruebas y alegatos en el caso del Juicio de Procedencia que el edil enfrenta, acusado por la Fiscalía General del Estado de la desaparición y muerte del periodista Moisés Sánchez Cerezo.

El abogado acudió al Palacio Legislativo a las 18:00 horas de este lunes 23 de febrero, para entregar estas pruebas, que los integrantes de la Comisión legislativa analizarán para –de acuerdo con la ley- continuar el procedimiento.

Como se recordará, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía, pidió al Congreso local iniciar el Juicio de Procedencia contra Omar Cruz, quien luego solicitó una licencia temporal de 59 días al Cabildo de Medellín de Bravo.

La fecha límite para presentar pruebas y alegatos en su defensa vence este miércoles 25 de febrero, y los miembros de la Comisión –explicó Velázquez Yunes– tendrán diez días para, en coordinación con el Área Jurídica del Congreso local, citar a la parte acusada al desahogo de las pruebas y alegatos que considere pertinentes.

“A nosotros no nos corresponde determinar si tienen o no razón. Nuestra labor consiste en analizar el caso y no generar ninguna tendencia. Todo deberá desahogarse con total equilibrio y estricto apego a la ley”, agregó.


Velázquez Yunes consideró que el tema es delicado y a los miembros de la Comisión Instructora les compete determinar si el desafuero del Presidente Municipal procede o no: “Nuestra intención no es generar algún conflicto político ni establecer culpabilidad. Eso correspondería a la Fiscalía General del Estado”.  

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