* El desalojo en Almendros, en terreno
equivocado * El tío incómodo del gobernador
* Que Samuel y Bringas
devuelvan el dinero del fraude * Chiquiyunes se da por desaforado *
Saúl León: desvío de recursos * Coatza para el PRD * La alianza,
con ganas de perder * Regidores desairan a Gloria.
Mussio Cárdenas Arellano | 17 diciembre de 2015
Tribuna Libre.- No es que Samyra
Khoury sea una mala fiscal. Es algo peor. Se especializa en violar la ley,
incurrir en abuso de autoridad, atropellar juicios de amparo, destrozar el
patrimonio de los demás y, sobre todo, ser servil al tío incómodo del
gobernador Javier Duarte.
Protagoniza un
turbio episodio legal, atrapada en el caso Los Almendros, cuyas virtudes
legaloides le sirven para restituir hasta los terrenos que no son parte del
juicio contra el tormentoso José Gertrudis Guízar Valladares, uno de los
conflictivos hermanos del diputado Gonzalo Guízar Valladares, cliente en los
juzgados por denuncias de despojo de predios.
Samyra del Carmen
Khoury Colorado es pieza clave en el proceso de desalojo de por lo menos 300
familias que habían invadido y levantado casas, la mayoría de lámina y cartón,
otras de material e incluso con alberca, en el predio situado entre la colonia
Almendros y el malecón de Coatzacoalcos.
Partía la orden de
la Sala Quinta del Tribunal Superior de Justicia con tufo a drenaje duartista.
Acató el juez primero de Primera Instancia, Guillermo Vargas Hernández, para
concretar el desalojo del predio reclamado por la empresa Gestiones
Inmobiliarias Arkitektur, invadido por decenas de familias a las que engañaron
Manuel Bringas Burelo, uno de los ex propietarios del terreno, y su asesor, el
pseudoabogado Samuel Fernando Muñoz de la Rosa, sedicente defensor de derechos
humanos. Vaya contradicción. San Samuel incurriendo en pecados de fraude y
despojo.
Samyra Khoury
secundó las acciones del juez Vargas, cuyo historial en casos turbios y
acusaciones de corrupción son lo suyo. Actuó sobre el lote ubicado en la parte
norte del terreno, escriturado a nombre de Rosario Ramírez, a quien vinculan en
la Fiscalía con Gertrudis Guízar en calidad de prestanombres, y a sabiendas que
existe un juicio de amparo, procedió al desalojo y a la destrucción de la
vivienda ahí edificada. Primer delito.
Era un caso de
trámite. Sólo había que acreditar legalmente que el predio ocupado por Guízar
Valladares es propiedad de Arkitektur y procedería la restitución de la
posesión.
Sin embargo,
Samyra y el juez Vargas se excedieron. Una por acción y el otro por omisión,
pues durante la restitución y desalojo nadie se acreditaba como actuario del
juzgado. O sea, la ley trastocando la ley. Segundo delito.
Usó la fiscal
regional el juicio contra José Gertrudis Guízar para desalojar la totalidad del
predio. Ignoró que sobre la mayor extensión del predio hay denuncias penales
por fraccionamiento indebido, interpuestas por el ayuntamiento de
Coatzacoalcos, que apenas caminan o que se estancan porque los implicados,
Manuel Bringas y Samuel Muñoz, el santo patrón de las invasiones, pese a tener
orden de aprehensión, no han sido llevados a juicio. Tercer delito.
Sabía Samyra
Khoury que el juicio de amparo interpuesto por el explosivo José Gertrudis
Guízar impedía acciones legales. Sabía que Arkitektur denunció el despojo pero
no pudo probar.
Martha Martínez,
ex apoderada legal de la inmobiliaria, acudió al sitio del conflicto, hizo
constar en autos que nunca se le notificó que había sido relevada de esa
representación, dejó constancia que se deslindaba del caso y declaró que el
predio reclamado a José Gertrudis Guízar no es propiedad de Arkitektur.
Aún así, la fiscal
regional en el sur de Veracruz procedió a la restitución de todo el predio
violando juicios de amparo y suspensiones ordenadas por jueces federales.
Cuarto delito.
Incurría en abuso
de autoridad porque, a fin de cuentas, es su naturaleza, es su conducta en los
tribunales federales, cobijada por su mentor, el magistrado Vicente Mariche de
la Garza.
Ese día, en los
terrenos de Los Almendros, se hacía sentir la mano de Javier Duarte, pasivo
hasta entonces, omiso ante las denuncias de fraccionamiento indebido
interpuestas por el ayuntamiento de Coatzacoalcos contra Manuel Bringas y
Samuel Muñoz, y el fraude por la venta de lotes en un predio que fue, pero ya
no era suyo desde que en noviembre de 2013 se extinguió la Sucesión Bringas
Baldwin.
Un personaje,
ajeno al conflicto hasta entonces, irrumpía en la escena legal. Se trataba de
Jorge Ramírez Perez, tío político del gobernador de Veracruz, padre el
subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Jorge
Fernando Ramírez Tubilla.
Así, el “tío
incómodo”, tío político de la esposa del gobernador, Karime Macías Tubilla,
nuevo apoderado de Arkitektur, iniciaba la limpia del predio Los Almendros,
tomado de la mano de la fiscal regional para el sur de Veracruz, la polémica
Samyra Khoury, violando amparos, excediendo sus funciones, incurriendo en abuso
de autoridad, destrozando el patrimonio de cientos de familias, que así pagaban
el precio de haberse prestado a una invasión, engañados algunos por la
mancuerna Bringas-Samuel, autores del fraude millonario, cómplices otros más.
Jorge Ramírez
Perez, célebre por contar con un ingreso a prisión el 6 de febrero de 1993, por
fraude a Bancomer, junto con Jesús Antonio Macías Yasegey y Luis Dacarett
Habib, en los días en que gobernaba Patricio Chirinos Calero y su puño férreo
era el hoy diputado panista Miguel Ángel Yunes Linares, es la prima dona de
Arkitektur para rescatar el terreno que les invadieron las hordas de Manuel
Bringas y Samuel Muñoz de la Rosa.
En abril 3 de
2012, INFORME ROJO reseñó un fragmento del perfil de Ramírez Pérez y
el ingreso a prisión. Aquí unas líneas:
“Ramírez y socios
fueron acusados y aprehendidos por orden de un secretario de juzgado habilitado
como juez, bajo cargos de fraude por 64 mil dólares, o sea, 2 mil 250 millones
de viejos pesos, en aquel entonces, al simular el traspaso de propiedades que
se hallaban en garantía para avalar el crédito. Involucraron a tres empresas:
Materiales y Representaciones del Istmo, Tesifé y DAVAZ.
“Tres días
después, tras devolver el dinero que Bancomer les había prestado para la
adquisición de un cargamento de materia prima para fertilizantes, recobraron su
libertad”. Lo que es la calidad moral.
A Jorge Ramírez
sirve la fiscal regional, especialista Samyra Khoury en ejecutar órdenes de
aprehensión y desalojos de predios, una redituable actividad en el aparato de
justicia estatal.
Jorge Ramírez
limpia el terreno de Arkitektur con el mismo aparato judicial que antes se negó
a actuar. Suple al delegado de Sedesol federal en Veracruz, Marcelo Montiel
Montiel, en el coyotaje de desalojo, a quien en versiones extraoficiales le
señalan de haber exigido un pago de 80 millones de pesos a los socios de la
constructora para lanzar a los invasores y tramitar los permisos de
fraccionamiento, construcción, alineamiento y asignación de número oficial.
Algunos de esos trámites los otorgó el alcalde marcelista Joaquín Caballero
Rosiñol.
Una versión
conocida en la cúpula de Arkitektur habla de un pago de 8 millones de pesos por
el desalojo de la totalidad del terreno Los Almendros.
A Jorge Ramírez no
le es ajeno el caso Almendros. Sabe de la operación de compraventa con los
hermanos Bringas Burelo y la extinción de la Sucesión Bringas, según consta en
escrituras públicas otorgadas en el puerto de Veracruz.
Conoce la otra
parte de la operación: la venta por parte del gobierno de Veracruz, vía
Invivienda, a Construplaneación y de ésta a Arkitektur.
Sabe que ahí
también hay fraude. Construplaneación sirvió como empresa pantalla y luego
suspendió actividades. Construplaneación lleva como apoderada a la contadora
Paulina Quijano Torres, quien es socia de Arkitektur.
Otro elemento
clave es José Antonio Madrigal, conocedor a fondo de la trangulación del pago
de 40 millones de pesos que no se reportó fiscalmente, como tampoco la dación
en pago a otra empresa, Balfin, por 70 millones de pesos.
Falta ver cómo
enfrentan Manuel Bringas Burelo y Samuel Muñoz de la Rosa las denuncias por
fraude, el reclamo de las cientos de familias que suscribieron los contratos de
comodato y que aportaban 2 mil pesos mensuales para adquirir los lotes de 10
por 20. Otra contradicción pues o es comodato o es venta.
En documentos,
quien recibía el dinero era Manuel Bringas. En los hechos, lo hacía Yolanda
Ortiz Jiménez, sobrina del pastor Benito Cruz, de la iglesia Ríos de
Misericordia —ríos de fraude—, quien incluso recibió recursos del redondeo en
las tiendas Oxxo para su albergue de ancianos y que, como se ve, lo usó para la
invasión.
Yolanda es a la
que Samuel Muñoz se anda “echando al plato”, como dice uno de los invasores en
un audio. La otra cobradora es Francisca Cruz Ovando.
Queda bien Samyra
Khoury con el duartismo. Se excede y viola la ley. Sirve con servilismo puro al
“tío incómodo” del gobernador, Jorge Ramírez, ligado a la casa de Javier Duarte
en Maricopa, Arizona, Estados Unidos. A todo se presta la fiscal aunque luego
tenga que encarar la ley.
Enfrenta ya el
recurso de inconformidad por la violación al juicio de amparo, que es tema
federal, y el reclamo de familias invasoras, así como propietarios de predios
que nada tenían que ver con el desalojo ordenado por el Tribunal Superior de
Justicia de Veracruz.
Lo que es andar en
la cuerda floja.
Y es que no es
mala fiscal sino que le gusta violentar la ley.
Archivo muerto
Va rumbo al
desafuero Miguel Ángel Yunes Márquez. Y a prisión. Y a ser la víctima política
de Javier Duarte. Admite el alcalde de Boca del Río que le será retirada la
inmunidad para ser enjuiciado por enriquecimiento ilícito, no porque haya
elementos de prueba sino porque así abusa del poder el gobernador. Al edil,
vástago del diputado panista Miguel Ángel Yunes Linares, fantasma de cabecera
del gordobés, no le admiten las evidencias que presenta en la Fiscalía General
de Veracruz aduciendo “secreto bancario”, los dados cargados para el acusador
“Culín”, alias Luis Ángel Bravo Contreras, que de autónomo nada tiene, de negro
historial en su paso por los tribunales de Córdoba, defendiendo a la peor
escoria de la sociedad. Dice Chiquiyunes que se defenderá con todo y que su
encarcelamiento lo impedirán sus fans. Algo así como el capítulo azul del
desafuero del Peje… Saúl Wade León gusta del dinero ajeno. Lo tiene en sus
manos. Lo usa como si fuera suyo. Así, el tesorero del ayuntamiento de
Minatitlán hace cuanto quiere con los recursos federales, los retiene y los
oculta, los desvía y viola la ley. Hay evidencia contundente, con cifras y
detalles, de lo que el señor de los dineros, el cachorro del líder de la
Sección 10 del sindicato petrolero, Jorge Wade González, suele hacer. Será la
historia mejor contada, versión Mina. Mañana los detalles… Primer strike para
la alianza PAN-PRD. Trasciende que de los 14 distritos otorgados al PRD en
Veracruz, el de Coatzacoalcos urbano tendrá candidato perredista. O sea, una sonora
derrota. Si de algo carece el Partido de la Revolución Democrática en
Coatzacoalcos es de militantes con imagen, con prestigio, con estructura y con
trabajo entre el electorado. Lo persiguen sus disputas, la lucha de tribus, la
descalificación, riñas a puño limpio, golpes por debajo de la mesa, desbandada
hacia el PAN, PRI, Morena y PT. Se duelen los panistas de la entrega de la
plaza, a modo para que el PRI, sea con un ilustre desconocido o con Víctor
Rodríguez Gallegos, que no levanta ni levantará, les aplique un sonoro revés.
Entrega la plaza el PAN estatal, acusan en corto. Se venden al PRI, agregan. Y
si la fórmula se repite en los 14 distritos donde el PRD no pinta, Miguel Ángel
Yunes Linares o Juan Bueno torio, el que sea el candidato de la alianza o
Frente Amplio Opositor, está condenado a perder por lo menos medio millón de
votos. Y el PRI, Javier Duarte, el Pato de Tuxpan Alberto Silva, los Yunes
rojos, Erick Lagos y hasta Fidel Herrera Beltrán, felices de ver que la posible
victoria de Yunes Linares al gobierno de Veracruz se aleja y con ello el riesgo
del duartismo de parar en prisión… Que cinco regidores desairen un informe de
labores, que acusen conflicto y manipulación, que repudien que el DIF sea usado
como trampolín político, es presagio de tormenta. En ese escenario se mueve la
titular del DIF en Las Choapas, Gloria Ochoa de Estrada, perredista por fuera,
priista en su interior, que acumula iras y rencores, pues desde el día en que
su esposo, Marco Estrada Montiel, llegó al ayuntamiento de Las Choapas, dio
muestra de su obsesión por el poder. La Señora Presidenta —sus detractores
dicen que sus faldas son las que gobiernan— acude a eventos del PRI, le alza la
mano a candidatos del PRI, inserta parientes en puestos clave del gobierno
municipal y desde el DIF hace campaña porque en su retorcida mente sólo hay
cabida para la próxima diputación local. De ahí el desaire y la condena de
cinco regidores, que acusan broncas con doña Gloria, y quien en respuesta ni
como gesto de educación los invitó. Eso es construir el camino a la derrota del
PRI en el distrito Coatzacoalcos rural…