*El Secretario de Gobernación reconoció hoy que la
fuga de “El Chapo” Guzmán y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
son las dos mayores crisis por las que ha atravesado el Gobierno del Presidente
Enrique Peña Nieto.
México, D.F. | 22 diciembre de 2015
Tribuna Libre.- La fuga de Joaquín
“El Chapo” Guzmán Loera y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa
han sido los dos peores momentos y las mayores crisis durante los tres años de
la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, reconoció hoy el
Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
”[la fuga de ‘El
Chapo’] por supuesto que sí lastimó a nivel internacional. Lo asumimos y por
ello hay que resolver tanto la recaptura como todo el sistema penitenciario que
tenemos, es uno de los dos peores momentos. Otra de las crisis en las que
todavía estamos ahí es en el tema de saber exactamente lo que sucedió el 26 y
27 de septiembre”, expuso Osorio Chong en entrevista con el periodista Joaquín
López Dóriga en Grupo Formula.
Dijo que se pasó
por estas crisis que lastimaron a la sociedad y que el Gobierno federal pagó
muy fuerte. “En el caso Ayotzinapa, nos tocó como gobierno, y el rebote dio al
Gobierno Federal y tuvimos que entrarle, enfrentarlo, ir explicando que habían
sido autoridades, pero autoridades del Gobierno municipal, policías
municipales”, destacó.
El encargado de la
política interna del país, aseguró que el gobierno de Peña Nieto no está
dedicado a inventar historias sino a buscar y saber la verdad sobre los 43
normalistas desaparecidos.
“Que la ciencia
hable, que nos diga si pudieron pasar esos hechos ahí (basurero de Cocula), si
esto no sucedió busquemos la verdad. Si sucedió, aceptémoslo todos, nosotros
sólo estamos siguiendo la investigación a partir de las propias declaraciones
de los más de 100 detenidos que se tienen, no es invento de un trabajador de la
PGR, de un funcionario”, refirió.
Añadió que está
abierta una indagatoria respecto a lo que ocurrió en Iguala y adelantó que el
Gobierno federal desea saber la verdad de los hechos.
El funcionario
federal también habló de la seguridad en Guerrero. Recordó que en la entidad se
practicaron controles de confianza, pero después de tener los resultados no se
liquidó a los uniformados por no contar con los recursos, y menos se separaron
de sus actividades.
“Y entonces las
consecuencias son estos índices que tenemos allá en Guerrero, que los vamos a
superar, estamos trabajando ahora junto con este gobierno para formar una
institución, formar una buena policía, formar una buena procuraduría. Lo que ya
estamos trabajando y que vamos entregar eso como resultado”, explicó en
entrevista.
Al ser cuestionado
acerca de sus intenciones políticas rumbo a 2018, Osorio Chong manifestó que
por el momento está concentrado en la agenda de la Secretaría de Gobernación
(Segob) y que no se distraería en esos temas.
“Hoy en lo
personal sé mis retos, sé la responsabilidad que el Presidente me ha conferido
y tengo retos muy importantes. Es suficiente lo que tengo en la agenda como
para todavía cometer el error de distracciones, yo creo que los resultados son
los que deben hablar siempre”, aseguró.
La madrugada del
viernes 26 de septiembre de 2014 se convirtió en un parteaguas en el sexenio
del Presidente Enrique Peña Nieto. La tragedia ocurrida en el municipio de
Iguala donde normalistas e integrantes del equipo de futbol local “Los
Avispones”, fueron atacados a tiros por policías, dejó al descubierto para el
mundo entero lo que ya se sabía en la prensa local: la complicidad de las
autoridades mexicanas con el crimen organizado.
Ese día, los
jóvenes habían ido a Iguala a recabar fondos para financiar la marcha del 2 de
octubre, en el 46 aniversario de la masacre de estudiantes de Tlatelolco,
México. En al menos cuatro eventos violentos, en Iguala, perdieron la vida seis
personas, entre ellas tres estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos,
25 más resultaron heridas, y 43 sin conocerse su paradero.
Debido a lo grave
del caso, el 4 de octubre la Procuraduría General de la República (PGR) determinó
que existían suficientes elementos para asumir la investigación. Ese mismo mes
se dio por primera vez un móvil: la policía actuó por órdenes del Alcalde de
Iguala, José Luis Abarca Velázquez, socio del cártel Guerreros Unidos, para
impedir que los estudiantes llegaran a un acto de su esposa, María de los
Ángeles Pineda Villa.
El 4 de noviembre
del año pasado, José Luis Abarca y su esposa fueron detenidos en una casa
rentada en la Delegación Iztapalapa, en la Ciudad de México. Tres días después,
Jesús Murillo Karam, entonces titular de la PGR, afirmó en conferencia de
prensa que los detenidos, miembros del cártel Guerreros Unidos, confesaron
haber asesinado y quemado a la mayoría de los 43 estudiantes secuestrados. Al
término de la conferencia de prensa el Procurador expresó la frase: “Muchas
gracias, ya me cansé”, la cual mereció fuerte protesta social.
A pesar de que el
Procurador insistió en que la evidencia indicaba que los normalistas estaban
muertos, anunció que hasta que no concluyeran los trabajos de identificación
–que podrían ser en un laboratorio de Austria– estaban desaparecidos.
Los dichos de
Murillo Karam fueron refutados por científicos de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quienes
el 11 de diciembre del año pasado, desmintieron la hipótesis de la PGR, de que
los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero de
Cocula, Guerrero.
El 27 de enero, la
PGR concluyó que “sin lugar a dudas” los normalistas fueron incinerados en el
basurero de Cocula. Jesús Murillo Karam planteó una vez más, lo que denominó
como “la verdad histórica” sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El 2 de marzo, el
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reúne con los padres de
los 43 normalistas para evaluar las acciones en el caso de los jóvenes
desaparecidos.
Luego de seis
meses de investigación, el informe del GIEI aportó al menos dos nuevas líneas
de investigación que echaron a la basura “la verdad histórica” oficial sobre la
desaparición de 43 normalistas desaparecidos. Una, hay un camión desaparecido
que podría ser clave para conocer el destino de los jóvenes; dos, no existe
evidencia de que fueron quemados en un basurero del municipio de Cocula.
También reveló que
en todo momento, elementos de la Policía Federal (PF), el Ejército y
corporaciones municipales tuvieron conocimiento de la ruta que siguieron los
cinco camiones tomados por los normalistas.
El 16 de
septiembre, la PGR anunció la identificación de los restos de un segundo
estudiante, Jhosivani Guerrero de la Cruz. Los padres rechazan el anuncio. Los
peritos argentinos dicen que los resultados son “no definitorios”.
El pasado 24 de
septiembre, los padres de los normalistas se reunieron con Peña Nieto. Es la
segunda reunión desde que se inició el caso. El Presidente volvió a prometer a
los familiares de los estudiantes que no los dejaría solos y que no se daría
carpetazo al caso.
LA FUGA DE “EL CHAPO”
El 11 de julio
Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, considerado el
narcotraficante más poderoso del mundo, se fugó, por segunda vez, de una cárcel
de máxima seguridad. En esta ocasión fue del penal El Altiplano, ubicado en el
municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, a través de un túnel
de 1.5 kilómetros de largo que iba de la regadera de su celda a una casa en
construcción en la colonia Santa Juanita, ubicado al suroeste de la instalación
penitenciaria.
La noticia fue
difundida ese mismo día por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a través de
un breve boletín. De inmediato se desplegó un operativo de localización en la
zona y se extendió a las estados vecinos. También se suspendieron las
operaciones aéreas en el aeropuerto de Toluca.
En las primeras
horas del día siguiente, el Comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro
Rubido García, adelantó algunos detalles de la fuga en una conferencia de
prensa. Por ejemplo, explicó que se encontró un hueco en el área de la regadera
de su celda de 50 por 50 centímetros, donde se halló un conducto vertical de 10
metros de profundidad habilitado con una escalera, que conducía a un túnel.
Guzmán Loera ya se
había fugado el 19 de enero de 2001 de una cárcel de máxima seguridad, el penal
de Puente Grande, en Jalisco, durante el sexenio de Vicente Fox Quesada, del
Partido Acción Nacional (PAN).
El 22 de febrero
de 2014, 13 años después de su primer escape, “El Chapo” fue detenido en un
hotel en Mazatlán, Sinaloa. Su captura fue celebrada por gobiernos extranjeros
y prensa internacional, que calificaron el hecho como “el más grande logro” que
ha alcanzado un Gobierno mexicano en materia de seguridad.
Ese mismo año,
durante una entrevista para la cadena estadounidense Univisión, Peña Nieto
celebró la captura y aseguró que “sería imperdonable” que Guzmán Loera se
volviera a escapar. Hoy, “El Chapo” está otra vez prófugo.
Esta nueva fuga
del hombre nacido en Badiraguato, Sinaloa, se dio en el marco de una visita de
Estado del Presidente Peña Nieto a Francia, en la que lo acompañó gran parte de
su gabinete. Tras darse a conocer la noticia, políticos, intelectuales y hasta
empresarios solicitaron al Presidente agilizar las investigaciones para
recapturar al capo y le exigieron cancelar su gira ante la gravedad del asunto.
Pero el Presidente
se quedó en Francia. En un mensaje de siete minutos desde el país galo dijo que
no interrumpiría su gira, aunque aseguró que la fuga del narcotraficante era
una “afrenta para el Estado mexicano” y dijo que había instruido al titular de
la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, para que sea
capturado lo antes posible.
El escape de “El
Chapo” alertó a los países vecinos del sur. Los gobiernos de Guatemala, El
Salvador y Honduras, reforzaron sus controles de seguridad fronterizos con
México para evitar el ingreso del narcotraficante, quien fue capturado por
primera vez en Guatemala, en 1993 y entregado a las autoridades mexicanas.
En tanto, la
Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en
inglés) lanzó, primero, una alerta internacional por la fuga del jefe del
cártel de Sinaloa y después emitió ficha roja para la localización y detención
de Joaquín “El Chapo” Guzmán en más de 190 países.
El lunes por la
noche, 48 horas después de la fuga del capo, Osorio Chong ofreció una
conferencia de prensa donde explicó que la celda de “El Chapo” tenía video
vigilancia las 24 horas del día y que por razones de derechos humanos, tenía
dos puntos ciegos. Añadió que el narcotraficante usaba un brazalete electrónico
para su ubicación, el cual no contaba con sistema de localización satelital.
En tanto, la
titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González,
ofreció una recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien o quienes
proporcionen información que lleve a la captura de “El Chapo”. Precisó que
fueron cesados tres funcionarios del penal de El Altiplano, entre ellos, el
director Valentín Cárdenas Lerma.
No pasaron ni 24
horas para que algunas de estas afirmaciones fueran desmentidas por
instituciones formales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
Amnistía Internacional (AI). La crítica también vino de la prensa extranjera, que
no escatimó en atribuir este hecho a la corrupción, la impunidad y la
incapacidad del gobierno mexicano.
Pero al Gobierno
federal no le bastó y en una segunda conferencia, ahora para revelar los videos
de la celda de “El Chapo”, el Comisionado Nacional de Seguridad agregó nuevas
dudas sobre la versión oficial de la fuga.
Por ejemplo, en
las imágenes se ve a Joaquín Guzmán con cabello, cuando en las fotos que
difundió la PGR estaba a rapa. Además, en una de las esquinas se alcanza a
observar la pantalla de lo que podría ser una tablet, lo que sugiere que
tendría conexión de internet, algo prohibido en los penales. (SinEmbargo)