*Comparece el contralor general del estado, Ricardo
García Guzmán, ante la Comisión Permanente de Hacienda del Estado del Congreso
local, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.
Xalapa, Ver. | 24 noviembre de 2015
Tribuna Libre.- Los procesos
abiertos y sanciones a funcionarios y exfuncionarios públicos de Veracruz, la
situación del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), el caso del Túnel
Sumergido de Coatzacoalcos, las bodegas en Acayucan con medicinas que se
dejaron caducar y el destino de las aportaciones a la Universidad Veracruzana
(UV), fueron algunos de los temas abordados por el contralor general del
estado, Ricardo García Guzmán, en la glosa del Quinto Informe de Gobierno.
Al comparecer en
el auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Palacio Legislativo, ante los
miembros de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, Mariela Tovar
Lorenzo, presidenta; Julen Rementería del Puerto, secretario, y Adolfo Jesús
Ramírez Arana, vocal, el funcionario dio respuesta a 18 turnos de preguntas, en
tres rondas, con la participación de diputados de todas las fuerzas políticas
representadas en el Congreso de Veracruz.
La diputada del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) Marcela Aguilera Landeta preguntó
por las 14 denuncias que inició la Procuraduría General de la República (PGR),
con base en resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y que
están en poder de la Fiscalía General del Estado (FGE), y sobre la responsabilidad
y sanciones administrativas en contra de servidores o exservidores públicos.
El titular de la
Contraloría General del Estado (CGE) confirmó que hubo denuncias, derivadas de
la minuta del 27 de febrero de 2014, en la que se imputaba incumplimiento a
Veracruz. El documento estipuló la conclusión del análisis y que la institución
a su cargo determinaría las sanciones. Por ello estaba el registro del gasto
ejercido, pero nadie lo presentó a la ASF, y se dijo mediáticamente que
“algunos servidores públicos le fallaron a Veracruz”, porque no cumplieron los
procesos administrativos.
A quienes
omitieron información a la ASF se les inició un procedimiento administrativo y
se les inhabilitó para ejercer el servicio público, además de sanciones
económicas. Aún existen 65 procesos abiertos en contra de servidores o
exservidores públicos.
SITUACIÓN DEL IPE
En nombre del
Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Julen Rementería del Puerto
cuestionó al Contralor sobre el monto y estado del Fideicomiso de la Reserva
Técnica del IPE, por qué dejó de hacer préstamos a jubilados y pensionados, y
la situación de la Estancia Garnica, así como sobre la falta de cobertura de
seguro para automóviles del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección
Patrimonial para el Estado (IPAX).
García Guzmán
respondió que el fideicomiso está en el banco Banorte, con una reserva de 2 mil
100 millones de pesos, que el IPE dejó de prestar a pensionados y jubilados,
posiblemente, por haberse terminado la reserva del fondo revolvente y que la
Estancia Garnica la tiene en comodato la Secretaría de Seguridad Pública (SPP),
para la aplicación de la operación coordinada Veracruz Seguro. También, que
personal de la CGE pidió al titular del IPAX retirar la circular relacionada
con la falta de seguros y le dio un plazo para solventar esa irregularidad.
La diputada del
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Mónica Robles Barajas pidió conocer
el estatus legal de las denuncias por presunto daño patrimonial derivadas de la
obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos, y el avance, las recomendaciones y
el presupuesto ejercido por las unidades de género en las distintas
dependencias.
El funcionario
dijo que para enero habrá una resolución, respecto de las denuncias del Túnel
Sumergido de Coatzacoalcos, en mayo reiniciaron las pláticas para concluir la
obra en 2016, y que hay cuatro indiciados entre los 65 procesos que mantiene
abiertos la Contraloría. En materia de igualdad de género se ha avanzado para
cumplir, aunque no se abarca al cien por ciento en todas las dependencias.
La legisladora del
Partido Nueva Alianza (Panal) Jaqueline García Hernández pidió saber si la ASF
“trae entre ojos” al estado de Veracruz, y el Contralor coincidió en ello,
aunque aclaró que se mantiene una relación excelente con la dependencia federal
y durante meses se ha acudido dos o tres veces por semana para manejar los
mismos términos, porque se hacían algunas imputaciones a la entidad y la
situación era otra, por lo que se ha trabajado mucho para cambiar esa óptica.
Explicó que los
funcionarios veracruzanos de las diferentes dependencias y sus áreas
administrativas se involucran en la solventación de observaciones de la ASF, y
de manera coordinada se firmó 160 minutas que derivaron en citatorios. En
Veracruz no se oculta información, hay cambios y se responde en los mejores
términos, aclaró.
BODEGAS CON
MEDICAMENTOS
A la diputada del
Grupo Legislativo de los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano (PRD-MC) Ana María Condado Escamilla, le explicó que en el caso de
las bodegas de Acayucan donde se dejó caducar medicamentos, iniciaron
procedimientos disciplinario-administrativos y penalizaron a dos personas.
Certifican que no existan instalaciones similares, y en cambio, haya mayor
transparencia en las licitaciones y compras consolidadas de la Secretaría de
Salud (SS).
Respecto del
presupuesto de la UV, agregó que se conforma por un subsidio estatal que
equivale a 52 por ciento y el federal que lo complementa, y en todo caso existe
la instrucción del Gobernador para otorgar lo correspondiente a la casa de
estudios.
El diputado
Francisco Garrido Sánchez, del partido Alternativa Veracruzana (AVE), preguntó
sobre la solventación de la Cuenta Pública 2013 ante la ASF y si existen
funcionarios o exfuncionarios que se hayan enriquecido en Veracruz.
De acuerdo con
García Guzmán, se informó de 44 auditorías a Veracruz y de 38 mil millones de
pesos se observaron 11 mil millones, de los que 5 mil 300 millones se
solventaron, y 5 mil 800 están en proceso. Se espera avanzar este año con otros
2 mil 200 millones, y el resto son reintegros que el estado debe cumplir con la
Tesorería de la Federación.
Explicó que la
Contraloría ha dado seguimiento incluso a denuncias periodísticas contra
funcionarios y exfuncionarios que se habrían enriquecido ilícitamente, y además
de revisar su evolución patrimonial ante el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) y el Registro Público de la Propiedad; en caso de encontrar
algo, se mantendrá la reserva hasta confirmarlo y aplicar la ley.
SEGUNDA RONDA DE
PREGUNTAS
La diputada María
Belén Fernández del Puerto, del PRI, cuestionó la función y resultados de los
Comités de Contraloría Social y Ciudadana, a lo que el Contralor aseguró que sí
han operado, se les da mucho seguimiento y su importancia radica en que
involucran a los ciudadanos en la vigilancia, inspección y supervisión de obras
y acciones de gobierno.
Manifestó que los
veracruzanos hablan mucho de corrupción, pero el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) –autoridad en materia de medición– no presenta
a Veracruz en la lista de las diez entidades federativas con mayores índices de
corrupción, sino en el sitio 17, que es una situación a superar lo más rápido
posible.
Sobre los comités
de Contraloría Ciudadana “Adelante” y los Comités de Contraloría Social, que
supervisan, vigilan y dan seguimiento a obras y acciones ejecutadas con
recursos estatales o federales, dijo que se integraron 8 mil 561 comités, con
37 mil 559 ciudadanos, de los que 20 mil 497 son mujeres y 17 mil, hombres.
QUINTO INFORME,
CIFRAS REALES
En respuesta al
diputado del PAN Jorge Vera Hernández, García Guzmán dijo que las cifras del
Quinto Informe de Gobierno son verdaderas y se realizaron 38 mil 207
contrataciones, y admitió la existencia de dos cifras distintas el anexo
estadístico y el texto amplio. Ambos reportes son reales, pero la información
corresponde a distintas fechas de corte.
El diputado Jesús
Vázquez González, del PVEM, cuestionó lo hecho para garantizar la correcta
aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, a lo que el
Contralor dijo que hay nuevos sistemas nacionales y reglas que delinearán las
políticas públicas, para que todas instrucciones, observaciones, lineamientos y
normatividad se apliquen.
A Juan René
Chiunti Hernández, legislador del Panal, le informó que se adaptó los trabajos
de la CGE a los nuevos sistemas de fiscalización y modificaron las estructuras
orgánicas, como la fusión de tres direcciones similares en una sola. Se creó la
Comisión General de Fondos Federales, todas las dependencias de Veracruz tienen
códigos de ética y conducta, y ya se prepara la entrega-recepción de la
administración estatal en las áreas presupuestal y programática.
García Guzmán
atendió también la segunda intervención del diputado Francisco Garrido, en
relación con la entrega de la Cuenta Pública 2015, y expresó que la CGE trabaja
con la ASF y el Órgano de Fiscalización Superior del estado (Orfis), para
revisar mensualmente los avances y corregir lo acontecido en años anteriores y
otras inconsistencias.
TERCERA RONDA DE
PREGUNTAS
La diputada del
PRI, Gladys Merlín Castro, se refirió a las quejas de padres de familia por uso
indebido de recursos y anomalías en el interior del Centro de Desarrollo
Infantil de la Secretaría de Salud (Cendi-Sesver) y a los avances de la
administración estatal en materia de transparencia.
El Contralor dio a
conocer que se removió a la Directora y existe una averiguación abierta para el
resto de las acusaciones. Además, se trabaja en tecnologías que permitan
utilizar datos para empoderar al ciudadano, pues Veracruz tiene un gobierno
abierto que pone a la vista de todos 22 conjuntos de datos en materia de
protección civil, medio ambiente y seguridad pública.
El diputado Carlos
Ernesto Hernández Hernández, del PRI, preguntó cómo impactará el Sistema
Nacional Anticorrupción en Veracruz, y si la Contraloría puede intervenir en el
caso de los municipios que no planean sus recursos para pagar aguinaldos a sus
trabajadores.
El funcionario
admitió que Veracruz tenía un rezago, porque no atendía oportunamente las
observaciones de la federación, pero con las nuevas reglas, el compromiso es
que en 2015 y 2016 la entidad ocupe el lugar que le corresponde en materia de
fiscalización.
Respecto de los
ayuntamientos, la dependencia es respetuosa de la autonomía municipal y los
cabildos son responsables de su manejo financiero, aunque les recomendó sumarse
al gobierno abierto.
TÚNEL SUMERGIDO
Ante las preguntas
del diputado del PAN Domingo Bahena Corbalá, el Contralor admitió que en 2013
el Gobierno del Estado fue el más observado, y que la revisión del ejercicio
2014 continúa y se sigue desahogando requerimientos. También, que las denuncias
que interpuso el Secretario de Infraestructura y Obras Publicas por
irregularidades en la obra del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos están en la FGE
y existe el compromiso de terminarla este año.
Sobre las
denuncias de la ASF, la FGE determinó la no acción penal, pero García Guzmán
advirtió que de tener información certificada o documentada sobre cualquier
servidor público –aunque se diga que los expedientes están cerrados– procederá
con todo el rigor de ley, “porque no vine de defender ni brindar protección a
nadie”.
Dijo al Diputado
que sobre el bono de 100 mil pesos entregado en diciembre pasado a cuatro
funcionarios de la Secretaría de Salud, fueron citados, pero no se ha resuelto
el caso, y agregó que durante sus ocho meses de trabajo como Contralor del
Estado, reformó la dependencia a su cargo, se ocupó de atender y solventar las
observaciones de la ASF, y se da seguimiento a 65 procedimientos
administrativos.
Al diputado del
PAN Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, le confirmó que no hay motivo para sancionar
al Secretario de Infraestructura y Obras Publicas (SIOP), por promover su
imagen en redes sociales: “Se revisó la ley, no hay nada irregular. Mientras
siga cumpliendo con su trabajo, horario y se desenvuelva con responsabilidad,
en sus ratos libres podrá utilizar esos medios, pues se certificó que no se
utilizaron recursos públicos”.
BITÁCORA
ELECTRÓNICA
Habló sobre la
bitácora electrónica, herramienta que la Secretaría de la Función Pública (SFP)
puso al servicio de los estados, y su manejo obligatorio por quienes supervisan
las obras.
En otra
intervención del diputado Julen Rementería, se dio a conocer que el IPAX
contrató al despacho Rosales y González Legal Services para defenderse ante un
requerimiento del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el monto que
cobraría, de ganar el caso, es de un millón 600 mil pesos.
El diputado José
Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyos, del PRI, preguntó sobre los despachos
externos en los que se apoya la Contraloría y si habrá un informe sobre los
“aviadores” en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
García Guzmán dijo
que en 2014 se contrató 43 despachos, a los que se pagó 14 millones de pesos, y
que en el caso de los “aviadores”, la información surgirá de manera paulatina,
conforme concluyan los procesos disciplinarios.