*Buscan armonizarlas con normas federales o
tratados internacionales y garantizar el cumplimiento de los preceptos de
equidad, informó su directora, Martha Mendoza Parissi.
Xalapa, Ver. | 20 abril de 2015
Tribuna Libre.- El Centro de
Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos del Congreso del
Estado analiza por lo menos diez ordenamientos vigentes en Veracruz en materia
de Educación, Salud, Responsabilidad de Servidoras y Servidores Públicos y los
códigos Electoral, Civil y Penal, entre otros, para armonizarlos con normas
federales o tratados internacionales y garantizar el cumplimiento de los
preceptos de equidad, informó su directora, Martha Mendoza Parissi.
Explicó que en
Veracruz existen cientos de ordenamientos y a la fecha tienen como reto
analizar diez, para después continuar su labor: “La tarea no es fácil, pues
también se coadyuva con las comisiones legislativas permanentes que analizan
iniciativas”, por lo que confió en que pronto se incorporen a esta instancia
más especialistas en el tema y se pueda avanzar en este proceso.
La catedrática e
investigadora ofreció un taller sobre Equidad de Género a mujeres y hombres que
trabajan en el Congreso del Estado, a quienes explicó la importancia del
establecimiento de este Centro de Estudios.
“En Veracruz hay
avances importantes, como las reformas al Código Penal para incorporar los
delitos de género, y los tienen que conocer todas y todos, saber a qué tienen
derecho, qué es la violencia, el hostigamiento sexual, la violencia laboral, la
violencia institucional y dónde se pueden denunciar”, agregó.
También dijo que
se debe seguir trabajando en favor de la igualdad de género, y puso como
ejemplo un estudio, cuyos resultados mostraron que durante los últimos ocho
años las mujeres obtuvieron empleos con sueldos precarios, aunque
profesionalmente estaban más preparadas que los varones.
Además
–manifestó–, 59 por ciento de la población femenina ocupada no contaba con
servicios de salud y percibían entre dos y tres salarios mínimos mensuales. Es
decir, que en la medida en que los salarios aumentan, la participación de las
mujeres disminuye, y también era mínima su representación en cargos de
dirección u otros puestos de primer nivel en la administración pública.