A la
opinión pública general.
Xalapa, Ver. | 13 abril de 2015
Tribuna Libre.- Los indígenas y campesinos que representan el
80% de la población rural viven en la pobreza y en pobreza extrema, son los que
producen los alimentos básicos que el país consume, los que cuidan los ríos,
selvas y bosques, son la base de nuestra disminuida “Soberanía Alimentaría”.
Los campesinos e indígenas son los más golpeados por las crisis recurrentes,
han sido marginados y excluidos, abandonados a una vida de desempleo, hambre,
desnutrición, analfabetismo, esclavitud, inseguridad, delincuencia
organizada, se enfrentan y luchan con dignidad contra el despojo de
tierras y agua, la destrucción de bosques y selvas. Este abandono es la
realidad de campesinos e indígenas a pesar de la SOLIDARIDAD Salinista, el
PROGRESA de Zedillo, las OPORTUNIDADES de Fox, el VIVIR MEJOR de Calderón y el
actual PROSPERA de Peña Nieto.
Como resultado de la actual y fallida
Política Pública los indicadores de pobreza crecen, según el CONEVAL 53.3
millones de personas viven en condición de pobreza, mientras otros 11.5
millones de mexicanos sobreviven en pobreza extrema.
En tanto la concentración de la riqueza de
algunos crece, con la asignación privilegiada e inconmensurable de recursos
federales a los programas que se dirigen a los grandes productores
capitalizados del campo. Los apoyos al soporte de precios de las cosechas de
agricultura comercial, apoyos a las grandes asociaciones ganaderas, así como
los recursos para la adquisición de maquinaria y equipo que son asignados por
medio de los gobiernos de los estados benefician a grandes consorcios privados
y extranjeros como BACHOCO, CARGILL, MONSANTO, LALA, MASECA, RASTROS TIF etc.,
recursos enormes que contrastan con lo que se asigna al programa de apoyo a la
producción de Maíz y Frijol con escasos 1,200 millones de pesos.
Las poderosas empresas agroalimentarias
nacionales y extranjeras se han fortalecido a través del intermediarismo
financiero y comercial, de la mano de obra de jornaleros que viven en
condiciones de esclavitud, de este sistema que despoja al campesinado la
posibilidad de darle valor a sus cosechas, al verse forzado a venderlas a
precios irrisorios a la red de coyotaje de los monopolios.
La desigualdad que se vive en México es
ofensiva, la distribución de la riqueza en nuestro país es una de las peores en
el planeta, unos pocos concentran la mayor parte del ingreso nacional, mientras
la mayoría de la población enfrenta graves problemas para subsistir.
Este sistema insultante, polarizante y
excluyente de la riqueza, elimina por la vía de los hechos las libertades
civiles y democráticas, tiene como herramienta central un proceso de regresión
del autoritarismo y la proliferación de estrategias de robo y despojo de la
tierra, el agua y los recursos naturales a través de los Megaproyectos y las
Reformas como la Energética, la Ley Minera y la privatizadora propuesta de la
Ley General de Aguas impuestas por el Gobierno Federal, las cuales atentan
contra los productores del campo, lo que aumenta la criminalización de la lucha
social con más presos políticos en el país.
Las organizaciones firmantes proponemos el
establecimiento inmediato de un Acuerdo Nacional para el Campo, que establezca
líneas de acción de una nueva política de Estado que atienda a campesinos e
indígenas, que impulse el Desarrollo Rural Sustentable y la Transformación
Productiva y Social del Campo, con compromisos claros del Gobierno que atienda prioritariamente
los siguientes aspectos:
Una nueva política que se exprese en un nuevo
presupuesto para el campo con la participación de las Organizaciones Campesinas
e Indígenas, que garantice el apoyo y fortalecimiento a la agricultura
campesina y familiar, la Soberanía y Seguridad Alimentaria y el Derecho a la
Alimentación.
El respeto de los Recursos Naturales, tierra,
agua y territorio que implica la no imposición de Megaproyectos depredadores, y
si compromisos efectivos de proyectos e infraestructura amigables con el
ambiente, mediante consulta y acuerdo con los pueblos.
Un PROAGRO de hasta por 20 hectáreas por
beneficiario.
La creación de empresas nacionales de
producción de semillas y de fertilizantes en asociación con las organizaciones
de productores, así como una Empresa Comercializadora que compacte las compras
al sector rural del país de productos de la canasta básica del Gobierno
Mexicano.
Un Presupuesto digno para el campo y el
fortalecimiento de un presupuesto productivo con la participación de
representantes de Organizaciones Campesinas e Indígenas y representantes del
Gobierno que tengan como primera acción inmediata, discutir y construir el
Presupuesto destinado al Campo, partiendo de “la propuesta de Presupuesto Base
Cero”.
Respeto cabal de los Derechos Humanos que
implica la armonización de la legislación nacional con los tratados
internacionales y el acatamiento de las recomendaciones de los organismos
internacionales en esta materia, así como garantizar las libertades políticas y
democráticas que implica la libertad de los presos políticos.
Reconocimiento de las organizaciones
indígenas y campesinas como Entidades de Interés Público.
Para lo anterior es necesaria la formación de
una “Comisión Nacional para el Desarrollo Rural Social del Campo”,
integrada por el Gobierno Federal, las autoridades del sector y las
Organizaciones Campesinas e indígenas con presencia nacional, dotadas con voz y
voto.
Finalmente, informamos que en éste marco, nos
movilizaremos en diversas jornadas regionales, estatales y nacionales que se
darán entre el 10 y el 13 de abril por el conjunto del Movimiento Campesino e
Indígena Nacional, para cerrar con una Marcha Nacional el lunes 13 de abril a
las 10 horas, del Ángel de la Independencia a la Residencia Oficial de los
Pinos. Asimismo convocamos a construir una Gran Movilización Nacional para el
Rescate del Campo, el próximo 28 de abril.
ORGANIZACIONES
FIRMANTES: CNPA, Barzón, CCC, CONSUCC, RedOSC, CNPA MN, FPFV SXXI, MAIZ,
UCIZONI, UPREZ, CONMOP, RED MOCAF, UGOCP, AMUCSS, CAM, UGOCM-JL, ALCANO, UGOCM
