*Mientras el gobierno del Presidente Enrique Peña
Nieto se empeña en presumir la reducción en las denuncias por homicidios,
secuestros, robos, y extorsiones. La realidad es que en México no importa a qué
sector poblacional se pertenezca, todas las personas que viven o transitan por
el país corren el riesgo de vivir la violencia en carne propia.
México, D.F. | 23 diciembre de 2015
Tribuna Libre.- La inseguridad y
la violencia persistieron este año en las zonas más conflictivas del país, pese
a los constantes recursos económicos y humanos invertidos por el Gobierno
federal. Hoy por hoy, Guerrero, Tamaulipas y el Estado de México, con
poblaciones enteras bajo el control del crimen organizado, demuestran el
fracaso de la estrategia de seguridad del Presidente Enrique Peña Nieto, de
acuerdo con especialistas en materia de seguridad.
Las cifras
oficiales reconocen poco más de 48 mil asesinatos de diciembre 2012 a julio
2015 en todo México. Sin embargo, una investigación del semanario ZETA indica
que en los primeros 32 meses de la presente administración, la cifra en ese
periodo fue de 57 mil 410 homicidios dolosos.
Guerrero, ahora
gobernado por el priista Héctor Astudillo Flores, tiene la tasa más alta de
homicidios intencionales. También es la entidad donde más fosas clandestinas
han sido encontradas. Tan sólo en Iguala, desde la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa, las autoridades hallaron 60 fosas con más de 100 cuerpos. A
éstas se suman las encontradas en Carrizalillo y la más reciente de
Chichihualco. Todos estos cementerios clandestinos son los vestigios de una
guerra que ha cobrado miles de vidas.
En el estado de
Tamaulipas, que encabeza el también priista Egidio Torre Cantú, la situación no
ha mejorado desde el sexenio pasado cuando los enfrentamientos a plena luz del
día estremecieron las principales ciudades como Reynosa, Ciudad Victoria y
Tampico. En este año que termina los enfrentamientos entre criminales y
autoridades se extendieron hasta la sede de la Procuraduría General de la
República (PGR) en Reynosa, cuya puerta de seguridad fue derribada por un
comando.
Otra situación que
afecta a la población tamaulipeca han sido los secuestros que tienen sometida a
toda la población, desde empresarios hasta pequeños comerciantes. Cifras
oficiales refieren que Tamaulipas tiene las tasas más altas de secuestro en el
país al rebasar la incidencia nacional en un 469.17 por ciento. A todo esto se
suma la complicidad entre el crimen organizado y las autoridades. Los últimos
ex Gobernadores de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández
Flores, son acusados de trabajar para los cárteles de la droga.
Aunque si existe
una entidad que representa el fracaso del Estado de Derecho, esa es el Estado
de México. Lugar de nacimiento de Enrique Peña Nieto, el cual gobernó antes de
ser Presidente, el Edomex registra el mayor número de homicidios y de robos con
violencia en el país, es el lugar dos en secuestros y el tres en denuncias por
extorsión, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La entidad que
gobierna el priista Eruviel Ávila Villegas hizo historia este año, pero no por
las mejores razones. Se convirtió en el primer estado en la historia del país
en decretar Alerta de Género tras cinco años de lucha incansable por parte de
las familias de las víctimas y de representantes de organizaciones sociales.
Los asesinatos de mujeres en el Edomex aumentaron un 155 por ciento entre 2007
y 2012. La mayoría de este periodo de tiempo coinciden con el mandato de
Enrique Peña Nieto de 2005 a 2011.
Sin embargo, la
crisis de inseguridad no es privativa de estos tres estados. En este año la
violencia del narcotráfico se hizo visible en la Ciudad de México con la
aparición de un cuerpo colgado en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, a lo
que siguieron una persona calcinada dentro de un tambo y la ejecución de otra
junto a un mensaje dirigido al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel
Ángel Mancera Espinosa.
La Zona
Metropolitana de Guadalajara también fue escenario este 2015 de la violencia
producto de las actividades de los cárteles de la droga. A principios de mayo,
el Cártel de Jalisco Nuevo Generación (CJNG) demostró a las fuerzas federales
su capacidad operativo y de fuego cuando prácticamente paralizó la entidad con
bloqueos en las principales avenidas y enfrentamientos. Los choques con las
fuerzas federales se extendieron a los límites con Colima y Guadalajara, para
culminar con el derribo de un helicóptero militar que, se supo después, cayó
tras ser alcanzado por el proyectil de un lanzagranadas.
Nuevo León, que
junto a Guadalajara y la Ciudad de México es una de las tres principales urbes
del país, vivió su episodio de terror cuando a mediados de junio fueron
asesinadas 22 personas en un lapso de 48 horas. El Gobernador Rodrigo Medina de
la Cruz atribuyó la ola de violencia a las pugnas entre los cárteles del Golfo
y de los Zetas. Dos meses después, en agosto, la Procuraduría del Estado
informó sobre el hallazgo de 31 mil restos óseos que fueron encontrados en una
presunta fosa en el municipio de Salinas Victoria.
Más recientemente,
Sinaloa, cuna de los principales capos de la droga, se colocó en el panorama
internacional con la muerte de dos australianos, Dean Lucas y Adam Russell
Coleman, quienes partieron de la ciudad de Edmonton, Canadá para ir a
Guadalajara. Los dos turistas y surfistas pretendían llegar a Jalisco
recorriendo toda la costa del Pacífico, sin embargo, en su paso por Sinaloa se
encontraron con un falso reten de criminales que vestían uniformes de policías.
Al oponerse a un asalto, uno de los dos extranjeros resultó herido. Aún vivos,
fueron llevados a un paraje en Navolato donde los quemaron junto a la van en la
que viajaban.
Casos como estos,
son sólo algunos de los ocurridos en este 2015. Cada uno de ellos demuestra que
la promesa de la presente administración de llevar calma y tranquilidad a todo
el país, se ha quedado en eso… en una promesa.
La última Encuesta
Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) arrojó que el 68 por ciento de los mexicanos
mayores de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. El estudio
también indicó que el 65.8 por ciento de los entrevistados manifestó que
durante los últimos 3 meses modificó sus hábitos por temor a sufrir algún
delito.
Aunado a la percepción
que tienen lo mexicanos sobre el problema de la inseguridad, está el costo
económico que han traído consigo las miles de muertes, extorsiones, secuestros
y robos que ocurren a diario en todo el país.
El costo de la
violencia durante 2014 fue de 3 billones 918 mil 410 millones 540 mil pesos; es
decir, el 22 por ciento del PIB, según el Índice de Paz Global 2015. La cifra
contrasta con la de 2011; el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP) calculó el gasto en 15 por ciento del PIB.
Para la
organización México Evalúa, el gasto en seguridad pública, fue del 6.2 por
ciento del Gasto Programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, 197
mil millones de pesos. El costo a largo plazo lo estimó el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por cada persona muerta desde 2009,
México dejó de percibir 42 dólares per cápita.
Aunque los costos
y la percepción de inseguridad son sólo algunas de las consecuencias que ha
traído el fenómeno de violencia. En este contexto miles de personas han dejado
sus hogares para evitar ser parte de las estadísticas de los delitos de alto
impacto.
Un informe del
Centro de Vigilancia de Desplazados Internos de Noruega presentado este año
reveló que al menos 281 mil 400 personas se desplazaron dentro de México debido
a la violencia originada por el crimen organizado.
El Consejo Noruego
dio cuenta de que en México existen al menos 281 mil 400 desplazados, y refirió
que entre las causas están la violencia criminal como parte del tráfico de droga
así como la violencia de género, el reclutamiento forzado y la violencia
política.
Pero además están
los feminicidios que crecen como una epidemia por todo el país. De acuerdo con
la Organización de los Estados Americanos (OEA) entre 2012 y 2013 una mujer fue
asesinada en México cada dos horas. El Inegi reportó a su vez durante 2013 y
2014 siete mujeres fueron asesinadas por día.
También están
presentes las altas tasas de asesinatos a periodistas, con una de las últimas
muertes, la de Rubén Espinosa, ocurrida en la Ciudad de México. Por ello no es
de extrañar que este año el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por
sus siglas en inglés) colocara a México en el lugar ocho de las 14 naciones que
conforman su Índice Global de Impunidad 2015 con sólo un caso resulto de los 32
asesinatos contra periodistas cometidos desde 1992.
Sin embargo, la
violencia no es un tema que afecte sólo a los mexicanos. Distintas
organizaciones nacionales e internacionales han denunciado a las autoridades
migratorias mexicanas, en específico a las del Instituto Nacional de Migración,
por abusar de los migrantes que provienen de Centroamérica y que cruzan México
con destino a los Estados Unidos. Incluso se ha dicho que México ha servido a
EU como un muro para frenar la migración; cifras de ambos países corroboran
esto.
A la par de las
detenciones ilegales y de abusos de fuerza y de violencia sexual cometidos por
las fuerzas de seguridad mexicana, están los atropellos cometidos por los
integrantes del crimen organizado quienes ven en los migrantes una mercancía
que pueden explotar en campos de trabajos como en prostíbulos.
La semana pasada
organizaciones civiles y activistas, entre ellos el Padre Alejandro Solalinde
Guerra, denunciaron que empresas de seguridad privada, en colusión con
autoridades locales y federales, torturan y matan a migrantes además de
hostigar a sus defensores en diversos estados del país.
Es decir, mientras
el Gobierno federal se empeña en presumir la reducción en las denuncias por
homicidios, secuestros, robos, y extorsiones. La realidad es que en México no
importa a qué sector poblacional se pertenezca, todas las personas que viven o
transitan por el país corren el riesgo de vivir la violencia en carne propia. (SinEmbargo)