* Comenzó a reventar a la UV en 2008 * Desvío
de recursos federales desde 2008 * 12 mil millones a juicio * Bueno
Torio quiere la mesa servida * “Culín” y el caso Moisés Sanchez *
Carrillo Almeida, fiscal del caso Moisés Sánchez * De jueces a magistrados
* El juez Vargas y su mala fama * Garduza Mazariego sustituye a
Renato * Será crítico como el minicacique
Mussio Cárdenas Arellano | 21 noviembre de 2015
Tribuna Libre.- 2008 es año clave.
Ahí comenzó la crisis universitaria. Ahí inició el desvío de recursos federales
en Veracruz. Eran los días en que Javier Duarte servía de mago de las finanzas
—el que todo lo desaparece— a Fidel Herrera Beltrán.
Siete años
después, la Universidad Veracruzana reclama un adeudo de 2 mil 256.1 millones
de pesos, entre recursos federales y aportaciones estatales, retenidos
ilegalmente por la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Siete años
después, la Auditoría Superior de la Federación tiene en la mira al gobierno de
Veracruz, documentado el desvío de por lo menos 12 mil millones de pesos de
origen federal y en un hecho insólito, inédito en la prosapia de la clase
política, lleva al gobierno de Javier Duarte a instancias legales, denunciada
la pandilla rapaz ante la Procuraduría General de la República.
En dos sexenios
—titular de Finanzas en el fidelismo y gobernador actual— Javier Duarte
aniquiló el futuro de Veracruz, disparó la deuda pública, agravó la crisis
social y gestó un conflicto sin precedente con la máxima casa de estudios de la
entidad, que él mismo inició en 2008.
Ningún gobernador
se ha peleado así con la UV. Su conflicto es de antología, irracional, aldeano,
por su intransigencia, por su tozudez, por la inquina y las ganas de fregar.
Lo punza que la
rectora Sara Ladrón de Guevara haya sacado los trapos sucios al tendedero
público. Reunida con tres diputados federales electos —Miguel Ángel Yunes
Linares, José Luis Sáenz Soto y Erick Lagos Hernández— reveló que la
administración Duarte debía a la UV mil 800 millones de pesos. Esa fue la cifra
original. Pedía que el Congreso federal fortaleciera las aportaciones
federales.
Nadie tocó el tema
más que Yunes Linares. Acudió a la radio y prensa escrita y exhibió a Javier
Duarte. Ahí comenzó la debacle.
Exhibió el
gobernador pobreza intelectual supina. Dijo que adeudo no había, que a la UV se
le otorga anualmente un subsidio y, Larousse en mano, refirió que el subsidio
es ayuda, no obligatoria, de acuerdo a la disponibilidad de recursos del
gobierno de Veracruz.
Para qué lo dijo.
Lo arrolló la comunidad universitaria, la prensa, sus adversarios políticos. No
había leído el decreto que firmó aprobando el presupuesto de egresos, que
señala el subsidio a la UV con carácter de obligatorio.
Siguió terco,
reacio a suministrar los recursos, soltó que en su sexenio le había soltado a
la universidad de 10 mil 157.7 millones de pesos. Le reviró la rectora con que,
documentos aparte, la retención era de 3 mil 100.7 millones, de agosto de 2013
a la fecha.
Aún así, Javier
Duarte permaneció inamovible. No es deuda, decía. Entonces el caso se ventiló
en la prensa nacional. Miembros de la Junta de Gobierno de la UV denunciaron el
adeudo en el periódico La Jornada y eso lo obligó a distender.
Ofreció
calendarizar los pagos, revisar las demandas de la universidad y resolver el
conflicto. Lo ofreció pero no cumplió mientras la UV comenzaba a resentir la
falta de liquidez.
Encantan a la
rectora las palabras melosas. Le creyó y atribuyó el conflicto a los medios de
comunicación. “Los medios nos subieron al ring”, dijo olvidando que fue ella
quien reveló la cifra del adeudo a los diputados federales electos y que ahí
detonó el caso.
Semanas después,
lo exhibieron 40 universidades del país que se solidarizan con la UV. En
respuesta ofrece que el gobierno de Veracruz cumplirá con su respaldo
financiero a la institución. Y otra vez lo dijo, pero no lo hizo.
Apretado de nuevo,
llevado el conflicto a la sede del Senado, la rectora Sara Ladrón de Guevara
con los senadores José Francisco Yunes Zorrilla y Juan Carlos Romero Hicks,
presidentes de las comisiones de Hacienda y Educación, responde Javier Duarte
con soberbia y altivez: a la UV no se le ha retenido ni un centavo.
Desata entonces
una embestida, acusada la universidad de incumplir sus obligaciones con el
Instituto de Pensiones del Estado donde debe 2 mil 65 millones de pesos,
casualmente la cifra que la UV le demanda al gobierno de Veracruz.
La amedrentan, la
arrollan. Amaga el IPE con hacer efectivo el “adeudo” de la UV y que sea la
universidad quien pague las pensiones al personal jubilado. Refuta la UV
arguyendo que ha cubierto todos sus pagos al IPE y que tiene constancia de
ello.
Así atrae a la
rectora Sara Ladrón, dialoga y acuerdan entre las sombras: el gobierno de Veracruz,
dice, saldará los adeudos de la UV con el IPE. De los recursos federales y
estatales retenidos por la Secretaría de Finanzas nada se sabe.
Sostiene Javier
Duarte que habrá de pagar. Lo secunda, evasiva, la rectora de la universidad,
sin evidencia de que el adeudo se comenzó a saldar.
Trasciende que de
los casi 2 mil 300 millones de pesos retenidos, sólo mil 308 millones recibirá
la UV. “Los toma o los deja”, le habría dicho a la rectora, según análisis del
periodista Aurelio Contreras, autor de la columna Rúbrica. Y los tomó.
El acuerdo es un
fraude. No fluyen los recursos y la comunidad universitaria increpa a la
rectora. Ella cree en la palabra del gobernador, los catedráticos no.
Dice el
catedrático Alejandro Saldaña que la crisis viene de 2008 cuando la Secretaría
de Finanzas del gobierno de Veracruz comenzó a retener el dinero con que opera
la universidad.
Eran los días en
que Javier Duarte servía de mago financiero a Fidel Herrera Beltrán. Se ve que
desde entonces quería matar a la UV.
Barre parejo
Javier Duarte. 2008 fue también el año en que comenzó el caos para Veracruz.
De ese año datan
las primeras investigaciones críticas de la Auditoría Superior de la
Federación. Ahí halló inconsistencias, danza de millones, recursos no
aplicados, dinero desviado, simulación y saqueo.
En siete años el
daño a las finanzas públicas es demencial. Suman 12 mil millones de pesos,
sujetas a investigación en la Procuraduría General de la República.
El último caso
corresponde a mil 600 millones de pesos del ejercicio 2013, según reveló el
diputado federal del PAN,Miguel Ángel Yunes Linares.
Acusa que la mafia
duartista convirtió al gobierno de Veracruz en un “barril sin fondo de
corrupción”, que afecta recursos en áreas diversas, educación, salud y
seguridad entre las de mayor impacto social.
Dice el diputado
panista:
“La Auditoría
Superior de la Federación ha interpuesto nuevas denuncias contra funcionarios y
exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte por desviación de miles de
millones de pesos que debían haberse destinado a mejorar los servicios de
salud, educación y seguridad pública.
“La denuncia más
reciente señala que fueron desviados casi 1 mil 600 millones de pesos de fondos
que el Gobierno Federal entregó en 2013 al Gobierno del Estado de Veracruz para
aplicarlos al Seguro Popular, lo que no sucedió. Javier Duarte en complicidad
con el entonces Tesorero Tarek Abdala (actual diputado federal por
Cosamaloapan) indebidamente dispuso de éstos recursos federales y hoy tendrá
que enfrentar las consecuencias penales de haberlo hecho y deberá devolver esa
cantidad más los intereses.
“Adicional a esta
denuncia, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado ya otras doce
más que se encuentran en trámite ante la Procuraduría General de la República
por la desviación de más de 10 mil 500 millones de pesos de los Fondos de
Educación, Salud y Seguridad, cifra que equivale al 10% del presupuesto total
del Estado de Veracruz para un año.
“Este atraco a las
finanzas de los veracruzanos es lo que ha provocado la situación de crisis
financiera que vivimos. La falta de medicinas en los hospitales, la deficiencia
de los servicios educativos, la grave situación de inseguridad y la
inexistencia de obras públicas no obedece a falta de recursos, sino a la
deshonestidad con que han sido manejados desde el gobierno anterior, en el cual
Duarte se desempeñó como Secretario de Finanzas.
“Los veracruzanos
no podemos permitir que esta situación continúe y que quienes atracaron las
arcas públicas se vayan del gobierno llenos de riqueza y cubiertos por el manto
de la impunidad.
“Quien llegue a
Gobernador del Estado tiene el compromiso legal, ético y moral de proceder
contra esta banda, hacer que devuelvan lo que se robaron y que paguen las
consecuencias jurídicas del atraco.
“Javier Duarte,
Tomás Ruiz, Gabriel Deantes, Vicente Benítez, Edgar Spinoso, Tarek Abdala y
otros más están siendo hoy ya juzgados por la historia. Mañana tienen que
juzgarlos los tribunales. La Constitución no admite excepciones”.
El personaje es
Javier Duarte. En 2008 era secretario de Finanzas de Fidel Herrera Beltrán y
ahí comenzó el saqueo.
Inició el sexenio
fidelista como subsecretario de Finanzas, en 2004, y ascendió a secretario en
2008 hasta el 25 de enero de 2009, en que renunció para contender por la
diputación federal en el distrito de Córdoba.
En 2008 se hallan
los primeros indicios de desvío de recursos federales, según la Auditoría
Superior de la Federación.
En 2008 comenzó a
dejar de fluirle el dinero a la UV.
Es la mano de
Javier Duarte.
Archivo muerto
Comodísimo, quiere
Juan Bueno Torio camino libre para contender por el mingobierno de Veracruz.
Quiere que se invalide el acuerdo del consejo estatal del PAN que aprobó que el
candidato sea designado. Quiere que Miguel Ángel Yunes Linares se haga a un
lado porque “ya tuvo su oportunidad y perdió”. Eso es oportunismo. En cinco
años, Yunes Linares desgastó, apabulló, hizo trizas a Javier Duarte, denunció
el desvío de recursos federales, detonó el tema de la violencia y la
complicidad con los cárteles de la droga, dimensionó el adeudo millonario con
la UV, reveló la existencia de propiedades del gordobés en el extranjero. Lo
debilitó y provocó que el deterioro de su imagen arrastrara al PRI hacia una
fractura. Y ahora Bueno Torio pretende que Yunes Linares se retire y le deje el
banquete servido. Exactamente lo mismo quiso hacer Gerardo Buganza en 2010 y
terminó siendo comparsa del duartismo. Eso es mezquindad y es pecado… Que
alguien sacuda a “Culín”. Que entienda el fiscal Luis Ángel Bravo Contreras que
el caso Moisés Sánchez ya valió. Dos amparos, uno al escolta Martín López
Meneses y otro al alcalde de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, exhiben que la
justicia inventada no es justicia. Con acusaciones de oídas los consignó y por
las acusaciones de oídas están libres. Quiere ahora “Culín” matizar el fracaso
y envía a Ricardo Carrillo Almeida como fiscal especial a Medellín de Bravo, el
municipio donde fue levantado y asesinado el periodista Moisés Sanchez Cerezo,
director del semanario La Unión y del portal en internet del mismo nombre. Si
se trata de hacer justicia, Carrillo Almeida no es la clave. Al inocente lo
encierra y al culpable lo deja en libertad. Y hay algo peor: Carrillo Almeida
fue subprocurador en Córdoba, bajo el dominio de Los Zetas, y ahora es
confinado a Medellín, feudo del Cártel Jalisco Nueva Generación. Eso es
perversidad… Además de su oficio de juez, Guillermo Vargas debiera ser
comediante. Lo serio lo hace risible y lo dramático, jocoso. Dice, por ejemplo,
que los jueces de carrera debieran ser considerados para una magistratura. Sí,
los jueces con solvencia, con prestigio, con capacidad y con historial
impecable. Él no. Guillermo Vargas, juez primero de Primera Instancia en
Coatzacoalcos empantana los casos, desacata a los jueces federales, se larga de
vacaciones provocando indefensión de las víctimas, otorga autos de formal
prisión que luego le son refutados y otorga autos de libertad que le son
revocados. Del tal juez Vargas —símil del célebre juez Barragán— hay imputaciones
graves, una en 2006 y otra en mayo de 2013, por dejar ir a transgresores de la
ley obviando las agravantes de cada caso. Y ahora pontifica que los jueces de
carrera debieran llegar a ser magistrados. Ajá… Sigue Francisco Garduza
Mazariego los pasos de Renato Tronco. Rinde protesta, asume la diputación y
pregona que será tan crítico como su líder y amigo. No rehuye su amistad.
Refuta los argumentos de la Fiscalía de Veracruz, porque “yo lo que veo es que
no pudo cometer el delito que dicen que cometió”. Se integró como diputado
independiente, en la condición en que estaba el minicacique de Las Choapas, sin
ánimo de incorporarse al Partido Verde Ecologista de México, bajo esas siglas,
en alianza con el PRI, por las que obtuvieron la la diputación en el distrito
30 de Veracruz. Con que no vaya a seguir los pasos de su maestro, que cobraba
sin dar golpe, todo es ganancia. A salto de mata, huyendo de la justicia, anda
Renato Tronco, presunto autor intelectual del crimen del ex regidor panista de
Las Choapas, Alfredo Pérez Juárez, ocurrido el 5 de junio de 2006, cuando el
líder del tronquista era alcalde…