*Aprueban acuerdo de la Junta de Coordinación
Política, resultado de la propuesta del diputado Alfredo Gándara.
Xalapa, Ver. | 13 marzo de 2015
Tribuna Libre.- Que el Gobierno
del Estado y los ayuntamientos que buscan incorporarse o permanecer en el
programa Pueblos Mágicos destinen recursos conforme a su
disponibilidad presupuestal para el óptimo funcionamiento de esa estrategia,
pidió la LXIII Legislatura local, a través de un Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política.
Durante la Tercera
Sesión Ordinaria del primer receso, que inició a las 12:38 horas, la
Diputación Permanente avaló el acuerdo de los coordinadores legislativos para
solicitar a los gobiernos estatal y municipales que ponderen dicho programa,
pues representa una política turística que incide directamente en las
localidades con una marca distintiva, contribuye a elevar niveles de bienestar,
genera empleos y hace rentable la inversión para los pobladores.
Este acuerdo,
resultado del Anteproyecto presentado el 26 de febrero por el presidente de la Comisión
Permanente de Turismo, diputado Alfredo Gándara Andrade, pide a las localidades
involucradas que, al aplicar el programa, encaminen sus acciones a promover
atractivos turísticos culturales y naturales.
Además, que
impartan cursos de capacitación y programas de sensibilización a los
prestadores de servicios turísticos, den mantenimiento a sus vías de
comunicación, instalen señalética para orientación turística e intervengan en
servicios básicos de salud y seguridad, entre otros.
En su propuesta,
el Legislador destacó que Veracruz es un estado con vocación turística, riqueza
cultural y tradiciones, y en este rubro se divide en siete regiones: Huasteca,
Totonaca, Cultura y Aventura, Altas Montañas, Primeros Pasos de Cortés, Los
Tuxtlas y Olmeca.
La Secretaría de
Turismo federal dispuso de nuevos lineamientos obligatorios para las
localidades aspirantes y participantes (Diario Oficial de la Federación, 26 de
septiembre de 2014) en Pueblos Mágicos, entre los que pide la
aprobación y Punto de Acuerdo del Congreso local, donde se establezcan los
recursos presupuestales a asignar.
Los ayuntamientos
interesados deberán, en cada ejercicio fiscal, disponer de los recursos
económicos para el funcionamiento óptimo del programa.