*Modificarían la Ley Orgánica del Ejecutivo
estatal, para eliminar disposiciones relativas a la extinta Procuraduría
General de Justicia.
Xalapa, Ver. | 13 marzo de 2015
Tribuna Libre.- Para garantizar la
imparcialidad y objetividad en la función del Ministerio Público y mejorar las
actividades de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz, la diputada
Ana Cristina Ledezma López, en nombre de su grupo legislativo, presentó una
Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política
local.
La propuesta,
turnada a las comisiones permanentes unidas de Procuración de Justicia y de
Justicia y Puntos Constitucionales, plantea disposiciones relativas al titular
de la FGE, entre las que destaca que su designación deberá tener el aval de las
dos terceras partes de los integrantes del Congreso local, y no sólo de quienes
se encuentren presentes.
Proponen que la
remoción del Fiscal derive de faltas u omisiones a las leyes o tratados
internacionales que resulten aplicables con motivo de sus funciones y que
afecten de manera grave e irreparable los derechos humanos de una persona
dentro de un proceso penal. Esto sería promovido por el Ejecutivo estatal con
intervención del Congreso del Estado, para que el proceso no esté supeditado a
un solo poder.
La Iniciativa
también plantea incluir en la FGE órganos como las fiscalías especializadas en
Combate a la Corrupción y en Delitos Electorales, cuyos titulares sean
nombrados y removidos por el Fiscal, con la posibilidad de ser objetados por el
Congreso local.
Los legisladores
coincidieron en la necesidad de un mecanismo para la rendición de cuentas de
los titulares de los organismos autónomos, tal como la Fiscalía, y anunciaron
una Iniciativa al respecto.
Además, para
adecuar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado en relación con la
función del Ministerio Público, se presentó una Iniciativa que deroga algunos
de sus artículos, para eliminar a la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJ), que ya no existe.
Los miembros de
las comisiones permanentes unidas de Procuración de Justicia y de Justicia y
Puntos Constitucionales analizarán esta propuesta, que busca derogar las
referencias y atribuciones que tenía el Ejecutivo sobre la extinta PGJ, y que
la norma jurídica aún señala.